Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

El Estado contra los padres

*Las acciones más recientes indican que el gobierno federal ha radicalizado su postura de cerrazón frente a las voces que demandan justicia y cuestionan la versión oficial sobre lo que ocurrió en Iguala. El Estado protege al Estado. Pero no parece que en un mundo sin fronteras vaya a prosperar esa estrategia.

“¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno cuando acontecían estos deleznables episodios?”, se preguntó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, durante un discurso que pronunció el 12 de diciembre en presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Se refería a la noche del 26 de septiembre, cuando los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por la policía municipal de Iguala presuntamente en complicidad con miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.
De acuerdo con el reportaje que publicó la revista Proceso y compartió El Sur la semana pasada, lo que hicieron esas autoridades, del gobierno federal y del estatal, fue seguir paso a paso lo que hacían los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa para trasladarse a Iguala la tarde de aquel día, y una vez desatado el ataque participaron en el mismo, o lo consintieron, o se mantuvieron indiferentes.
En todo caso, la Policía Federal y el Ejército supieron –mediante el sistema C4, que permite la coordinación de todas las instancias de seguridad– lo que sucedía, en el momento en que sucedía, y tan sólo eso implica la existencia de una responsabilidad muy clara en los acontecimientos. Aun si no pudiera probarse todavía el peor de los escenarios –que esas autoridades a las que competía brindar protección a los estudiantes fueron las que dispararon–, con las evidencias proporcionadas por el reportaje de Proceso, documentos oficiales, videos y testimonios, es visible que en los hechos hubo complicidad de la Policía Federal y de efectivos del 27 Batallón de Infantería.
El secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, dijo el 13 de noviembre en una reunión con diputados federales que el 27 Batallón de Infantería no había tenido ninguna intervención en los hechos y que fue informado después de ocurrido todo. Por su parte, el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, en respuesta a las indagaciones periodísticas sostuvo que la corporación no intervino en el ataque pero sí estuvo enterada de los pasos de los estudiantes en Iguala y de que estaban siendo atacados (La Jornada, 16 de diciembre de 2014). El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, secundó a Galindo Ceballos y afirmó que el hecho de que agentes de la Policía Federal hayan estado al tanto de todo “no implica que hayan participado de ninguna manera” en el ataque.
En una escueta respuesta enviada a la revista Proceso por el reportaje de hace ocho días, y que ayer pudo ser leída en este diario, Murillo Karam es enfático y concluyente en la exoneración de la Policía Federal y del Ejército: “Ninguno de estos elementos arroja indicios de que miembros de la Policía Federal o del Ejército Mexicano hayan participado en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero”. Pero esa conclusión no está sustentada en ninguna investigación, porque ni el Ejército ni la Policía Federal han sido investigados por su actuación aquella noche, pese a que los padres de los normalistas lo han exigido al gobierno federal.
A juzgar por las reacciones oficiales ante la revelación de los comprometedores datos ofrecidos por Proceso, el gobierno federal pretende que la pregunta lanzada por el presidente de la CNDH quede sin respuesta. Pero González Pérez dijo más en la ceremonia en la que Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos de 2014. Por ejemplo: “Los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya, no son producto de una generación espontánea. Las condiciones que los propiciaron se gestaron paulatinamente desde hace tiempo”. Por tanto, “es imperativo atender el tema de la impunidad, que es el mayor flagelo que debemos erradicar; impunidad que alienta a los transgresores de la ley, mina la confianza en las instituciones, atropella el ordenamiento jurídico vigente y humilla a las víctimas”. En consecuencia, “no hay manera de recuperar la engañosa normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlataya, porque era anómala, estaba asentada en parte en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas”.
La ruta legal que describió el presidente de la CNDH, que recoge el espíritu de la protesta nacional encabezada por los padres de los normalistas y exige un compromiso con la aplicación de la ley y la justicia, es precisamente la que está dejando de lado el gobierno de Peña Nieto para preservar el “estado de cosas” que produjo la matanza y desaparición de los jóvenes. Por ello ofreció el 7 de noviembre la versión de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, motivo por el cual ya no hay nada más que hacer sino enjuiciar al ex alcalde de Iguala y su esposa como los responsables de mayor rango político involucrados en el caso, a los policías municipales y a los sicarios de Guerreros Unidos.
Es peor todavía, porque las acciones más recientes de las autoridades federales indican que se ha radicalizado su postura de cerrazón frente a las voces que demandan justicia y cuestionan la versión oficial. Los amagos tácitos o directos de los secretarios de la Defensa y de la Marina contra las movilizaciones de los padres, la campaña de desprestigio contra el movimiento y la provocación de la Policía Federal puesta en operación el domingo 14 en Chilpancingo, dejan al desnudo el propósito de cerrar el caso a toda costa, ocultar la participación de soldados y policías federales en los hechos y salvar la imagen del gobierno de Peña Nieto, objeto este último que se halla en el origen de la actitud gubernamental. Se advierte en todo ello la intención de imponer una maniobra en nombre de la razón de Estado. Justamente eso contra lo que advirtió el presidente de la CNDH. Es decir, el Estado protege al Estado. Pero no parece que entrado el siglo XXI y en un mundo sin fronteras, un acto de tal fuerza sea posible.