Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

El caso de Huamuxtitlán o el fracaso de la política de seguridad pública

La ira desbordada de la población de Huamuxti-tlán contra los policías ministeriales, la policía municipal y el presidente interino nos muestra el grado de descomposición en que se encuentran varios ayuntamientos. Lo más sombrío de las presidencias municipales son sus direcciones de Seguridad Pública y las mazmorras donde se denigra la dignidad de las y los jóvenes. Las famosas barandillas no son más que centros especializados para la extorsión y los lugares donde se hace escarnio de los detenidos, por parte de los periódicos amarillistas. En estos espacios lúgubres impregnados por el olor de los orines, se consuman violaciones sexuales contra menores de edad, se somete a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes,  se practica la tortura y como pago final de todas estas acciones delincuenciales, cualquier detenido tiene que pagar una multa acorde con el capricho del director o del comandante.
El perfil de la Policía municipal preventiva carece de los estándares mínimos que deben tener quienes se ostentan como protectores de la sociedad. Su formación académica es muy precaria; el nivel de capacitación es nulo; el uso proporcionado de la fuerza es un tema desconocido; el principio de la transparencia y rendición de cuentas forman parte del lenguaje etéreo, totalmente ajeno al hervidero de la corrupción que impera en estos grupos. Sus actuaciones responden más a intereses partidistas impuestos por el presidente o la presidenta municipal. Están muy lejos de que tengan  una perspectiva de derechos humanos y padecen graves deficiencias en el ámbito técnico y organizativo. No cuentan con suficientes recursos financieros, equipo, infraestructura y  vehículos. Tampoco existen controles internos.
La precariedad de los policías es la regla de oro de los gobiernos caciquiles quienes de forma deliberada y perversa los orillan a delinquir, para que puedan comprarse sus uniformes, sus botas, las municiones para sus armas y para juntar la cuota semanal que les piden sus jefes. El entramado institucional tiene como correa de transmisión la práctica sistemática de la corrupción. El motor que le da fuerza y movimiento a las corporaciones policiacas es la mordida infringida los ciudadanos. La obsolescencia con la que se mueve la Policía municipal es la expresión de las posturas arcaicas y autoritarias con que actúan las autoridades municipales. La conciencia real de la mayoría de estos policías es que su trabajo se lo deben única y exclusivamente a su patrón, por lo mismo entienden que su función principal es andar cuidando al patrón, a quien también le encanta la ostentosidad y el exhibicionismo. Se ha vuelto una regla no escrita que los policías municipales están para atender los caprichos de sus presidentes. Usan sus armas para amedrentar a cualquier ciudadano y actuando con gran prepotencia que raya en el ridículo.
Los ciudadanos y ciudadanas nos hemos acostumbrado a esta forma de actuar de la policía y hemos tenido que soportar todo tipo de abusos y complicidades, por el simple hecho de que tienen las armas en sus manos. Son las armas que portan y no las leyes que nos rigen, lo que hace del policía un personaje siniestro que infunde temor y desconfianza.
El desbordamiento de la ira ciudadana en la cabecera municipal de Huamuxtitlán, el pasado 2 de junio, es el resultado de la acumulación de agravios y la incubación que se gestó desde hace más de 6 años, cuando la población empezó a detectar la colusión que se estaba dando entre los mandos de la policía municipal y los grupos de la delincuencia común y organizada que operaban en la cabecera municipal y comunidades aledañas. Desde agosto de 2006 varios ciudadanos que habían sido víctimas de robo se atrevieron a interponer denuncias señalando a los responsables de estos atracos. Con la detención de algunos miembros de una banda que operaba en Huamuxtitlán confesaron que contaban con el apoyo y el respaldo de la Policía municipal. En este tiempo se suscitaron muchos robos a casas habitación sin que las autoridades municipales lograran dar con los cabecillas que estaban bien identificados por la gente.
Un caso que causó indignación entre la población huamuxteca, fue el de un padre de familia que cuenta con un taller mecánico en su casa y que fue detenido sin orden de aprehensión y golpeado salvajemente por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la comandancia de Tlapa. Con el pretexto de que en su casa se encontraban vehículos robados entraron al domicilio y detuvieron al dueño del taller. Por oponer resistencia y negarse a la revisión de los vehículos, lo agarraron del cuello mientras otros policías lo golpeaban en su espalda con sus armas. El padre del detenido, de 86 años de edad, se vio obligado a abrazar a su hijo para evitar que lo siguieran golpeando. Aún así lo jalaron para sacarlo de su casa y seguirlo golpeando en la cara, abriéndole las 2 cejas. Lo esposaron y lo subieron a una camioneta. Ante esta grave situación, los familiares pidieron ayuda a los vecinos quienes de inmediato se reunieron para ir en busca del familiar detenido. Los policías ministeriales al ver que la gente se dirigía al crucero de Conhuaxo, donde ellos se encontraban, decidieron soltarlo. Ante este vil atropello, la familia junto con varios vecinos, vieron la necesidad de organizarse para vigilar su domicilio, porque existían fundados temores de sufrir una agresión más por parte de los policías ministeriales.
