Desinterés oficial y conveniencia política evitaron atender los problemas de Ayotzinapa, afirma un ex director

*Humberto Santos asegura que se adoptaría un proyecto educativo atendiendo las recomendaciones de la CNDH por las dos ejecuciones en el desalojo de 2012, lo que habría sentado las bases para cambiar el sistema de formación de profesores en el estado

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En 2012 se perdió una oportunidad para atender los problemas estructurales en la educación y evitar más daño a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, de acuerdo con la experiencia del investigador Humberto Santos Bautista, quien ese año coordinó los esfuerzos para rescatar el ciclo escolar y la permanencia de la escuela, por la crisis social y política que provocó el desalojo a balazos de una manifestación de normalistas, el 12 de diciembre de 2011.
El académico, quien de manera honoraria aceptó temporalmente la dirección de la Normal rural, aseguró que hubo “absoluto desinterés” del gobierno estatal para implementar un nuevo proyecto educativo, que habría atendido una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las dos ejecuciones extrajucidiales, tortura y tratos crueles a los normalistas en el desalojo violento, y habría sentado las bases para cambiar el sistema de formación de profesores en el estado.
El especialista consideró que era fundamental que los alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgo no estuvieran más en situaciones de riesgos por manifestaciones, toma de camiones y colectas, que tanto los ha estigmatizado, y que sólo un proyecto educativo sólido podría mantener a los estudiantes en las aulas.
Ante a la masacre del 26 de septiembre, en Iguala, cuyo saldo actual es de siete muertos, una veintena de heridos, uno en estado vegetativo y 42 normalistas desaparecidos, Santos Bautista denunció que el problema con los funcionarios del sector educativo “es que todo lo ven en el sentido coyuntural, si las acciones de gobierno les son rentables políticamente, en términos individuales, y no para la sociedad a la que sirven”.
Aseguró que son políticos de partido, que no conocen de política educativa ni entienden el lenguaje académico, “todo lo ven como un gasto, no como una inversión”, en consecuencia no comprendieron el proyecto educativo que un grupo de académicos impulsó en 2012.
Reveló que se pretendía que la propuesta para Ayotzinapa se extendiera a todas las normales del estado, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Centros de Actualización del Magisterio, para cambiar los métodos de formación de profesores, que también implicaba tocar intereses políticos y sindicales del sector.
“La idea es que Ayotzinapa se convirtiera en el corazón de ese proceso de transformación, y ellos (los funcionarios), erróneamente pensaban que sólo era Ayotzinapa. Lo que vi fue absoluto desinterés, no te lo van a decir ellos porque son políticos, pero tú lo percibes cuando les están explicando algo en un lenguaje académico y te contestan con lenguaje burocrático, y la paciencia tiene un límite”.

La experiencia con el gobierno

En febrero de 2012, ante el riesgo real de que desapareciera la Normal Rural por la pérdida de los dos semestres del año y, en consecuencia, del ingreso de la nueva generación, Santos Bautista recordó que puso tres condiciones para asumir la dirección de la escuela y rescatar el ciclo escolar.
Primero, que el cargo fuera honorario “porque no iba a ser empleado del gobernador (entonces Ángel Aguirre Rivero), ni podía lucrar con la muerte de dos estudiantes”. En segundo lugar, que sería temporal; y en tercero, que no resolvería asuntos administrativos, que estaba ahí por un proyecto académico.
Recordó que un mes y medio o dos meses después, la secretaría de Educación, Silvia Romero Suárez, le dijo que estaban muy contentos con su trabajo, “pero no había esfuerzo, ni voluntad de las autoridades, para apoyar lo que estaban haciendo los académicos que de manera voluntaria se sumaron al rescate de la Normal”.
Aclaró que no pedían dinero, sólo que los trámites fueran expeditos, porque sacar dos semestres en cinco meses no era una cuestión simple ni sencilla. Los profesores de la Normal hicieron su proyecto, que se complementó con actividades extracurriculares por las tardes, para que los semestres salieran con una calidad académica aceptable.
El trabajo fue evaluado con el examen nacional de oposición para la obtención de plazas docentes, en el que casi todos los estudiantes de esa generación obtuvieron resultados satisfactorios.
Pero la dinámica en la escuela no era la misma que en gobierno; por ejemplo, denunció que presentaron una vez, dos veces, el proyecto a las autoridades, “a la tercera te cansas y te das cuenta de que no les interesa”. Luego pidieron que se gestionara una reunión con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para exponer la propuesta, pero nunca se concretó.
“Incluso les pedí que buscaran una reunión con la federación y nunca lo hicieron, porque decían ‘danos el proyecto’, y yo sabía que al dárselos lo iban a burocratizar”.
Subrayó que “los tiempos de la academia no riman con los de la burocracia, más se preocupaba en andarse tomando fotos, inaugurando eventos intrascendentes, que en un proyecto de transformación académica”.
De forma directa, señaló que “la secretaria (Silvia Romero Suárez) no es académica, es política, y no hace política educativa sino partidaria, eso no garantizaba nada para un proyecto de transformación educativa, ese era el problema, no sólo con ella, sino con todos los subsecretarios, no entienden de política educativa, entienden de política electoral y esas cosas”.

