El Estado delincuencial sumerge en la violencia a Guerrero, denuncia Tlachinollan en Nueva York

*Es grave, “estamos ante un régimen autoritario donde la fuerza represiva del Estado impone su ley”, dice Abel Barrera de los señalamientos de que pertenece a la guerrilla. De la ONU, Samantha Power exige respeto a los defensores de derechos humanos

Jacob Morales Antonio

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández habló de la masacre de Iguala y la desaparición de 43 (hoy 42) estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la entrega anual de galardones del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, en Nueva York, donde manifestó que “la consolidación de un Estado delincuencial” está sumergiendo “en el pantano de la violencia” a Guerrero.
El defensor de derechos humanos galardonado por esa organización en el 2010, en consulta telefónica informó que el martes se reunió con la embajadora y un representante permanente de Estados Unidos ante la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), Samantha Power denunció al gobierno mexicano por la violación de los tratados y convenios internacionales de derecho humanos, y exigió respeto a los defensores.
También demandó la urgencia de evaluar el Plan Mérida que financia capacitación a policías y la adquisición de armamento “porque los resultados son contradictorios”, pues persiste la violación de los derechos humanos y operan elementos no confiables.
De la filtración de información del gobierno de México que lo vincula con la guerrilla, manifestó que es una campaña constante del Estado, que ha sido utilizado cada vez que se documenta y se está en condiciones de probar las graves violaciones de derechos humanos que suceden, y recordó que desde hace 20 años lo padecen.
Consideró que es grave “porque estamos ante un régimen autoritario, donde la fuerza represiva del Estado impone su ley de amenazar y denigrar”.
En el acto de la noche del martes fue galardonada la ex secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, estuvo el alcalde de la ciudad Bill De Blasio y la presidenta de la organización Kerry Kennedy (hija de Robert).
La intervención del guerrerense se dio en el marco de los 20 años de Tlachinollan en el estado, habló de la difícil situación que atraviesan los defensores de derecho humanos “plagado de riesgos y amenazas”.
Señaló que “nuca hemos perdido la esperanza de que un día florezca la justicia en la Montaña, sin embargo, la consolidación de un Estado delincuencial en diversas zonas del estado nos ha sumergido en el pantano de la violencia”. Así lo destacó en su discurso disponible en el portal electrónico de la organización estadunidense.
Consultado sobre su participación, Barrera Hernández abundó que expresó que el gobierno de México no ha mostrado capacidad en la investigación, que presenta inconsistencias y no hay resultados de la localización de los 42 estudiantes aún desaparecidos por policías en Iguala.
Además de la “crisis” que atraviesa el país en derechos humanos, abundó, se sufre la falta de justicia, la violencia y la colusión de los tres órdenes de gobierno con el crimen organizado.
Afirmó que los ataques en Iguala no son aislados porque en el país hay más de 22 mil desaparecidos que han encontrado cause en la exigencia de los padres de los estudiantes desaparecidos.
Barrera Hernández denunció que el gobierno ha tratado de aislar la crisis que se vive, porque se niega a verlo como un problema estructural del Estado, que lo ve como un asunto de delincuentes “encubriendo a los violadores de la justicia” y sigue tratando a las víctimas como manipulables, resaltando la falta de respeto de los afectados, que no se traducen en investigaciones claras y resultados tangibles, en referencia a las declaraciones del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón.
Barrera Hernández señaló que la organización Kennedy manifestó su preocupación por los hechos acontecidos en el país, la detención-desaparición en Iguala y el trato a los defensores de los derechos humanos.
“Hay una preocupación del riesgo de los defensores de los derechos humanos y su indefensión”, expuso, y abundó que la organización ha cuestionado el Plan Mérida, que no resuelve los problemas, “y está generando una mayor justificación a políticas represivas que violan los derechos humanos”.

El gobierno trata de desprestigiar a los defensores

Sobre las filtraciones del gobierno de México a diferentes medios donde lo incriminan a él, a líderes sociales y dirigentes sindicales con la guerrilla, manifestó que es una campaña que el gobierno utiliza como “criminalización sistemática para doblegar, paralizar, generar terror y sobre todo crear imagen negativa de nuestro trabajo”.
Demandó que se garantice la seguridad de los defensores ante la campaña de descrédito del Estado.
Recordó que desde hace 20 años cuando comenzaron a trabajar con indígenas chiapanecos y llegaron a la montaña del estado se les vinculó con grupos guerrilleros.
“Son campañas recurrentes que se van documentando” y mencionó lo ocurrido hace 18 años en contra el maestro Magencio Abad Zeferino, detenido por militares acusado de haber recibido propaganda del Ejército Popular Revolucionario (EPR), por lo tanto, considerado miembro de esa organización. Fue torturado por los soldados.
Recordó los casos de Valentina Rosendo Cantú, la dirigente de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán, Juventina Villa Mojica y los normalistas asesinados en el 2011.
“Cada vez que se documenta un caso y está en condiciones de probar el caso se desata una campaña, eso es grave porque estamos frente a un régimen autoritario, donde la fuerza represiva del Estado impone su ley, de amenazar y denigrar”, denunció.
Barrera Hernández dijo que han sido tan graves las amenazas del Estado que tras asumir la defensa de cinco indígenas me’phaa acusados del asesinato de un presunto informante del Ejército mexicano en enero de 2008, Tlachinollan cerró sus oficinas durante el 2009 en el municipio de Ayutla, luego que sus miembros enfrentaran un clima de intimidación, amenazas de muerte y persecución. Ese año la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales para garantizar su trabajo e integridad.
Reiteró, “hay un alto riesgo para el trabajo de los defensores, no hay garantías, en la práctica, en los hechos se sigue trivializando y denigrando nuestros trabajo, a pesar de las leyes y los convenios”.
Manifestó que quienes conocen a Tlachinollan y su trabajo saben quiénes son y dijo que tienen el respaldo de organizaciones de derechos humanos y embajadas de Europa y Estados Unidos, con los que han trabajado.
Adelantó que no entrarán en disputas mediáticas con el gobierno por las filtraciones que ha hecho.