Lanzó Ortega una amenaza, replican padres; se usará la fuerza si se rebasan los límites: Cienfuegos

* Su lucha es digna y pacífica y la continuarán, responde el vocero del movimiento, Melitón Ortega a declaraciones del gobernador

* “Se refiere al Ejército, es el que clama por una salida represiva del conflicto, es el que clama sangre”, advierte Vidulfo Rosales
*“Yo creo que el gobernador del estado ha sido muy claro” de que se garantizará el desarrollo del proceso electoral, señala el secretario de Gobierno

* Se negocia con la CETEG?y el MPG para que liberen instalaciones, dice

* Insiste el INE de Guerrero en el diálogo con normalistas, a pesar de la negativa de padres

* Propone el especialista Nicomedes Fuentes ciudadanizar la investigación por la desaparición de los normalistas

La declaración de Rogelio Ortega “es una  amenaza”, advierten padres de los normalistas

Su lucha es digna y pacífica y la continuarán, asegura el vocero Melitón Ortega. “Se refiere al Ejército, es el que clama por una salida represiva del conflicto, es el que clama sangre”, dice Vidulfo Rosales

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El representante de los padres de familia de los 42 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega, dijo que “es una amenaza” la declaración del gobernador Rogelio Ortega Martínez, quien el jueves pasado advirtió que los dirigentes del movimiento por los normalistas son ingenuos si creen que no puede haber represión.
Ortega Martínez señaló que los líderes del movimiento por la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa “son ingenuos, porque por supuesto que hay quienes sí están decididos a dar esa orden (de disparar en su contra)”, además afirmó que existen grupos radicales que “quieren que haya más muertos para lograr la salida del presidente Enrique Peña Nieto”.
Al respecto, Melitón Ortega declaró que a pesar de que el gobierno federal y el estatal han dicho que no van a reprimir a los manifestantes, “el comportamiento de los dos niveles de gobierno han demostrado que han agredido a los ciudadanos, a los manifestantes, incluso a los padres de los normalistas, en la ciudad de Chilpancingo fueron agredidos, nosotros rechazamos ese tipo de comentarios que en nada nos ayuda, sólo aumenta nuestra desesperación y el conflicto”.
“Es una amenaza, pero aun así con esa advertencia, esa amenaza que están haciendo (las autoridades), nosotros seguiremos, como lo hemos dicho, nuestra lucha ha sido digna, pacífica y lo que exigimos no es asunto político, nuestra exigencia es presentación con vida de nuestros hijos, que se nos haga justicia y que se esclarezcan los hechos”, expresó.
Por su parte el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que “no es ingenuidad, es valentía de los padres y todo el movimiento tiene una convicción inquebrantable de continuar adelante a la lucha pese a las consecuencias represivas que se cierren”.
Señaló que cuando Ortega Martínez afirmó que “hay quienes sí estarían dispuestos a disparar, a reprimir, él se refiere al Ejército Mexicano, hoy en día el Ejército es el que clama por una salida represiva del conflicto, es el que clama sangre, está viendo que esta gran movilización social puede detonar en una transformación social significativa y lo que está haciendo es querer contener”.
Aseguró que las autoridades civiles “le están cediendo el poder al Ejército para que ellos hagan eso (reprimir a los manifestantes), a nosotros nos queda claro y vamos a aceptar las consecuencias de la represión como venga, si por buscar y exigir la presentación con vida de los estudiantes van a asesinar a los padres de familia, los van a encarcelar, van a encarcelar a los estudiantes, van a matar a más estudiantes, estamos dispuestos a correr el riesgo, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”.
Manifestó que la declaración de Ortega Martínez “es una amenaza expresa que está haciendo el gobernador al movimiento, pero detrás de esa amenaza, lo cierto es que sí hay dentro del poder público voces que se inclinan por una salida violenta y una de esas voces es la del Ejército Mexicano”.
“Lo cierto es que mientras no aparezcan los 42 estudiantes, obviamente el enojo de los padres de familia, de los normalistas, la indignación va creciendo en este país, eso es lo que al gobernador no le queda claro, no es que haya gente interesada en provocar una confrontación para su caída, a nosotros no nos interesa la caída de este títere gobernador”, concluyó.
Ayer al mediodía, los padres de familia de los 42 normalistas que permanecen en calidad de desaparecidos, en compañía de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y Rosales Sierra, acudieron a la caseta de Palo Blanco para llevar a cabo una campaña informativa acerca del caso de la detención-desaparición de sus hijos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Algunos de los normalistas tenían el rostro cubierto por playeras y pañuelos, mientras que los familiares de los desaparecidos portaban lonas con los retratos de sus hijos y repartían volantes a los conductores que atravesaban la caseta de Palo Blanco, mientras que los padres de familia informaban mediante megáfonos que “ya son más de tres meses y no sabemos nada de nuestros hijos”.
También estuvieron aceptando cooperación económica voluntaria de los conductores, que serán destinadas a cubrir los gastos del movimiento; en cuanto a estos recursos, Melitón Ortega precisó que la actividad que realizaron los padres de familia en la caseta fue únicamente con la intención de informar a la sociedad acerca de la desaparición de los normalistas, “a nadie se le está obligando a cooperar”.

