Espera el gobernador que el movimiento por los normalistas no sea reprimido por el Ejército

*Desea Rogelio Ortega que no haya una “salida autoritaria” como la que hubo contra universitarios y ciudadanos el 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo. En la ceremonia por los Mártires de ese año, advierte que en el pasado “decisiones políticas irresponsables” ordenaron a los militares “atentar contra el pueblo”

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

*En declaraciones en El Porvenir, Ortega sostuvo que hay condiciones para las próximas elecciones y que buscará el diálogo con la CETEG y grupos subersivos que se oponen, como el ERPI y el EPR, con quienes está dispuesto a dialogar de manera pública, abierta y franca para contribuir a la celebración de elecciones libres y democráticas para sacar a Guerrero del rezago. “Si todos ponemos todos ganamos”, afirmó.

El gobernador Rogelio Ortega Martínez deseó que no haya una “salida autoritaria” a la crisis social que vive el Estado mexicano después del ataque de policías a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre en Iguala que causó la muerte de seis personas, dejo 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos.
En un discurso redactado, el gobernador subrayó que “la crisis no es Ayotzinapa, la crisis es el Estado mexicano y sus fragilidades. Ayotzinapa fue el detonante”.
Advirtió además contra “decisiones políticas autoritarias irresponsables” que en el pasado han llevado al Ejército a atentar “en contra del pueblo”.
En su intervención, el gobernador hizo un repaso de los movimientos sociales surgidos en el estado y en el país y cómo han sido reprimidos con violencia por el autoritarismo de los gobiernos priistas que han regido en la república y la entidad a los que comparó con las actuales movilizaciones que exigen la presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos. “Y digo ojalá, ojalá no haya una salida autoritaria como la del 60, como la del 30 (de diciembre) aquí en esta plaza”, dijo entonces en referencia a la masacre de 1960 cuando soldados del Ejército mataron a 19 ciudadanos que demandaban autonomía para la Universidad de Guerrero al gobierno del general Raúl Caballero Aburto, quien terminaría dejando el cargo por la presión popular.
Ortega Martínez llamó a la mesura dijo que hay preocupación por que se vaya a “reventar la liga”, en una analogía de que una liga al estirarse puede reventarse y golpear con fuerza a sus extremos.
“En alguien tiene que caber la mesura, y la mesura significa: no vayamos al extremo. Al extremo de pérdida de vidas humanas, al extremo de que este conflicto vaya a tener una solución autoritaria indeseable”, dijo.
También se refirió al levantamiento armado protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994 y recordó que el conflicto terminó con un diálogo entre los insurgentes y el Estado, lo que demuestra que “hay formas diferentes de resolver los conflictos”.
Explicó que su llamado al gobierno federal (al que no se refirió explícitamente) a que no le apuesta a una salida autoritaria es porque “siempre hay que adelantarnos, como seres pensantes, en la ruta de cómo irá a terminar este conflicto, para atajar, para frenar cualquier salida autoritaria”.
En aparente alusión a una estrategia de cambio del régimen político por métodos violentos que presuntamente se impulsaría desde el movimiento de los padres de los desaparecidos y los normalistas de Ayotzinapa, Rogelio Ortega insistió en que la democracia es la vía para la gobernabilidad de los pueblos, aunque en México sea la más cara del mundo “pero es más cara la guerra en destrucción de bienes materiales y en pérdida de vidas humanas”.
Se refirió al enfrentamiento ocurrido entre policías federales con estudiantes normalistas el 14 de diciembre cuando se organizaba un concierto en Chilpancingo y a la marcha que hicieron los vecinos de Ayutla el 17 de diciembre para demandar la salida de los militares, y dijo que en esas ocasiones es cuando se preocupa de que se llegue a los extremos y haya pérdida de vidas humanas. El gobernador dijo que el aniversario por la represión de un gobierno autoritario hacia un movimiento popular deber servir de reflexión ante lo que vive la entidad. “El conflicto de esta crisis comenzó la trágica noche del 26 y 27 en Iguala, y ahí la tenemos en expresiones, algunas de ellas inusitadas, con el coraje, con la pérdida de confianza y de credibilidad en las instituciones y sus gobernantes, con el dolor y el luto, también con la esperanza y fe de encontrar con vida a los muchachos desaparecidos en esa tragedia”, resaltó.
“Con la fe en que se haga justicia, una justicia real, verdadera, a fondo y ejemplar, porque para que llegue la paz democrática, para que podamos reconstruir el tejido social en Guerrero y en México, primero se tiene pasar por la justicia”.
