Se reúne el Consejo Local del INE y debate sobre una petición de medidas de seguridad a Ortega

*La solicitud sólo la firma el presidente Delgado Arroyo a quien consejeros y representantes de partido instan a usar una redacción cuidadosa para no justificar un acto de represión al movimiento por los normalistas. La consejera Garfias exhorta a los ciudadanos a convertir la elección en “un referéndum o consulta popular” y que en las urnas “decidan si rompen su boleta”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo, envió al gobernador Rogelio Ortega Martínez un oficio en el que le solicita que garantice el trabajo de los consejeros para la realización del proceso electoral, así como los trámites de credencialización en sus oficinas que continúan “clausuradas” por el movimiento que respalda a los normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo, consejeras y representantes de partidos instaron al presidente a que fuera cuidadoso en la redacción del documento para que no fuera usado para justificar un acto de represión contra el movimiento social en el que participan estudiantes y padres de familia de los 43 alumnos que fueron detenidos-desaparecidos.
Sin convocar a medios de comunicación, los consejeros del INE se reunieron ayer en el restaurante El Señorial, vecino del Congreso del Estado, para la última sesión del año, misma que estaba programada para el 19 pasado pero que no se realizó después de que manifestantes llegaran a la cafetería Italian Coffee del monumento a Las Banderas donde tenían una reunión preparatoria y los obligaron a suspenderla.
Ayer David Alejandro Delgado informó que a partir de la “clausura” indefinida del módulo de atención ciudadana del INE en Chilpancingo, que representa un impedimento para el trámite y entrega de las nuevas credenciales de elector enviaría al gobernador un oficio en el que solicita que garantice el trabajo del órgano desde sus oficinas.
El INE recomendó anteayer a los ciudadanos capitalinos y de municipios aledaños que desean tramitar su credencial para votar que deberán hacerlo en las juntas distritales que se encuentran en los municipios de Iguala, Acapulco y Chilapa.
En la sesión, la consejera María luisa Garfias Marín advirtió que “absolutamente y para nada estamos porque el proceso electoral sea un pretexto para reprimir al movimiento social que se ha generado por el asesinato de seis personas y los 43 jóvenes desaparecidos, eso debe quedar perfectamente claro”.
La consejera precisó que el INE tiene que actuar para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, como lo es el derecho a votar, pero que eso no puede ni debe utilizarse como pretexto para reprimir, y llamó a los gobiernos estatal y federal a resolver el problema “que no generó el INE, lo generaron los diferentes gobiernos que han conducido a este país; la miseria, pobreza, desempleo, analfabetismo, impunidad han sido generados por todos los gobiernos que han dirigido a este país incluyendo a los que han gobernado Guerrero”.
Y subrayó que los diferentes partidos que han llegado al poder han repetido las prácticas y formas de hacer gobierno de sus antecesores, en referencia al PRD en el plano estatal y al PAN en el federal, con relación al PRI.
Garfias exhortó a los ciudadanos a acudir a las urnas el domingo 7 de junio próximo y convertir la elección en “un referéndum o una consulta popular (y) ahí que decidan si rompen su boleta”.
Por su parte, el representante de Movimiento Ciudadano (MC) Alberto Zúñiga Escamilla pidió al presidente del Consejo local que la solicitud se extendiera también al gobierno federal para que intervenga y dé respuestas prontas y concretas a los padres de los estudiantes detenidos y desaparecidos.
Mientras que el representante de Morena, Rubén Cayetano García, coincidió con la consejera Garfias. Con la solicitud de que el Consejo Local trabaje en sus oficinas ahora cderradas “puede prepararse un acto represivo”, alertó y le pidió a Delgado Arroyo que sea cuidadoso en la redacción del documento.
Insistió en que se está dando mucha importancia al derecho de identificarsecuando el motivo del descontento social es la violación a derechos “supremos como el de la libertad y el de la vida” en referencia al asesinato de estudiantes normalistas en Iguala y la detención y desaparición de 43 más. “Esto es lo que no permite la gobernabilidad”, enfatizó.
El representante del PRD Ramiro Alonso de Jesús pidió también que se haga un llamado al gobierno federal a “aclarar ya este problema”.
También se pronunció porque el “comandante supremo de las fuerzas armadas”, en referencia al presidente Enrique Peña Nieto, abra los cuarteles militares “porque hay la presunción de que los jóvenes fueron introducidos ahí”.
El representante del PRD siguió la línea de su dirigente estatal Celestino Cesáreo Guzmán, y demandó la renuncia de los consejeros del distrito 07 federal quienes se declararon a favor de reconocer al movimiento social por los normalistas como un factor de cambio en el estado y consideraron que no hay condiciones para los comicios en esa jurisdicción, mientras que el representante de Morena los calificó como valientes por asumir su responsabilidad como un órgano ciudadano.

Seguirán las sesiones no públicas por “cuestiones de seguridad”

El consejero presidente informó que serán contratados 249 supervisores y mil 338 capacitadores y asistentes para el proceso que se realizó a través de una convocatoria nacional.
Recordó que a partir de la toma de algunos consejos distritales por el movimiento en respaldo de la normal de Ayotzinapa en el 07 de Chilpancingo y 05 de Tlapa no se realizó el examen a los aspirantes “por no contar con las condiciones”.
La sesión fue interrumpida de manera intempestiva después de que Delgado Arroyo informó que “una manifestación” se dirigía al lugar de la reunión, pero en la ciudad no hubo ninguna marcha.
Después de la de ayer, el consejero presidente dijo que las sesiones próximas se realizarán igualmente sin convocar a medios de comunicación “por cuestiones de seguridad”.
Dijo que no están convocando a las sesiones, que según la Constitución y la ley electoral deben ser públicas bajo el principio de máxima publicidad porque “no queremos motivar un elemento de confrontación”.
Recordó que aunque deben cumplir el principio de “máxima publicidad, pero también estamos bajo la lógica de que por cuestiones de seguridad podríamos prescindir de algunos procedimientos, todo está justificado plenamente conforme a la ley”.
Afirmó que no hay una obligación legal de difusión de manera estricta y justificó que quienes se enteren de las sesiones pueden estar presentes en ellas.