Se usará la fuerza cuando la movilización
normalista rebase límites, advierte el gobierno

“Yo creo que el gobernador del estado ha sido muy claro” de que garantizará el desarrollo del proceso electoral , dice David Cienfuegos. Hay diálogo para que la CETEG libere instalaciones, afirma

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

El secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, manifestó que cuando “se rebase el límite”, el gobierno estatal podría hacer uso de la fuerza pública para contener las manifestaciones encaminadas a entorpecer el proceso electoral.
Consultado ayer en la Alameda Granados Maldonado, donde asistió en representación del gobernador Rogelio Ortega Martínez para atestiguar el inicio del recorrido de la Guelaguetza, el funcionario estatal aseguró que el gobierno de Guerrero está generando las condiciones para el buen desarrollo del proceso electoral.
Explicó que desde hace un mes las autoridades se han reunido con todos los órganos electorales para analizar la situación a la que se enfrentan por el conflicto social que priva en Guerrero ante la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Recordó que para facilitar los trabajos de los consejos distritales y el Consejo Local, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en días pasados un punto de acuerdo en el que faculta a las autoridades electorales de Guerrero a sesionar en sedes alternas.
Respecto a la solicitud que envió el presidente del Consejo Local del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, a él y al gobernador, David Cienfuegos dijo que no ha recibido aún el documento, pero insistió en que ya hay acciones para atender la demanda del órgano electoral.
Se le preguntó sobre acciones concretas y respondió que el gobierno estatal está generando diálogos con las organizaciones sociales que se han movilizado para exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos y que han advertido con boicotear las elecciones del 2015.
Dijo que este acercamiento continuará para que a la brevedad posible sean liberadas las instalaciones que fueron “clausuradas” por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), como es el caso del distrito 07 de Chilpancingo, el 05 de Tlapa y el 08 de Ayutla de los Libres, además de la sede del Consejo Local.
Recordó que en cada proceso electoral el gobierno estatal brinda seguridad a los órganos cuando estos recepcionan papelería electoral, incluso para este 2015 dijo que los candidatos que lo soliciten tendrán resguardo policiaco.
Sobre el riesgo de que no se lleven a cabo las elecciones, dijo que es una obligación de las autoridades electorales, así como de los tres niveles de gobierno, generar las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda votar.
Aunque dijo que el derecho a la manifestación está garantizado para todos los guerrerenses, señaló que cuando exista la necesidad podrían recurrir a la fuerza pública para garantizar las elecciones.
“Yo creo que el gobernador del estado ha sido muy claro, el límite para todas estas manifestaciones, el ejercicio de este derecho ciudadano, es precisamente lo material, si hay necesidad de utilizar la fuerza pública va a ser cuando se rebase ese límite”, expresó.
Respecto a la petición que hicieron dirigentes el jueves en la reunión previa a la instalación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo Sustentable de Guerrero, por la liberación de los presos políticos, entre ellos la comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRCA) en Olinalá, Nestora Salgado, dijo que ese tema ya se está tratando.
Explicó que las autoridades estatales se han reunido con familiares de Nestora Salgado y legisladores que promueven la libertad de los presos políticos.
“Ha habido solicitudes de audiencia por parte de familiares de Nestora y diputados federales, se les ha dado el trámite que siempre se da: recibirlos, platicar con ellos. Hay acercamientos en el sentido de apoyar mediante algunas estrategias que se han solicitado, la defensa de Nestora específicamente”, dijo.
-¿Hay posibilidades de que los presos políticos sean liberados? -se le preguntó.
-Yo creo que al finalizar los procesos judiciales que siguen en su contra tendrá una respuesta la ciudadanía.