La preocupación de la población ya no solo era contra los grupos de la delincuencia local y regional, sino más bien empezó a crecer el temor y el malestar por la forma de actuar de las policías municipal y ministerial. Fue en ese año en que la gente sintió la necesidad de asumir un rol más proactivo en la vigilancia de sus domicilios para contener los actos delincuenciales. Ante la desconfianza creciente hacia la Policía municipal, un grupo de ciudadanos valoró que era necesario crear un consejo ciudadano abocado a trabajar  en un modelo de seguridad ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos. El trabajo del Monitor Civil de la Policía, en coordinación con Tlachinollan y el acompañamiento de Insyde y Fundar, jugó un papel importante en la construcción de una propuesta centrada en la prevención del delito. Con el apoyo de expertos en estos temas se elaboró un diagnóstico sobre la situación de la inseguridad, que ayudó mucho para que los miembros del consejo tuviera una radiografía más certera sobre los puntos de riesgo. Empezaron a conocer mejor su ciudad y hacer trabajos exploratorios sobre el modus operandi de los grupos de la delincuencia y la forma en cómo actuaban las corporaciones policiacas.
Ante este panorama, un sector del consejo ciudadano se vio obligado a dar un salto cualitativo en cuanto a la necesidad de asumir un papel más proactivo en la contención de la delincuencia. Asumieron la responsabilidad de implementar rondines nocturnos con el apoyo de voluntarios que se armaron de valor para recorrer las calles portando algunos rifles prestados por la misma población. Fue en los primeros días del mes de noviembre de 2011 cuando se crea el Frente Ciudadano de Huamuxtitlán, con el fin expreso de velar por la seguridad de la población, cargando con las consecuencias que esto implicaría frente a las autoridades municipales. Mientras la gente se organizaba, de manera paralela la delincuencia organizada  crecía y sentaba sus reales en el municipio de Huamuxtitlán y en el corredor que va a Cualac a Olinalá, para salir al municipio de Huitzuco, ubicado en la zona norte del estado. Este mismo corredor se ha extendido hacia la parte oriente en dirección hacia Xochihuehuetlán y Tulcingo del Valle, Puebla.
Fue en estos tramos carreteros donde se suscitaron muchos robos de automóviles de lujo por parte de grupos de la delincuencia organizada apostados en la cabecera municipal, quienes empezaron a tomar el control de esta vía con la complicidad de las corporaciones policiacas en cuestión. Los últimos 4 meses del 2010 fue de los más críticos por los secuestros y asesinatos a taxistas, en cuyos actos delincuenciales se descubrió el involucramiento de algunos elementos de la Policía Ministerial. Esto dio pie para que la población reaccionara con gran fuerza, obligando la salida temporal de esta  policía. A pesar de todo este malestar ciudadano, la autoridad municipal y la misma Procuraduría de Justicia minimizaron estos hechos en la medida en que no representaban ningún costo político.
Siempre se trató con desprecio al consejo ciudadano. Cuando realizaron más de 400 encuestas en la cabecera, los líderes  empezaron a sufrir  amenazas por el trabajo que estaban haciendo. Una de las preguntas de esta encuesta se refería a si en sus barrios existían grupos delincuenciales, y la sorpresa fue que 150 personas encuestadas dijeron que en sus barrios se encontraban asentados algunos de estos grupos.
En el acta constitutiva del consejo ciudadano se narra un sinnúmero de hechos delincuenciales que son la razón de su existencia. El consejo veía venir una acción más contundente y agresiva de los grupos de la delincuencia, sin embargo no la pudieron evitar porque es imposible lograrlo cuando las corporaciones policiacas encargadas de prevenir los delitos, son parte del problema de la inseguridad. La ciudadanía se negó en todo momento a ser rehén de la delincuencia y ser víctima  de los negocios turbios de las policías municipal y ministerial. Tuvieron la decisión y el valor para enfrenarse a los poderes fácticos y llegar al extremo de detener e infligir castigos a los funcionarios, quienes de manera irresponsable dejaron crecer un problema mayor que ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de la población.
Es lamentable que ante este conflicto las autoridades municipales y los partidos políticos se quieran poner por encima de los intereses de la sociedad en su conjunto. Es una insensatez presentar a los partidos políticos y sus candidatos como las principales víctimas de estos hechos delincuenciales, pisoteando los derechos de una población agraviada que ha sufrido asesinatos, secuestros, asaltos, robos, amenazas, extorsiones y un ambiente enrarecido por la violencia y la inseguridad.
El problema de la inseguridad no puede tomarse como una bandera política. Los partidos políticos y sus candidatos deben actuar con mayor responsabilidad, porque quienes nos han gobernado han tenido la oportunidad de combatir a fondo a la delincuencia, sin embargo, por la vía de los hechos se han transformado en sus cómplices.
Los acontecimientos de Huamuxtitlán condensan con toda su crudeza el fracaso de las políticas sobre seguridad pública implementadas por los tres niveles de gobierno. El juicio de los ciudadanos es contundente e implacable. Los candidatos o candidatas a un cargo de elección popular no pueden despreciar ni ignorar los sabios y valerosos aportes de una sociedad que se empondera. Tienen como imperativo respetar, atender, solidarizarse y obedecer el mandato de quienes tiene el poder no solo del voto, sino de transformar estas estructuras obsoletas y corruptas.