Detienen militares a Eliseo Villar por portación de arma

Detiene el Ejército a Eliseo Villar por portación de arma de fuego; tenía permiso, esperan su liberación

Carlos Moreno A./Jacob Morales Antonio

El dirigente de la Casa de Justicia paralela de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Eliseo Villar Castillo, fue detenido por el Ejército en un retén militar en el kilometro 21 de la carretera federal Acapulco-México por portación de arma de fuego.
Luego de la detención de Villar Castillo, quien estuvo unas dos horas dentro de una patrulla porque sus simpatizantes no permitían que fuera trasladado a las instalaciones de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) bloquearon tres veces de forma intermitente dicha carretera federal, y después se trasladaron a las instalaciones de la dependencia para exigir su liberación.
Según Adelaida Hernández Nava, coordinadora de la CRAC-PC, Villar Castillo y otros integrantes de la coordinadora viajaban en un autobús, una camioneta, una Urvan y otro automóvil procedentes de Coyuca de Benítez, donde estuvieron en el primer Encuentro Estatal de Organizaciones Regionales.
Informó que en dicha reunión estuvo el coordinador nacional de la CNPA, José Narro Céspedes, ex diputado federal perredista, quien también estuvo presente al momento de la detención de Villar Castillo, cuando también sobrevoló el área un helicóptero militar
Hernández Nava explicó que, al circular por la carretera federal a las 5 de la tarde, en el retén militar les marcaron el alto “nos bajamos y nos dijeron que iban a hacer una revisión, revisaron la Urvan y no encontraron nada, pero el compañero (Eliseo Villar) traía un arma 380, que es permitida, la traía en mi bolso porque no tenía donde traerla, pero me la quitaron”, dijo.
Según la coordinadora, les explicó a los militares que el arma de fuego cuenta con un registro del 48 Batallón, ubicado en Cruz Grande, “y le dije al teniente que le podíamos dejar el arma y que después la podíamos reclamar con el permiso, pero me dijo que no y que se lo iba a llevar consignado a la PGR en Acapulco”.
Contó que a Eliseo Villar lo subieron a una camioneta militar, que lo siguieron en un taxi, y en la gasolinera ubicada a unos 2 kilómetros del retén, “lo mantuvieron como media hora y después se regresaron al retén”.
Eliseo Villar estuvo dentro de una camioneta militar durante más de dos horas escoltado por otras dos patrullas, y afuera, formando valla había unos 50 soldados.
Tras intentar dialogar, Hernández Nava e integrantes de la coordinadora Plan de Ayala, con el teniente que iba al mando para liberar a Villar Castillo, los soldados entrelazaron sus brazos para formar una valla a un costado de la patrulla donde estaba Eliseo.
Después, los soldados arrancaron el motor de la patrulla donde estaba Eliseo Villar y los que formaban la valla bloquearon a los inconformes para evitar que retuvieran la camioneta, comenzaron jaloneos y empujones, y los militares huyeron con Villar Castillo hacia el poblado de Xaltianguis, seguidos inmediatamente por la coordinadora Adelaida Hernández y sus compañeros en una Urvan.
Tras la huida de los militares, los inconformes comenzaron un bloqueo en la carretera federal, colocaron un autobús en el que viajaban en medio de la vía, que fue retirado unos 15 minutos después y liberaron la circulación; mientras unos 30 soldados se colocaron en una esquina del retén, formados en hileras.
Los casi 30 inconformes volvieron a bloquear y se colocaron en medio de la carretera federal con una lona donde se leía “Coordinadora Nacional Plan de Ayala” durante otros 15 minutos.
José Narro les explicó a los inconformes que el secretario general de Gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado se comunicó con él por teléfono y le informó que Eliseo Villar sería trasladado a las instalaciones de la PGR en Acapulco, “pero que no habría problema porque podría quedar en libertad”.
Los inconformes se trasladaron a la Subdelegación de la PGR y al llegar observaron un despliegue policiaco de unas 15 patrullas, con unos 60 policías federales, Gendarmería y estatales apoyados soldados que resguardaban la dependencia.
La actividad de la policía se amplió hasta la avenida Cuauhtémoc, donde dos patrullas resguardaban un autobús donde se presume que fue trasladado Eliseo Villar.
Antes de las 8 de la noche, el detenido ingresó a las instalaciones de la PGR, mientras policías y soldados resguardaban y cerraron de manera intermitente las calles aledañas.
Los elementos de la Gendarmería, que son de proximidad social, trataron de impedir el trabajo de los reporteros y fotógrafos que llegaron al lugar, en un tono agresivo exigieron a los reporteros retirarse y dejar de tomar fotografías, porque estaba prohibido.
A las 9 de la noche llegó la coordinadora de la Casa de Justicia de Ajuchitlán, Adelaida Hernández Nava, quien demandó a los soldados informes de la situación de Villar, que estaba en la Subdelegación.
A las 11 de la noche, la coordinadora y seguidores de Villar esperaban su liberación.

