Tras el pago de los predios expropiados la Corte retira el caso del desacato de Aguirre

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Luego de que el gobierno del estado pagó 55 millones 252 mil 46 pesos de indemnización por la expropiación de terrenos en Punta Diamante, decretada en 1987 en Acapulco, el asunto sobre la inejecución de sentencia fue retirado ayer de la lista de discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que para evitar ser destituido y consignado penalmente por orden de la SCJN, por desacato, el gobernador Angel Aguirre Rivero envió el miércoles a sus representantes a realizar el  pago por la indemnización de expropiación de los predios El Cerro de las Minas y Loma del Varadero de la Charra, ubicados en la zona exclusiva  de Punta  Diamante.
Lo anterior, luego de que el martes un ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, presentó al pleno un proyecto de sentencia en que proponía destituir y consignar penalmente por el delito de abuso de autoridad al gobernador Angel Aguirre Rivero, por incumplir una sentencia de amparo que lo obligaba a indemnizar a dueños de terrenos de Punta Diamante, expropiados por el extinto gobernador priista José Francisco Ruiz Massieu en su primer año de gobierno, en 1987.
La sentencia había sido resuelta a favor del propietario, Ricardo del Valle Rivera y otros, que fue obviado por los gobernadores, el priista René Juárez Cisneros y el perredista Zeferino Torreblanca Galindo.
Este jueves, a través de un comunicado, el gobierno del estado dio cuenta de la decisión del pleno de la SCJN, que conoció el proveído dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el que se indica que “el gobierno de Guerrero cubrió las indemnizaciones por expropiaciones en terrenos de Punta Diamante, en el Puerto de Acapulco”, por lo que el asunto sobre la inejecución de sentencia fue retirado de la lista de discusión del alto tribunal.
En la sesión plenaria de este jueves, el secretario general de acuerdos informó que el juez en mención reportó que el apoderado de Promotora Turística de Guerrero, organismo público descentralizado del gobierno de esta entidad, exhibió un cheque por 55 millones 252 mil 446 pesos, en cumplimiento al juicio de amparo 415/199.
Así que el pleno de la SCJN resolvió dar vista a los quejosos, “para que en un plazo de tres días, a partir de que surta efecto la notificación, manifiesten lo que a su interés convenga”, en el entendido de que en el juzgado señalado está el cheque de las indemnizaciones.
Los ministros resolvieron que una vez que fenezca ese plazo se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obren en ese expediente, por la expropiación de los predios.