El próximo mes podían expertos de la CIDH abrir nuevas líneas de trabajo sobre Ayotzinapa

*Una comisión colaborará en la investigación y en la búsqueda de los desaparecidos, dice el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales. Se buscarán los nexos que las autoridades pudieran tener con el crimen organizado

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que a partir de los primeros días del próximo año, una comisión de 10 expertos en desaparición forzada abrirá tres líneas nuevas de investigación que permitirán el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, en los cuales fueron detenidos y posteriormente desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Entre los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrían estar Gino Costa, de Perú, Ariel Dulitzky, de Argentina, y Claudia Paz, de Guatemala, de acuerdo con una lista que organizaciones sociales y de derechos humanos propusieron al gobierno federal.
Sin embargo, la CIDH será la encargada de definir la lista final de los 10 expertos.
Rosales Sierra dijo que la Comisión coadyuvará en la investigación del caso Ayotzinapa así como en la búsqueda de los normalistas desaparecidos, y trabajará en primer lugar, una vertiente relacionada con la búsqueda de los normalistas dentro del expediente con el que cuenta la Procuraduría General de la República, en segundo lugar, se buscarán los nexos que las autoridades pudieran tener con el crimen organizado y, finalmente, serán sugeridas al gobierno federal tecnologías que permitan realizar una búsqueda amplia para localizar a los normalistas desaparecidos.
Al respecto de la línea donde se determinarán los posibles nexos de autoridades con el crimen organizado, manifestó que “no es que el poder del crimen organizado sea tan fuerte sino que hay un conjunto de autoridades que facilitan que haya una operación a gran escala de las bandas del crimen organizado”.
Señaló que en la medida en que se puedan establecer, frenar y sancionar esos vínculos, “se va restando el poder de la delincuencia y se puede ir encontrando que bandas y autoridades permitieron y colaboraron en la desparición de los compañeros”.
En cuanto a la tecnología que la Comisión Nacional de Seguridad Pública utiliza para realizar la búsqueda de los normalistas, expresó que la misma es “insuficiente” debido a que se trata únicamente del dron, avión no tripulado, “es un avioncito de dos metros que se despliega a una coordenada específica, hace una búsqueda, toma fotografías, mapea, regresa, eso es lo más avanzado que hoy por hoy tiene la Comisión Nacional de Seguridad”.
Dijo que una vez que lleguen los expertos “van a tener acceso a todo el expediente, a revisar el conjunto que hay ahí, ver qué líneas son las que existen ahorita y a partir de ahí se sugerirá que abran estos tres enfoques nuevos”, dijo el abogado.
Explicó que el expediente de la PGR cuenta con imprecisiones, por ejemplo, el tema de la posible participación en los hechos de la Policía Federal y el Ejército, así como en cuanto a las horas en las cuales pudieron haber ocurrido las detenciones y posterior desaparición de los normalistas.
“Dentro de la averiguación previa no se especifica con claridad en qué momentos desaparecen, cuáles son las horas en las que desaparecen los estudiantes”, puntualizó.
Tanto la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) como la PGR, “dan por sentado que los compañeros desaparecen en la primera agresión de las 8 y media a las 9, ahí desaparecieron del famoso autobús del que los bajaron, dicen ahí, los 43, el testimonio que tenemos de los muchachos sobrevivientes es que no, que ahí iban por mucho 25, entonces el resto desapareció en la segunda agresión”.
Finalmente, acerca del acuerdo de la séptima Asamblea Nacional Popular, en la que se determinó realizar una búsqueda ciudadana que será principalmente coordinada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Rosales Sierra dijo que Tlachinollan apoyará totalmente esta decisión.
“Creo que es necesario que se pueda hacer una búsqueda con un enfoque más ciudadano, planeada de aquí con los padres, con la gente del lugar, con los esquemas clásicos que conocen los pueblos campesinos, los indígenas de cómo buscan ellos en sus comunidades”, expresó.
Añadió que tanto a la Gendarmería como a las autoridades “ya se les dio mucho espacio para que busquen, entonces ahora también estaremos nosotros apoyando para que la CRAC pueda hacer esta búsqueda”.
“Es un esfuerzo que se tiene que aprovechar, que existe una Policía Comunitaria que tiene un marco jurídico legal y una ley que la faculta como fuerza de seguridad, vamos a aprovechar eso y los padres lo están solicitando”, concluyó.