HRW exige a Obama que pida cuentas a Peña Nieto por Tlatlaya y Ayotzinapa

Agencia Proceso

Ciudad de México

Human Rights Watch (HRW) exigió ayer al presidente Barack Obama que pida cuentas a Enrique Peña Nieto sobre la “crisis de derechos humanos por la que atraviesa México” y que ha tenido su máxima expresión en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
En una carta entregada en la Casa Blanca en víspera del encuentro entre los mandatarios estadunidense y mexicano, la organización internacional apuntó que los dos casos mencionados no son aislados; “reflejan –subraya— un patrón de abusos e impunidad y son en gran parte consecuencia de que el gobierno de Peña Nieto no ha tomado con seriedad la gravedad de la situación actual”.
Firmada por José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, la misiva pone énfasis en las omisiones del gobierno de Peña Nieto, mismas que para la organización deberían ser tomadas en cuenta por parte del gobierno estadunidense para hace efectiva la cláusula de derechos humanos que condiciona la entrega del 15% de la Iniciativa Mérida a México.
Vivanco recuerda que desde 2007 Estados Unidos ha autorizado 2 mil millones de dólares como parte de la Iniciativa Mérida, destinados para “capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad mexicanas”.
En la comunicación, Vivanco resalta que México llamó la atención internacional por “esas dos atrocidades”, la masacre de Tlatlaya y la desaparición de los normalistas, y pese a que hay detenidos el gobierno federal actuó con tardanza, y el caso de la ejecución extrajudicial, se pretendió “encubrir la participación delictiva de militares (…) torturando a testigos obligándolas a presentar testimonios falsos”.
Hechos como los anteriores, apuntó Vivanco, se han registrado en México desde que en 2007 el presidente Felipe Calderón lanzó su “guerra contra el narcotráfico, sexenio del que HRW pudo documentar 149 desapariciones forzadas, amén de que expertos en derechos humanos de Naciones Unidas confirmaron que “la tortura es una práctica ‘generalizada’ en el país y que ha habido ‘numerosas’ ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad”.
El activista apuntó que pese a que Peña Nieto reconoció la herencia que en materia de derechos humanos le dejó su antecesor y se comprometió a corregir la situación, “en la práctica su gobierno no ha concretado sus propias iniciativas”, siendo el mejor ejemplo la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en 2013, a la que “en vez de fortalecer a esta unidad, el gobierno decidió reducir drásticamente su presupuesto”, lo que derivará en “más abusos y más impunidad”.
Vivanco recriminó a Obama que aun cuando el país más poderoso del mundo podría apoyar a su vecino del sur a superar la crisis, ha dado “el mensaje equivocado al no exigir el cumplimiento de requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida”.
Le recordó que de acuerdo al convenio estipulado entre ambos países en ese proyecto creado para combatir la delincuencia organizada, el 15% de los fondos aprobados “está supeditado al cumplimiento por parte de México de una serie de requisitos básicos de derechos humanos que incluyen asegurar que se investiguen y juzguen los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad”.
Dicha cláusula, agrega el defensor en su carta, no se ha hecho efectiva pese a “las evidencias inequívocas –incluidos casos documentados en los informes del propio Departamento de Estado—de que México ha incumplido esos requisitos”.
En nombre de HRW, el defensor recomendó a Obama a que pida a Peña Nieto “que explique exactamente qué medidas está adoptando para asegurar que México persiga penalmente a los responsables de graves abusos”, así como “dejarle en claro que si México no logra demostrar resultados significativos en el juzgamiento de delitos que constituyen violaciones de derechos humanos”, Estados Unidos ya no certificará a México que reciba fondos de la Iniciativa Mérida.