Exige la Campaña por la Paz y la Democracia una investigación internacional independiente

Se solidarizan con los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos 785 intelectuales, escritores, profesores y estudiantes de universidades del país y el extranjero, entre ellos Noam Chomsky. Exponen que los crímenes de lesa humanidad son la regla, no la excepción en México

Redacción

La Campaña por la Paz y la Democracia expresó su solidaridad con los padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa, apoya la exigencia de una investigación internacional independiente, y expone que los alientan las protestan masivas que son justa indignación del pueblo mexicano.
En una declaratoria, sus miembros advierten que mientras más crezcan las protestas y se radicalicen, los esfuerzos serán mayores para acabar con ellas a la fuerza.
Firman la declaración 785 intelectuales, escritores, profesores y estudiantes de diferentes universidades del país y el extranjero, entre ellos Noam Chomsky, la cofundadora del grupo activista Código Rosa Madea Benjamín, y Daniel Ellsberg quien reveló los papeles del Pentágono sobre la guerra en Vietnam en 1971.
El texto fue publicado en el sitio web de la organización titulado “Alto inmediato a la matanza de estudiantes: Paz, justicia y democracia para México”, y se solidarizan los firmantes e integrantes de la Campaña por la Paz y la Democracia con los padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos, así como a los “millones” de estudiantes activistas y con el pueblo mexicano.
“Expresamos nuestra solidaridad a los dolientes pero valientes padres de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos, y a los millones de estudiantes y ciudadanos mexicanos que exigen un México diferente, un México con paz, democracia, bienestar social y justicia”, se lee.
También condenan los “asesinatos y violaciones de derechos humanos efectuados por el gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico! ¡condenamos, además, a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por su apoyo al Estado mexicano!”.
“Sentimos el dolor, enojo e indignación por el secuestro, la tortura y el asesinato de los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, México el 26 de septiembre del 2014 a mano de la policía local coludida con los grupos vinculados con el tráfico de drogas. Este fue un crimen de lesa humanidad”, agrega.
Expone que en los últimos seis años la Normal Rural ha sido víctima de un “fuerte ataque político por parte del Estado y de los grupos empresariales poderosos”.
Dice que les alienta que las protestas masivas por la exigencia de justicia tengan un alcance nacional, acciones como el bloqueo de familiares de desaparecidos y grupos afines al aeropuerto internacional de Acapulco. La huelga de hambre donde participaron unos 4 millones de estudiantes el 5 de noviembre, y el trabajo hecho por el Comité Interuniversitario que “organizó la tercera jornada de acción nacional en el último mes sigue planeando nuevos actos de protesta”.
Advierte que las protestas han aumentado y las demandas se han radicalizado, “la justa indignación del pueblo no ha sucumbido al fatalismo ni al cinismo, y no se ha dejado engañar con los esfuerzos del gobierno federal para desmovilizar las protestas”.
Protestas que indican que en cuanto más crezcan más será el esfuerzo por acabar con ellas “a la fuerza”.
Convocan a crear conciencia de la lucha continua y las violaciones de derechos humanos en México, “su lucha es nuestra lucha, ¡todos somos Ayotzinapa!”.
En el documento se exige una investigación internacional independiente de los ataques en Iguala y Tlatlaya, así como de las “miles” de desapariciones, asesinatos y violaciones de derechos humanos que se han “efectuado bajo el pretexto de la guerra del narcotráfico”.
“La investigación que siguió a la masacre de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014 ha sido incompetente de manera deliberada y montada para desviar la culpa a nivel local, y calmar las protestas sin realmente hacer un esfuerzo para encontrar a los estudiantes desaparecidos o llegar a la raíz del crimen”.
Llamaron a un alto al papel de facilitador de los Estados Unidos con los “terribles abusos por medio de la ayuda militar dada a través del Plan Mérida y entrenamiento militar, al igual que las violaciones de derechos humanos sistemáticas efectuadas para proteger a compañías canadienses y estadounidenses”.
La declaración de la Campaña por la Paz y Democracia expone que los crímenes de lesa humanidad son la regla, no la excepción en México, que son tolerados por los diferentes niveles de gobierno en complicidad con los cárteles del narco.
Denuncia que el Ejército y el gobierno trataron de encubrir los asesinatos en Tlatlaya.
Que la situación de crisis en México, la violencia de Estado y del narcotráfico, así como la percepción de que el camino electoral no tiene salida debido al fraude generalizado, la manipulación y corrupción. “Significa que los movimientos sociales trabajan al interior de una olla hirviendo de represión y violencia”.
Denuncia que Estados Unidos está “profundamente implicado” en la situación de México por los acuerdos militares con las fuerzas armadas mexicanas para llevar a cabo actos de represión.
Afirma que las mineras canadienses están involucradas al despojar y saquear el agua y tierra de los campesinos mexicanos y llevar a cabo actos brutales de represión por medio de ejércitos privados, asistidos por varios niveles del gobierno mexicano en contra del pueblo mexicano.
Advierte que las grandes corporaciones petroleras que llegaran con la privatización del petróleo serán protegidas por las fuerzas armadas, “compañías canadienses y estadounidenses y sus gobiernos están involucrados directa e indirectamente junto con el Estado mexicano en los actos de represión en contra del pueblo mexicano y el expolio de su sociedad”.