Liberar a los presos y resolver los asesinatos políticos, deber de Ortega Martínez: Tlachinollan

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El deber del gobernador Rogelio Ortega Martínez es resolver la crisis política y social que enfrenta Guerrero mediante la liberación de presos y el esclarecimiento de los asesinatos políticos que ocurrieron durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, así como la solución al caso de Ayotzinapa, declaró el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Señaló que la creación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo Sustentable de Guerrero, que anunció el jueves el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, “es una copia de la comisión que armó Ángel Aguirre Rivero, están retomándola”.
Rosales Sierra se refirió a la comisión para la paz y el desarrollo en Guerrero que fue propuesta y creada por Aguirre Rivero en febrero de 2013, “junto con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, con la federación y hoy de nueva cuenta es retomada, es decir, con dinero este gobierno federal y el títere gobernador (Ortega Martínez) pretende resolver un problema en el que la clase política está corrompida”.
Dijo que Ortega Martínez fue impuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, “tan lo puso Peña Nieto que aquí anda su maletera Rosario Robles, cargándole la maleta (a Ortega), diciéndole a qué acto tiene que ir”.
Expresó que “la realidad va a rebasar a este gobernador (Ortega) farsante, más tarde que temprano, aún con todo su dinero, los problemas lacerantes que viven en Guerrero van a rebasar a este ingenuo gobernador”.
Declaró que es preocupante que Ortega Martínez “no tenga la fuerza suficiente, la legitimidad suficiente como para marcar una política diferente, identificada con la izquierda, es decir, que este gobierno se ponga del lado de las víctimas, de las organizaciones en la vía de los hechos y no de las palabras”.
Añadió que el gobernador tiene que liberar a los 16 presos políticos y hacer justicia por todos los crímenes cometidos durante el mandato de Aguirre Rivero, “estamos hablando de 13 homicidios de luchadores sociales que están sin resolverse”, y finalmente resolver el caso de Ayotzinapa.
Manifestó que en el caso de la liberación de los presos políticos la ley de amnistía que propone el gobierno del estado “es inoperable” debido a que en caso de que a los luchadores sociales se les adjudique un delito del fuero federal, dicha ley no incluye ningún apartado mediante el cual se consiga la libertad por medio de la misma.
Criticó que Ortega Martínez hable de la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero en 1960, “como si eso per se implicara un cheque en blanco para el gobernador, él está aquí no para desarrollar un programa de gobierno, no le queda tiempo para poder desplegar y desarrollar un programa de gobierno, lo pusieron aquí para resolver la crisis política que hoy enfrentamos”.
Finalmente, hizo un exhorto a las organizaciones que conforman la Asamblea Nacional Popular, para que no utilicen el movimiento por la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa como una vía para establecer diálogo con el gobierno estatal a través de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo Sustentable de Guerrero.