Imploró entonces “a los líderes del movimiento para que no vayan en la ruta de la confrontación ni en la ruta de herir a terceros” porque eso no ayuda a Guerrero y recordó a quienes se oponen a las manifestaciones que las leyes mexicanas “consagran el derecho de la libre manifestación, de petición, de crítica, de exigencia a nuestras autoridades, pero también donde termina nuestro derecho inicia el derecho de los demás”.
Es la primera vez que un gobernador asiste al homenaje conmemorativo de los caídos de 1960, que organiza la UAG año tras año en la alameda Granados Maldonado, que ayer estuvo resguardada por decenas de policías estatales durante las dos horas que se prolongó el acto.
En su discurso, el gobernador dijo que desde hace 12 años el crimen organizado penetró el tejido socia, instituciones y municipios rurales en México y en el caso del estado, en los que colindan con la Sierra, “el crimen comenzó a vender droga, invirtió para lavar dinero, penetró a los partidos políticos y no sólo se conformaron (los narcotraficantes) con financiar campañas, tomaron la decisión de postularse a sí mismos como candidatos, el caso emblemático es el presidente municipal de Iguala”, José Luis Abarca Velázquez, preso en el penal de Alta Seguridad del Altiplano y señalado por sus vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos al que la PGR atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ortega señaló que el Ejército “es una institución construida como columna vertebral de los estados naciones para la defensa de su soberanía, entrenados y disciplinados a sus mandos pero con esa esencia, el problema es cuando decisiones políticas autoritarias irresponsables le ordenan a nuestro Ejército nacional que atenten en contra del pueblo”.
Expresó que los militares también son parte del pueblo, sin embargo, se encuentran dentro de una institución que recibe órdenes, la mayoría de las veces “son órdenes de políticos irresponsables con vocación autoritaria” y ejemplificó su declaración con la masacre del 30 de diciembre de 1960, que tuvo lugar en la alameda Granados Maldonado.
Recordó que cuando los familiares de los 42 normalistas desaparecidos protestaron en Ayutla de los Libres y exigieron la salida del Ejército el 17 de diciembre, “cortaron cartucho los militares, en Ayutla se estuvo a un punto de otra matanza, sumar más muertos a Guerrero”.
Manifestó que en esa fecha, “en Ayutla estamos monitoreando, estamos mensajeando y estamos en contacto con líderes que están ahí preocupados y decir ‘no vayan a reventar la liga’, llega un momento en que en alguien debe de caber la mesura y la mesura significa no vayamos al extremo de pérdida de vidas humanas, de que este conflicto vaya a tener una solución autoritaria indeseable”.
Puntualizó que la ley consagra el derecho a la manifestación y exigencia a las autoridades pero también “donde termina nuestro derecho inicia el derecho de los demás y yo, apelo, imploro a los líderes del movimiento (de Ayotzinapa) para que no vayan en la ruta de la confrontación, ni en la ruta de herir a terceros, no le ayuda a Guerrero”.
Añadió que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa habría pasado inadvertido, al igual que otros en los que las familias no denunciaron los levantones por miedo, pero “se encontraron (los delincuentes) con un colectivo gregario, organizado, con tradición de lucha, y por eso es que no quedó inadvertido y se convirtió en detonante de la crisis política y social que hoy se vive”.
Durante el discurso del gobernador, una de las asistentes a la ceremonia mantuvo en alto a la vista un cartel en el que se leía “Nos faltan 43”, el cual no pasó inadvertido por el gobernador, quien apuntó que la cifra no se debe olvidar, así como tampoco el 6 por los asesinados durante la masacre en Iguala y los 25 heridos.
El luchador social, Pablo Sandoval Cruz, de 96 años, se proclamó a favor de la lucha de la Normal Rural de Ayotzinapa y envió su solidaridad a los familiares de los 42 normalistas que permanecen en calidad de desaparecidos, y concluyó su mensaje con la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Por su parte los integrantes del Comité de Huelga de 1960, Jesús Araujo Hernández y Constantino Salmerón Catalán, recordaron los inicios del movimiento por conseguir la autonomía de la universidad, así como las pérdidas de vidas que hubo durante el mismo por la represión del Ejército, pidieron justicia para los casos similares y ambos concordaron en que se debe de evitar que sigan ocurriendo crímenes de tal magnitud en Guerrero.
Al acto también asistieron la presidenta del Patronato del DIF Guerrero Marxitania Ortega Flores, el diputado local del PRD Ricardo Ángel Barrientos Ríos, además de catedráticos y funcionarios de la UAG.