Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

Peña Nieto y la crisis del Estado

*La ruta de represión que ha elegido el gobierno federal va a profundizar el problema. Pues uno de los efectos de Ayotzinapa es que no hay miedo entre quienes están movilizados en pos de la aparición de los jóvenes, y el paso de los días no reduce esta admirable actitud frente a la desgracia.

La resistencia del gobierno de Enrique Peña Nieto a reaccionar con compromiso y decencia al clamor nacional por los normalistas desaparecidos amenaza con provocar la peor crisis social y política que se haya producido en México desde la revolución de 1910. Es posible que, en una suerte de aplicación de la razón de Estado, la terca negligencia que muestra Peña Nieto obedezca al propósito de ocultar la probable responsabilidad del Ejército y la Policía Federal en los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre en Iguala, pero con ello arrojó al Estado mexicano a un callejón sin salida.
Porque si no es al Ejército al que se pretende proteger, no se explicaría entonces el atrincheramiento feroz que se ha operado en el gobierno federal en torno a la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. A menos que todo esto ocurra sólo para impedir que vaya a prisión algún funcionario de la Policía Federal, o el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Ningún acontecimiento había sacudido la conciencia nacional como lo hizo y sigue haciéndolo el repugnante ataque de la policía municipal de Iguala contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y nunca se había mostrado tan desarticulado el gobierno mexicano como sucede ahora frente a la exigencia de los padres de que les sean devueltos sus hijos desaparecidos y el caso resuelto a plenitud y castigado por la ley.
Pero con el manejo que le ha dado Peña Nieto al caso Ayotzinapa suprimió en los hechos el amparo que la Constitución brinda a los agraviados, los padres de familia y en un sentido amplio la sociedad mexicana, ante cuyos reclamos de justicia la ley es letra muerta y el Estado de derecho una cosa que no existe. Eso significa el hecho de que las investigaciones, totalmente insuficientes e insatisfactorias, se hayan paralizado en la versión del basurero de Cocula y el llamado del presidente a simplemente “superar” la desaparición de los muchachos. Eso significa también el hecho de que el gobierno federal vea ahora a los padres de los normalistas como el problema y por lo tanto haya emprendido una campaña para desacreditar y combatir sus reclamos de justicia. Al Estado ya no le interesa resolver el caso mismo ni dar respuestas a los padres, sino solamente contener el movimiento originado en la indignación nacional. Es decir, sofocar la inconformidad.
Exactamente eso es lo que no debía hacer el gobierno de Peña Nieto. Porque sencillamente, en una era global sin fronteras y con una sociedad madura y observante, no era una opción. La fórmula dictatorial que empleó Díaz Ordaz para manipular la matanza de Tlatelolco a los ojos de la nación y del mundo era absolutamente inaplicable para el caso de Iguala. Y sin embargo eso es lo que pretende hacer Peña Nieto, con la premisa de que su gobierno podrá controlar y desmovilizar la indignación nacional y mitigar su descrédito internacional. Pero no podrá. Ni el país ni el mundo tolerarán una regresión de tal magnitud.
No entender que las transformaciones que ha experimentado México obligan a un ejercicio democrático y pulcro del poder, ha colocado al gobierno federal en ese callejón sin salida. La única opción para las autoridades ha estado siempre a su alcance: una investigación exhaustiva, imparcial, sin miramientos ni simulaciones, y la aplicación de la ley contra quien resulte responsable, aunque eso implique el riesgo de que el prestigio de las fuerzas armadas se vea arrastrado por el fango. Eso es lo que el gobierno de Peña Nieto no hizo, y eso es lo que los padres y la sociedad no aceptan. Países como Argentina, Chile y España, como otros todo el mundo, dirimen hoy con vigor y civilidad las cuentas pendientes de su pasado, y en cambio el gobierno de México busca actuar como en el pasado para encarar un problema del presente. ¿Cómo se resolverá este conflicto fundamental e histórico para el Estado mexicano? Haciendo lo que la ley dice, ninguna otra cosa.
Debe tomar conciencia el gobierno federal que la ruta que ha elegido conduce a la profundización del problema. Pues uno de los efectos de Ayotzinapa es que no hay miedo entre quienes están movilizados en pos de la aparición de los jóvenes. Lo dijo uno de los voceros del movimiento normalista, Felipe de la Cruz, el viernes pasado en la marcha organizada en la ciudad de México: cuando policías municipales se llevaron a los 43 estudiantes, también se llevaron el miedo de los padres. Esa misma determinación puede percibirse en la sociedad, y el paso de los días no reduce esta admirable actitud frente a la desgracia.
Las dudas y cuestionamientos técnicos sobre la versión oficial del basurero han sido desatendidas con un exceso de indolencia por parte del gobierno, y tampoco ha sido aclarado, ni siquiera en carácter de conjetura, el móvil, el motivo por el que los criminales que supuestamente ejecutaron a los estudiantes procedieron de esa extraña manera, cuando nunca les ha preocupado dejar expuestos los cuerpos de sus víctimas. La justicia no puede cerrarse con las capturas de los protagonistas instrumentales del caso. La suspicacia que se cierne sobre el Ejército y la Policía Federal no puede ser despejada con declaraciones oficiales de exoneración, y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció ayer que investiga las presuntas omisiones en que incurrieron los militares, será preciso que el gobierno federal asuma que las investigaciones deben alcanzar a los militares.
Como ya hemos expuesto, la muerte y desaparición de los normalistas no es consecuencia de una extravagancia municipal, sino el producto más salvaje del patrón de impunidad y corrupción que permitió la penetración de la delincuencia en el poder, en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero y en el país. Es un crimen de Estado y debe ser tratado e investigado como tal, sin ocultar la verdad y sin que haya atenuantes ni perdón para ninguno de los muchos que son responsables en la cadena gubernamental. Cuando se investigue y se castigue esto, se sabrá por qué fueron sacrificados los estudiantes y porqué de esa manera tan cruel. Y quizás entonces podrá el país entrar en el duelo y superar, como pide Peña Nieto, esta espantosa masacre. Entonces, sólo entonces, podrá decirse que terminó el 2014, por su enorme cuota de sufrimiento el peor año para todos en décadas.

[email protected]