Debaten CETEG, Iglesia y la Coparmex sobre el caso Iguala en auditorio de la UAG

*Para lograr la paz primero debe haber justicia, dijo el sacerdote Jesús Mendoza. Urge un proyecto para cambios de fondo al sistema, planteó dirigente magisterial. Respetar la ley en las manifestaciones, demanda líder empresarial

Daniel Velázquez

Representantes de la coordinadora magisterial, de la Iglesia católica y de la Coparmex, analizaron desde su perspectiva la situación actual de Guerrero la noche del martes en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAG.
Allí el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza dijo que para lograr la paz primero debe haber justicia.
El representante de la CETEG Manuel Salvador Rosas Zúñiga dijo que urge elaborar “un proyecto para alcanzar cambios de fondo y no de forma de nuestro sistema que está muy mal”.
Mientras que el presidente del sindicato patronal en Acapulco, Jesús Badillo, demandó al movimiento en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa que sus manifestaciones se hagan dentro de la ley.
En el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAG, los tres a participar en el foro “Guerrero y la crisis actual, primer diálogo”, organizado por el colectivo Diálogo y Ciudadanía, formado sobre todo por universitaros, y la asociación Decididos a Servir y al que asistieron unas 60 personas.
La moderadora, Kenia Hernández Mondragón, explicó a los invitados que tenían hasta 15 minutos.

“No podemos salir de esta crisis mientras sigan mintiendo”

En representación de la CETEG asistió el profesor Manuel Salvador Rosas Zúñiga, quien señaló que la crisis que se derivó de la desaparición de los 43 normalistas no es de Guerrero, sino de todo el país.
Criticó que el gobierno federal no llame a las cosas por su nombre y se niegue a reconocer que fue un crimen de Estado el asesinato de seis personas en Iguala la noche del 26 de septiembre y la desaparición de 43 estudiantes, porque así no se podrá llegar a la verdad.
Acusó al gobierno federal y estatal de “omisión y comisión” de lo ocurrido en Iguala, y de difundir “mentiras”, como decir que los cuerpos encontrados en ese municipio pertenecían a los estudiantes, que el Ejército y la Policía Federal desconocían lo que sucedía esa noche en Iguala, porque la revista Proceso acreditó que sí tuvieron conocimiento de la llegada de los normalistas y la versión de que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula misma que fue desmentida en días pasados por científicos de la UNAM y la UAM.
Rosas Zúñiga dijo que esas mentiras muestran la “complicidad” de las autoridades con quienes cometieron la agresión a los normalistas y fueron facilitadores de esos delitos.
“No podemos salir de esta crisis mientras sigan mintiendo”, expresó.
El profesor de la CETEG también señaló que la crisis turística que vive Acapulco no es responsabilidad de los maestros y preguntó hace cuánto tiempo en el municipio ocurren decapitaciones, secuestros, asesinatos, robos “y no fuimos los maestros”.
Señaló que el “único responsable” es el Estado por que no ha tenido la capacidad de controlar a la delincuencia y paradójicamente “la delincuencia ahora nos gobierna”.
Comparó cómo en los municipios donde opera la Policía Ciudadana o la Policía Comunitaria como San Luis Acatlán y Ayutla no hay problemas de inseguridad “porque los que imparten justicia son ciudadanos dignos, electos de manera honorable”.
Rosas Zúñiga dijo que la ley debe aplicarse a los responsables materiales e intelectuales del ataque a los normalistas.

Privilegiar el respeto al derecho ajeno

En su turno, el presidente de la Coparmex de Acapulco, Joaquín Badillo Escamilla, dijo que “no deben de pagar justos por pecadores” y planteó “manifestaciones que no rompan el Estado de derecho, que no estén por encima de la ley”.
Dijo que los ciudadanos que circulan por las carreteras y encuentran un bloqueo exponen a que el vehículo en el que viajan, “por el que pagó mucho”, lo rayen y dijo que “no se vale” que les quiten los productos a los automóviles repartidores que transitan por las carreteras ni que bloqueen la autopista.
Pidió que se transite por una ruta de paz y armonía en la que “se privilegie el respeto al derecho ajeno” y propuso pasar a la etapa de la reconciliación.
Badillo Escamilla dijo que los ciudadanos no están en contra de las manifestaciones, porque la causa es inobjetable, y les dijo que es “comprensible” y “aceptable” la crisis que vive el estado por lo ocurrido en Iguala, lo que describió como “una película de cosas inimaginables”.
Dijo que él está “unido y hermanado, en cuerpo, alma y corazón como ciudadano, como padre de familia.
Criticó a los partidos políticos y dijo que “la política es algo tan importante que no se puede dejar en manos de los políticos”.