Insiste el INE de Guerrero en el diálogo con
normalistas, a pesar de la negativa de padres

Ofrece su presidente David Alejandro Delgado Arroyo ser exigente “con las autoridades que les corresponde la persecución del delito” y “con los partidos políticos de que deben proporcionar toda la información de sus candidatos”

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

A pesar de la negativa de los padres de los normalistas desaparecidos a hablar con las autoridades electorales, el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo, insistió en que está abierto al diálogo con las organizaciones que se han manifestado en contra de las elecciones.
A través de su cuenta personal de Facebook, Delgado Arroyo ofreció ser exigente “con las autoridades que les corresponde la persecución del delito” y “con los partidos políticos de que deben proporcionar toda la información de sus candidatos”.
En su mensaje estaba adjunto el link de la nota que se publicó ayer en estas páginas titulada “Nada tiene que explicar el INE, dicen padres del llamado a cancelar elecciones”.
En esa nota el presidente del comité de padres de alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, pidió a los consejeros del distrito 09 de Acapulco, que llamaron al diálogo a las organizaciones para que den y escuchen los argumentos para cancelar y promover los comicios en 2015, que “no se hagan tontos” y reiteró su pronunciamiento en contra de las elecciones.
Al respecto, el presidente del INE en la entidad lamentó en su publicación los hechos violentos acontecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, en los que seis personas fueron ejecutadas y 43 normalistas detenidos-desaparecidos.
“No puedo menos que seguir expresando mi indignación por los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre pasado. Como lo he hecho en su momento, con todos aquellos crímenes que en el estado de Guerrero se han presentado por parte de gente sin escrúpulos al derecho a la vida”.
Entre estos casos recordó el “artero” asesinato del vocal del registro Federal de Electores del distrito 01 con cabecera en ciudad Altamirano, Jorge Ernesto Amaya Mejía, desaparecido y ejecutado en abril del año pasado en la región de Tierra Caliente.
“Ya desde aquel entonces manifesté mi preocupación por la situación deshumanizada del tejido social de Guerrero. Pero ayer como hoy no puedo menos que seguir insistiendo que no es con el rompimiento del Estado de derecho como se puede pedir justicia”.
Aseguró que el conflicto social que priva actualmente en Guerrero por la desaparición forzada de los normalistas debe ser motivo de una discusión social que sirva para perfeccionar a las instituciones.
“Esa amplia discusión social en donde el pueblo en su conjunto se encuentre involucrado, y no sólo los que salen a las calles a manifestar una causa; ya que esta discusión sólo se puede dar a través de las elecciones”.
Informó que, según el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado por el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) –hoy INE- y El Colegio de México, sólo 6 de cada 100 ciudadanos han participado en protestas o manifestaciones públicas.
Con la misma fuente, el funcionario electoral explicó que sólo 3 de cada 100 ciudadanos han participado tomando o bloqueando lugares o instalaciones públicas. Expresó que estos datos no demeritan esta forma de “participación no electoral”, sin embargo aseguró que sólo en las elecciones participa un número mayor de ciudadanos, superior a cualquier otro tipo de medio.
“Además es el único momento en que todos los ciudadanos alcanzamos un nivel de igualdad en la participación; de manera que el valor del voto del hombre o mujer más rico o influyente de México, es igual al del más pobre o menos influyente de México”.
Delgado Arroyo  pidió que “no nos equivoquemos”, e insistió en que los procesos electorales ayudan a discutir los grandes problemas nacionales.
“Es sólo con el diálogo y la participación que se construye democracia. Jamás se construye democracia con la imposición de un solo punto de vista, ni en situaciones que no son incluyentes de todos los miembros de una comunidad”.
El presidente del INE dijo estar abierto al diálogo con las organizaciones que se han manifestado en contra del proceso electoral y explicar la importancia de que los comicios se lleven a cabo el próximo 7 de junio.
“Particularmente estoy abierto al diálogo, sí hay temas que discutir con quienes no quieren elecciones, para canalizar esa fuerza tan importante de inconformidad, hacia la construcción de una mejor sociedad donde jamás pero jamás vuelvan a ocurrir sucesos tan abominables como los de Iguala”.
Como representante del órgano electoral, se comprometió a someter a la vigilancia “escrupulosa de los movilizados” cada una de las etapas del proceso electoral mediante la figura de observadores electorales.
Dijo que el INE será facilitador de campañas con menos propaganda y más debate, orientar el debate hacia los temas que preocupan a la sociedad guerrerense y ser exigentes con las autoridades que les corresponde la persecución del delito.
Delgado Arroyo dijo que también serán exigentes con los partidos políticos para que proporcionen toda la información de sus candidatos.
Además dijo que es mejor la anulación del voto que el rompimiento de la boleta, como lo propusieron los consejeros electorales del distrito 09 de Acapulco, “y que es mejor la anulación del voto a la no realización de las elecciones”.
Finalmente, explicó que si se suspenden los comicios del 2015 se estaría anulando un derecho humano “fundamental y los derechos humanos no pueden ser sólo los que a una parte de la sociedad convenga, porque eso sí se llama autoritarismo, cuando en nombre de un derecho humano, se sacrifican los demás. Vamos a dialogar”.