Las resistencias

Terminado el ciclo escolar, indicó que los estudiantes le pidieron que aceptara la dirección de la escuela de manera oficial y permanente, “les dije que no iba a quedarme sólo a ocupar un espacio burocrático, no tenía interés en eso, vamos haciendo compromisos (les dijo), y eso (mismo) platicamos con los organismos de derechos humanos, de Tlachinollan, la Red Guerrerense y con el gobernador”.
Consideró que había entendimiento con el comité directivo estudiantil, pero comenzó el proceso de administración del nuevo ciclo escolar y se inició otra controversia por los métodos de selección.
Se preveía que los estudiantes anunciaran el proyecto educativo, y el director se encargaría de la gestión con el gobierno del estado y la federación, pues los alumnos no se iban a sentar a la mesa con las autoridades que asesinaron a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre.
Confió en que, con el respaldo de organismos civiles de derechos humanos, iban para convencer a las autoridades de que el proyecto iba a caminar.
Sin embargo, vinieron las discusiones por el proceso de admisión, particularmente por la semana de adaptación, donde rapan a los aspirantes y los someten a una fuerte disciplina de trabajo y ejercicios, a cargo de los estudiantes.
“Lo platicamos abiertamente con Arturo Miranda (académico de la UAG), con Manuel Olivares (defensor de derechos humanos, porque defendían este procedimiento), que había cosas que tenían que cambiarse. No puedo estar como espectador, y antes de entrar en una contradicción vamos a hablarlo”.
Indicó que los estudiantes le pidieron esperar, pero privilegiaron la negociación política con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), y dejaron en segundo plano el proyecto de transformación.
Aunado a eso, tampoco tuvo el respaldo institucional pese de la voluntad política que decía tener el gobernador. “Para que te des una idea de cómo lo veían sus subalternos, en una ocasión que me citaron en Casa Guerrero, cuando ya estaba el conflicto por la nueva generación, y me dicen que ya está arreglado el problema”.
Santos Bautista alegó que el problema no estaba resuelto, todavía tenían que hablarlo con el comité estudiantil que lo estaba esperando en la escuela.
Entonces, el asesor especial del gobernador, Ernesto Aguirre Gutiérrez, le dijo: “Te doy de una vez tu nombramiento (de director)”, y él le contestó: “No estoy aquí por un nombramiento, yo estoy por ayudarles en algunas cosas”. “Entonces no lo recibes (añadió el asesor)”. Él insistió en su negativa, “quedamos que iba a aceptar (el puesto) hasta tener todos los consensos”.
Insistió ante el subsecretario Arturo Salgado Urióstegui, en que aquel problema estaba en la escuela, y que si no había un arreglo adecuado, estaba considerando seriamente no continuar.
El viernes siguiente, hubo reunión de normales públicas en el hotel Las Brisas, en Acapulco, donde iba a hablar Romero Suárez, pero ni le permitieron el paso porque no estaba en la relación de asistentes y ya nadie podía inscribirlo, porque el registro fue el día anterior.
Envió a la secretaria un mensaje con un funcionario menor, “nada más informarle a tu jefa que vine cumpliendo una disposición, que es la última vez que lo hago”.
Pese a las controversias, al siguiente día se publicó el acuerdo político entre la SEG y los estudiantes por el nuevo ingreso, y el lunes 24 de noviembre Santos Bautista anunció su salida de la escuela.
Del proyecto, indicó que incluía un programa de posgrados y la creación de una fundación para recibir donaciones, promover una serie de proyectos, para que los normalistas no renunciaran a sus actividades políticas, como parte de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), pero se evitarían las acciones que se utilizan para estigmatizarlos, como la retención de camiones, toma combustible y colectas.
Asimismo, iban a replantear la permanencia o cambio de talleres, a partir de las opiniones de las comunidades, para responder a las nuevas necesidades del ámbito rural.
Pero el gobierno estatal entendió mal el proceso de reconciliación tras las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría, y también los estudiantes.
“Reiteradamente les decía que la muerte de esos muchachos tenía que ser reivincada con la transformación integral de la escuela, pero que fuera una transformación que académicamente trascendiera, para que la ciudadanía se los agradeciera, si no lo hacían así, iban a convertir en bandera a sus compañeros que asesinaron en la carretera”.