Crisis que “se cocinó” hace décadas

El sacerdote de la parroquia de San Nicolás de Bari y representante de la Pastoral Social, Jesús Mendoza Zaragoza, dijo que la crisis que vive el estado no es producto de lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre, sino que “se cocinó” hace décadas al permitir la siembra de enervantes en la sierra y la proliferación de las narcotienditas, pero estalló en Guerrero y ahora es un asunto de carácter nacional.
Indicó que se trata de una “crisis humanitaria inaguantable” por los desaparecidos, que se hizo “visible” después del 26 de septiembre y se convirtió en una crisis política.
Planteó que no basta con cambiar al presidente Enrique Peña Nieto, sino que debe haber un cambio completo del sistema.
Mendoza Zaragoza dijo que la justicia es un elemento básico para lograr la paz.
Opinó que lo ocurrido en Iguala debe ser una oportunidad porque el sistema político del país necesita una transformación de fondo, porque el modelo económico, el neoliberalismo, no da para más y el sistema político responde a sectores privilegiados y “en las últimas décadas” al crimen organizado.
Celebró que la crisis haya despertado a los jóvenes pero dijo que ese entusiasmo debe mantenerse vivo.
Dijo que se debe pugnar por una verdadera democracia, no la simulada que se vive actualmente donde los gobernantes no son electos por los ciudadanos sino por un “cártel”, y para ello se debe fortalecer a la sociedad civil “para que el gobierno haga lo que el pueblo necesita”.
Indicó que hay estimaciones de que el 15 por ciento de la población vive de la economía negra, es decir sus ingresos los obtiene por los ilícitos que comete como secuestros, extorsiones, y hay otra estimación de que el 70 por ciento de la economía está infiltrada por la delincuencia.
Dijo que es necesario atender a las víctimas de la violencia y preguntó qué sucederá con la siguiente generación que estará llena de miedo y de rabia.
Indicó que de acuerdo a su experiencia, de cien víctimas del delito sólo dos se atreven a denunciar y los demás tienen miedo y se sienten expuestos si van a denunciar.

Lo sucedido el domingo

A pregunta de uno de los asistentes sobre la camioneta que arrolló a manifestantes, policías y reporteros el domingo pasado, cuando se dio el zafarrancho en Chilpancingo, Rosas Zúñiga dijo que ese vehículo salió de donde estaban los policías federales y arrolló a un padre de familia de los 42 desaparecidos y a un estudiante de la normal.
Reiteró que al conductor de la camioneta no lo pudieron detener porque iba armado y el corte de su cabello era “tipo militar”.
Dijo que los maestros quemaron patrullas el domingo porque los federales andaban borrachos, “yo ahí estuve, y el comandante de la Policía Federal Espartaco apestaba a alcohol”.
A pregunta del ex presidente del PRD municipal Martín Hernández, de que si la CETEG no puede hacer movilizaciones pacíficas, porque con acciones violentas difícilmente se sumará la población, Rosas Zúñiga dijo que la organización ha hecho marchas pacíficas en Acapulco, y reiteró que en Iguala ellos no incendiaron el ayuntamiento sino que fue un grupo de motociclistas contratado por el gobierno para que hicieran destrozos porque no pudieron infundir miedo en los ciudadanos.
También dijo que el incendio del locales en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla de Chilpancingo es otro ejemplo de cómo el gobierno busca confrontar a los maestros con los ciudadanos.
En las participaciones, al presidente de la Coparmex le dijeron que usa doble discurso y le preguntaron por las prestaciones salariales que da a sus empleados, y a la CETEG por las movilizaciones violentas.
Jorge Luis Terrones dijo al cetegistaque no se peleen con los ciudadanos para que no se queden solos como les pasó en las protestas contra la reforma educativa.
Delia Figueroa pidió al presidente de la Coparmex que los empresarios exijan al gobierno que haga justicia y que diga la verdad de dónde están los jóvenes desaparecidos.