Propone Nicomedes Fuentes ciudadanizar la
investigación por la desaparición de los normalistas

Lo que pasó en Iguala fue un delito de lesa humanidad, una ejecución, una situación arbitraria y un crimen de Estado en el que tuvieron responsabilidad desde el gobierno municipal, el estatal y el federal, afirma el experto, integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad. Ante las sospechas de que hubo responsabilidad de servidores públicos de los tres niveles de gobierno habrá desconfianza en los resultados, argumenta. Las fosas en Iguala se descubrieron cuando entró la Policía Ciudadana “entonces yo creo que son los ciudadanos los que tenemos que resolver el problema y tenemos que replantear la situación”, considera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ante las sospechas de que hubo participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno en los ataques ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala y en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (ahora 42 tras la identificación de los restos de uno), el integrante de la disuelta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes García propuso la integración de una comisión de ciudadanos “de buena fe” para que investigue por separado.
El ex preso político y ex integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), entrevistado en las que fueron oficinas de la Comverdad en Chilpancingo, declaró que lo que pasó en Iguala fue un delito de lesa humanidad, una ejecución, una situación arbitraria y un crimen de Estado en el que tuvieron responsabilidad desde el gobierno municipal, el estatal y el federal.
Además expresó que ante las sospechas de que hubo responsabilidad de servidores públicos de los tres niveles de gobierno en los hechos contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa habrá desconfianza en los resultados de las investigaciones, sean cuales sean, por lo que manifestó que “sería conveniente que se integre una comisión de ciudadanos de buena fe” para que realice una investigación paralela a la que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) y se conozca la verdad histórica y deje satisfechos a los familiares de las víctimas.
El tono de Fuentes García se percibe preocupado ante los acontecimientos que dejaron inicialmente 6 personas asesinadas, tres de ellos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como a un niño de 15 años jugador del equipo de futbol los Avispones, el chofer del autobús que transportaba a los deportistas y a una mujer que viajaba en un taxi. También se reportaron 25 personas heridas, la mayoría estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Posteriormente se supo de la detención y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de ellos Alexander Mora Venancio que ya fue identificado como otro más de los normalistas que se encuentra entre los asesinados.
Para el ex comisionado de la Comverdad éstos hechos de violencia “sólo son una gota que derramó el vaso de agua, porque hay una serie de hechos que ya habían venido ocurriendo en los últimos años en Guerrero”, como los que le tocó investigar en esa comisión.
Fuentes García, quien terminó sus funciones como comisionado al cumplirse el periodo el 17 de octubre del año pasado, adelantó que habrá consecuencias de la inestabilidad que se ha vivido después de los hechos violentos de Iguala por aquello de: “a río revuelto ganancia de pescadores” y añadió que detrás del movimiento puede haber un daño grandísimo como los que hubo en la época de la guerra sucia de los años sesentas y setentas en la entidad que dejó a más de 380 desaparecidos, entre ellos al campesino Rosendo Radilla Pacheco que llevó al Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
En la entrevista, el ex comisionado reflexiona: “en los movimientos sociales generalmente se insertan personas que provocan desórdenes y que cometen delitos, y a veces es el mismo Estado mexicano quien los inserta para provocar estos desórdenes y justificar la represión”.

