Denuncia el ex contralor de la Procuraduría irregularidades en contratos durante el periodo de Iñaky

* Le ordenó aprobar cursos que “a simple vista se notaba que… estaban excedidos en costos”, dice

Denuncia el ex contralor de la Procuraduría de Justicia
irregularidades en contratos durante el periodo de Iñaky

Recibió del procurador la orden de aprobar cursos que a simple vista se notaba que estaban excedidos en costos, dice Francisco Torres Valdés

Luis Blancas

Chilpancingo

El ex contralor de la Fiscalía General del Estado (FEG, antes Procuraduría General de Justicia), Francisco Torres Valdés presentó una queja ante la dependencia contra funcionarios de la fiscalía por irregularidades en el pago de los contratos de prestación de servicios profesionales del Instituto de Formación Profesional para la capacitación de agentes ministeriales, ministerios públicos y peritos.
De acuerdo con un documento que entregó Torres Valdés, a la Contraloría Interna de la FEG que tuvo acceso El Sur, la denuncia es contra Miguel Ángel Urrutia Lozano, Craig López Olguín, Laura Baños Peláez y Ademir Cigarroa García, además el ex fiscal guerrerense Iñaky Blanco Cabrera, Cristopher López Olguín y Paola Díaz Galván.
Torres Valdés fungió como contralor interno de la fiscalía en mayo del año pasado, cuando la titular de la fiscalía era Martha Elva Garzón Bernal, pero al ser destituida del cargo, tomó su lugar Iñaky Blanco Cabrera, que ratificó en el cargo a Torres Valdés.
Según el documento, el 26 de febrero de este año el director general de Asuntos Judiciales de la FGE, Craig López Olguín, le llevó 15 contratos de prestación de servicios profesionales para firmar el documento que certificaba que el Colegio de Capacitación del Sistema de Justicia recibió el pago por tales servicios, por lo cual aparece la firma de Torres Valdés, “pero la orden era de Iñaky Blanco Cabrera y Miguel Ángel Urrutia, no podía López Olguín firmar los contratos porque era hermano del dueño de la firma prestadora de los servicios profesionales, Cristopher López Olguín, (que además es) novio de la directora del Instituto de Formación Profesional Laura Alicia Baños Peláez”, dijo.
Agregó que, para firmar otros contratos tenía que revisarlos antes de que iniciaran los cursos para verificar que cumplieran con la normatividad, pero en estos casos “a simple vista se notaba que algunos contratos estaban excedidos en costos”.
Después, giró un oficio al director general de Presupuesto y Administración, Ademir Cigarroa García, para solicitar información de los contratos, porque estaban elevando indebidamente sus costos, pero el funcionario no respondió.
“Al no tener respuesta, en forma extraoficial investigué que el costo máximo que podían pagar por una hora de capacitación de ministeriales, peritos o ministerios públicos eran de mil pesos; en el contrato PGJE/IFP/16/2013 dirigido a los ministeriales se contrató tres cursos de 120 horas por curso, el monto hubiera sido 120 mil pesos cada uno, como fueron tres cursos fue de 360 mil pesos, pero se pago la cantidad de dos millones 205 mil, es decir que se pago seis mil 125 pesos por la hora de clases”, indica el documento que nos presentó el ex contralor.
Agregó que “Los contratos PGJ/IFP/04/2013 y PGJE/IFP/07/2013, el primero por un monto de 414 mil pesos por dos cursos de 120 horas, firmado por el prestador del servicio de la dependencia, Cristopher López Olguín quien es hermano del director de asuntos judiciales Craig López, pero el total, de los dos curso debió haber sido el pago de 240 mil pesos; el segundo por un monto de 750 mil pesos fue por tres cursos con 400 horas, donde deberían haberse pagado 400 mil pesos”.
Comentó el 21 de marzo de este año al concluir una reunión con el ex fiscal guerrerense, Iñaky Blanco Cabrera, le informó del problema de los contratos de prestación de servicios profesionales del Instituto de Formación Profesional, y le entregó un oficio sobre las irregularidades que ocurrían.
Después, el martes 25 de marzo se reunió con Iñaky Blanco Cabrera y con el asesor Miguel Ángel Urrutia Lozano para hablar sobre las irregularidades de los contratos, pero lo cuestionaron sobre las sanciones a un comandante de la Policía Ministerial y a dos ayudantes de la Fiscalía de Antisecuestro por detener a la novia de un presunto delincuente a quien le violentaban sus derechos humanos, señalando que tenían protocolos establecidos por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), “y me pidieron mi renuncia, en ese momento entendí que el pretexto (era porque) solicitaba información de los contratos de servicios profesionales, por lo cual me separe del cargo el 31 de marzo de este año”.
Señaló que, el 9 de junio solicitó al ahora ex fiscal Iñaky Blanco medidas cautelares para salvaguarda su integridad física, luego de recibir dos amenazas de muerte, y que la Coddehum envió un oficio para atender la petición del ex contralor interno Torres Valdés, pero a la fecha la FGE no han atendido su demanda.