Benefició gestión peñista a Higa durante los últimos 12 años, denuncia Encinas
Agencia Reforma
Ciudad de México
Durante los últimos 12 años, las empresas propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú obtuvieron del Gobierno del Estado de México contratos por alrededor de 23 mil millones de pesos, denunció el senador Alejandro Encinas.
En su libro Política, negocios y poder, el legislador del PRD asegura que, dichos contratos y operaciones de recursos, son evidencia de las “contraprestaciones” o mecanismos de “asociación” entre las empresas beneficiarias y los gobiernos y políticos que los asignan.
“Es el sonado caso de la ‘Casa Blanca’, en Lomas de Chapulte-pec, propiedad original de Inge-niería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, la cual tiene un valor aproximado de 86 millones de pesos, y que se acredita como su propiedad la señora Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto”, señaló.
En el libro, elaborado para analizar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Encinas sostiene que Hinojosa es “otro de los empresarios del núcleo cercano al régimen”.
Detalla que el inversionista es propietario de la Constructora Teya-IGSA, Grupo Higa, Publicidad y Artículos Creativos, Autopistas de Vanguardia S.A., Consorcio IGSA Medical del Perú y Eolo Plus.
El legislador refiere que Autopistas de Vanguardia construye la Toluca-Naucalpan, por 2 mil 200 millones de pesos, así como la ampliación del hangar presidencial, asignado a la constructora Teya, por 945 millones de pesos.
Asegura que el contrato asignado a Eolo Plus –empresa encargada de los traslados aéreos de Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial– alcanzó los 30 millones de pesos.
Durante la administración de Peña Nieto en el Estado de México, agrega, el Grupo Higa participó en las obras del Viaducto Elevado Bicentenario, la carretera Toluca-Naucalpan, el Par Vial Metepec y la autopista Toluca-Atlacomulco.
El perredista sostiene que los contratos incluyeron la construcción de unidades médicas, la remodelación del estadio universitario de la UAEM, el estacionamiento del aeropuerto de Toluca, el libramiento a Acambay y campañas publicitarias para el gobierno local.
En su libro, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal demanda revisar la existencia de conflicto de intereses a partir de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
“El artículo 8, numeral XII, señala que los funcionarios públicos deberán abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes inmuebles o muebles”, cita.
Encinas señala que, de acuerdo con la legislación vigente, habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.
Según el legislador, el Grupo Higa tiene asignados también, con diversas filiales, por lo menos seis proyectos millonarios, entre ellos la construcción del Acueducto 6, en Monterrey, con un costo de 47 mil millones de pesos, a pagar a los próximos 27 años.
Asimismo le fue otorgada la ampliación de la carretera Guada-lajara-Colima, por 417 millones de pesos, y el contrato para el túnel Churubusco-Xochiaca, que conecta al Distrito Federal con el Estado de México, por 2 mil 556 millones de pesos.