Ayotzinapa: La gota que derramó el vaso

–¿Cuál es la evaluación que tiene de la situación que estamos viviendo en Guerrero?- preguntó el reportero.
–Me parece que los hechos ocurridos en Iguala son como una especie de gota que derramó el vaso de agua ante una serie de hechos que han venido ocurriendo en los últimos años. Nosotros vivimos una época parecida, con la diferencia de que entonces estaba muy claro que el responsable de las desapariciones forzadas era el Estado mexicano. Hay una diferencia con lo que ocurre ahora que se le echa la culpa a la autoridad, a la delincuencia organizada, o a ambas.
Por eso insiste que la sociedad tiene derecho a saber qué fue lo que pasó realmente y quiénes son los responsables, tanto materiales como intelectuales, y declaró que para ello es necesario que se integre una comisión civil y encuentre la verdad histórica para que los resultados dejen satisfechos no solamente a los familiares de las víctimas, sino a la sociedad en general.
–Representantes de algunos organismos civiles hablan de que en este caso hubo ejecución extra judicial, que hay detenidos-desaparecidos y que por tanto desde el momento mismo que participan policías municipales es un crimen de Estado, ¿Usted qué opina?- se le pregunta.
–Yo estoy totalmente de acuerdo, definitivamente es un delito de lesa humanidad, hay ejecución en tanto que disparan contra muchachos jóvenes desarmados que no estaban oponiendo una resistencia que pusiera en riesgo la seguridad de los cuerpos que iban armados, entonces realmente es una ejecución. La desaparición forzada es un delito contra la humanidad, se violaron los derechos humanos de las personas, no se les dio ninguna oportunidad de defenderse.
–Se habla de que los responsables son la delincuencia organizada, que son las autoridades municipales de Iguala, que el gobierno del estado fue omiso, que también hubo la participación del gobierno federal en la desaparición de los jóvenes y que fue omiso para evitar el segundo ataque, desde su punto de vista ¿Qué pasó?, ¿Quién es responsable?.
–Bueno, los responsables en un determinado territorio o jurisdicción son quienes están encargados de ese territorio, de esa jurisdicción, pero creo que son los tres niveles de gobierno: El federal, estatal y municipal, obviamente. El conflicto estalla por la parte más débil que es el municipal.
–El movimiento que demanda la presentación con vida de los 42 estudiantes pide la desaparición de poderes y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, ¿Creé que con eso disminuya la tensión social?
–Yo creo que la situación que se vive en Guerrero es un problema social grave y que los ciudadanos debiéramos participar más en la solución organizándonos más, generar más corriente de opinión, generar la fuerza necesaria para poder darnos una estructura, leyes y conductas diferentes.
“Yo creo que está rebasada la situación institucional hoy en día y que de alguna manera las personas que se están expresando hoy en las calles, en donde quiera, es porque por más delincuente que sea una persona no tiene por qué ser desaparecida o ejecutada”, agregó.
–Habla de la participación de la sociedad, de la organización, pero vemos que si está participando y hay manifestaciones, ¿Va por buen camino la sociedad para resolver un conflicto como este?
–Yo creo que debiera de haber sensibilidad de todos, en la sociedad tenemos un problema grave, yo me cuento entre ellos, y es el problema de la seguridad. Algunos se están expresando de manera muy radical, creo que en algunos momentos hasta se cometen delitos pero la sociedad en general está pensando en la paz, en la tranquilidad, en la búsqueda de caminos legales que permitan resolver este problema, y yo creo que en ese sentido también la autoridad tiene que darle el espacio a ese tipo de expresiones.
–Cuando hay sospechas de que hubo la intervención del Estado en estos hechos ¿Debería de haber confianza en que van a resolver el asunto, digamos que lo van a esclarecer?
–Mira, la confianza se gana, nosotros acabamos de vivir una experiencia como Comisión de la Verdad, estuvimos en el campo, pudimos accesar a las comunidades de la sierra que es una sierra llena de riesgos, pero creo que ganamos confianza en la gente y nos comenzó a aportar información importante para el tema que estábamos investigando, y entonces eso no lo logró de alguna manera la comisión de Derechos Humanos en la época que le tocó investigar, tampoco lo logró la Fiscalía Especial. Si hubiese la confianza del pueblo de Guerrero hacia las autoridades no habría ningún problema, estaríamos felices todos seguramente, pero no se ve que exista esta situación, yo creo que no la hay.
–¿Usted cree que sería conveniente una comisión civil que investigue para que haya confianza en los resultados y conocer la verdad?.
–Yo le apuesto más a ciudadanos de buena fe, a que pudieran realizar su investigación. Mira, las fosas en Iguala se descubrieron cuando entró la comunitaria (Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) desarmada y son campesinos que saben moverse en el campo, que fueron peinando los cerros y que fueron encontrando las fosas, pero de parte de las autoridades pues no hay una situación así, entonces yo creo que son los ciudadanos los que tenemos que resolver el problema y tenemos que replantear la situación.
Concluyó: “Yo creo en la organización de los ciudadanos y a lo mejor las propuestas pueden parecer descabelladas o fuera de lugar porque se está en la otra mira, pero los partidos políticos están preocupados por ganar las elecciones y las autoridades responden a los partidos políticos, e igual están en buscar estrategias para convencer o comprar votos”.