Acordó Aguirre liberar a los presos de la CRAC antes de este diciembre, según fuentes oficiales

Antes del 26 de septiembre el gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió con familiares e interlocutores de los presos políticos de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a ponerlos en libertad antes de diciembre de este año, y se preparaba su traslado a un penal de la ciudad de México que no se concretó.
Fuentes oficiales mencionaron que en septiembre se mencionaba que los detenidos en penales de máxima seguridad como la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá Nestora Salgado García, el promotor de la CRAC Gonzalo Molina González, el asesor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, Marco Antonio Suástegui, serían trasladados a un penal en el Distrito Federal.
Se explicó que ahí familiares y abogados podrían visitarlos incluso a diario, porque las medidas de ingreso son más flexibles, como en los penales de Guerrero.
La fuente reveló que Aguirre Rivero, quien fue defenestrado por la masacre y desaparición de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, les dijo que no quería cerrar mal con las organizaciones la administración, y los representantes de los presos político se reunieron con el asesor especial del Ejecutivo, su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez, para resolver ese problema.
Además señaló que se estableció con abogados del gobierno del estado el procedimiento legal para ponerlos en libertad. Es decir, se planteó en la sentencia de un juez de Distrito que anuló el auto de formal prisión por secuestro que se le imputó a Nestora Salgado.
En su sentencia, el juez determinó que la coordinadora regional de la CRAC-PC de Olinalá actuó conforme a las normas del sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria que avala la Ley 701, el artículo segundo de la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Por lo tanto no se configuraba el delito de secuestro, de lo que se acusa a la mayoría de los 11detyenidos  de la Policía Comunitaria, detenidos en el 2012. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).