Acuerdan policías ciudadanos de Tierra Colorada, El Ocotito y pueblos de Acapulco separarse de la UPOEG

*Argumentan que un grupo de fuerzas especiales encabezado por el comandante regional Ernesto Gallardo, ha cometido  tortura y secuestro en contra de tres promotores. En asamblea forman el Frente Comunitario por la Paz y Seguridad de los Pueblos de Guerrero. Buscará contacto con la CRAC, adelanta

Luis Blancas

Tierra Colorada

En una asamblea, pobladores de Tierra Colorada, Acapulco y Chilpancingo y miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, votaron a mano alzada por separarse de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de  Guerrero (UPOEG) que encabeza Bruno Plácido Valerio y constituyeron el Frente Comunitario por la Paz y Seguridad de los Pueblos de Guerrero.
A las 6 de la tarde comenzó la reunión en la base de la Policía Ciudadana en Juan R. Escudero (Tierra Colorada), donde asistieron vecinos de esta población y de los municipios de Acapulco y del Valle del Ocotito en Chilpancingo. Portaban pancartas en mano en las que se leía: “ Fuera UPOEG, déjanos vivir en paz”, “Ya basta de seguir a un líder borracho como Bruno”, “Escucha UPOEG ya basta de secuestros y torturas”, “Entiende UPOEG que ni con torturas nos vas a someter”.
Durante la asamblea un comandante de la Policía Ciudadana quien no dio su nombre, relató que el 10 de noviembre, cuando el comandante Ernesto Gallardo Grande, “según había sido privado de su libertad”, “llegaron grupos de policías ciudadanos de la Costa Chica a Tierra Colorada”, y llegaron hasta su domicilio, sometieron a su esposa e hijos para exigir información del paradero de Gallardo Grande.
Señaló que él se entregó a los policías ciudadanos de la Costa Chica, y fue sometido a tortura, y  liberado después de que policías ciudadanos que no pertenecían a Bruno Plácido se movilizaron para exigir que se lo entregaran.
Asimismo antes tomar el micrófono el promotor de la Policía Ciudadana Crescenciano Ramírez López, quien estaba conectado con un suero, mostró a las personas que se encontraban en la reunión las lesiones en el cuerpo, como golpes en la espalda, pecho y glúteos.
Ahí uno de los policías ciudadanos le pidió a Ramírez López que se quitara la camisa para mostrar las lesiones que tenía, y los pobladores al ver los golpes, gritaron: “Bruno, bandido, recibirás tu castigo”.
Ramírez López relató que el 23 de diciembre cuando se dirigía al municipio de San Marcos fue interceptado por un grupo de policías ciudadanos encabezado por Ernesto Gallardo, quien lo entregó a un grupo especial que no cuentan con uniformes y no pertenecen al Sistema de Seguridad y lo torturaron en la sierra de Costa Chica.
Dijo que fue golpeado con armas de grueso calibre y le advirtieron que sería asesinado, después los civiles armados se retiraron de la casa en la sierra para ir a celebrar la Nochebuena con sus familias, y Ramírez López logró escapar al quitar un pedazo de techo y caminó entre los matorrales y cerros con las manos esposadas.
En la reunión los representantes de la policía ciudadana informaron que el motivo de la separación de la UPOEG es que un grupo de fuerzas especiales encabezado por el comandante regional Ernesto Gallardo Grande, ha cometido actos de tortura, secuestro en contra de tres promotores.
Dijeron que al constituir el Frente Comunitario por la Paz y Seguridad de los Pueblos de Guerrero que buscará el contacto con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para fortalecer el proyecto de seguridad y no afectar a los policías ciudadanos en violentar sus derechos humanos.
Por otro lado una de las integrantes de la Policía Ciudadana leyó un comunicado en el que se plantea que debido al abandono de las autoridades estatales y municipales dejaron a la delincuencia dominar y someter a la población a través de secuestros asesinatos, extorsión y violación.
Agregó que ante esta situación la población se organizó para combatir la delincuencia organizada con el apoyo de la UPOEG  y después se inició el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana con estrategias de  seguridad. “Sin embrago por infiltrados y tolerados por el líder de la UPOEG, Plácido Valerio, se convirtieron en nuestros enemigos y verdugos”.
“Ya que han golpeado, torturado y secuestrado de Julián González de la comunidad de Pablo Galeana en Acapulco; al comandante municipal de Juan R. Escudero, Maximino Alejo Prudencio y al promotor comunitario del sistema de seguridad, Crescencio Ramírez López y entre otros atropellos al pueblo en general han causado molestia e indignación.
La población y los policías ciudadanos de Tierra Colorada acordaron en la asamblea la  separación definitiva de la UPOEG y formar el Frente Comunitario por la Paz y Seguridad de los Pueblos de Guerrero para garantizar la seguridad y justicia a la población que estará constituido por las comunidades de los municipios de Tierra Colorada, el Valle del Ocotito en Chilpancingo y Acapulco.
Por otro lado, exigieron la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, tras ser atacados por policías de Iguala y Cocula, donde murieron  tres  estudiantes, el chofer y un jugador del equipo de futbol Los Avispones y una mujer.