Netzahualcóyotl Bustamante Santín

Migración mexicana y deportaciones a la baja

Este día, cuando se encuentren Barack Obama y Enrique Peña en la primera visita del mexiquense a Washington en 25 meses de gobierno, los dos temas que dominarán su entrevista serán el caso Ayotzinapa y la acción ejecutiva del mandatario norteamericano del 20 de noviembre que ofrecería alivio migratorio a casi cinco millones de indocumentados residentes en aquel país.
La inexplicablemente cautelosa política exterior del gobierno mexicano respecto al debate de la reforma migratoria en Estados Unidos, al no fijar postura en un tema fundamental en la relación de ambos países con la excusa de que era un asunto interno, tan sólo fue modificada horas después de emitido el anuncio de Obama que beneficiaría en buena medida a la población de origen mexicano.
En un reporte divulgado el mismo día del mensaje presidencial, el Pew Research estimó que habrían de beneficiarse unos 3.9 millones de indocumentados, del total de 11.2 que viven en esa circunstancia en Estados Unidos. De esos 3.9 millones, dos terceras partes (2.6 millones) son de origen mexicano (véase un análisis propio en El Sur, 26/11/14).
En resumen, la proposición de Obama consiste en ofrecer residencia temporal y permiso de trabajo de hasta tres años a aquellos cuyos hijos hayan nacido en Estados Unidos, con lo que se frenaría significativamente la agresiva política de deportaciones que se agudizó en la actual administración de la Casa Blanca.
Insistentemente se ha dicho que Obama es el presidente con el mayor número de deportados en su gestión, al expulsar a más de 2 millones de personas que han tomado el camino a casa después de vivir desde uno hasta 15 años en Estados Unidos dejando a sus hijos-ciudadanos allá. Simultáneamente se atascó en la Cámara Baja una propuesta de ley de reforma migratoria que otorgaría ciudadanía, y no sólo residencia temporal, a todos los indocumentados en Estados Unidos es decir, 11.2 millones.
Por eso, el anuncio del presidente del 20 de noviembre tenía el doble propósito de acallar las críticas ante la ofensiva de deportaciones y de recuperar oxígeno político ante el duro revés propinado en su contra en las elecciones del 4 de noviembre pasado, cuando los republicanos se afianzaron en la Cámara de Representantes y recuperaron el dominio del Senado.
Aunque no es la panacea, la medida evitará la abierta persecución en contra de nuestros connacionales que viven ante el permanente temor de ser arrestados y deportados sin mayor trámite. Y a eso, el gobierno mexicano sólo ha respondido con un tímido gesto de reconocimiento, a pesar de que los mayormente beneficiados serán los nacidos aquí.
Mientras tanto, el temor de ser detenido al cruzar la frontera sin papeles ha inhibido el intento de los paisanos por ingresar a Estados Unidos. El 30 de diciembre el Pew Research difundió un relevante análisis que señala que, por primera vez desde que se tiene registro, en 2014 fueron detenidos por la patrulla fronteriza más personas de otras nacionalidades (257 mil) que mexicanos (229 mil) en la frontera al intentar cruzar sin papeles.
El centro de análisis, que se documentó con estadísticas de los últimos 60 años de la patrulla fronteriza, revela que en 2007 (un año antes de la crisis económica en Estados Unidos) los números eran “dramáticamente diferentes”, cuando las aprehensiones mexicanas en la frontera ascendieron a 809 mil en comparación con 68 mil de otras nacionalidades.
Según el Pew, las detenciones de mexicanos alcanzaron su pico en 2000 con 1.6 millones, y que la última vez que el número de detenciones mexicanas fue tan bajo ocurrió en 1970, cuando autoridades migratorias estadunidenses capturaron a 219 mil.
Se explica que el inusual incremento de aprehensiones de otras nacionalidades se debe a la “oleada de migrantes menores no acompañados centroamericanos” con una cifra récord que contabilizó 52 mil en 2014 procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, más del doble que en 2013.
Mientras que la “gran ola de migración de México”, como califica al éxodo de migrantes a Estados Unidos, tuvo vigencia desde los años 80 y hasta la gran recesión de 2008, según el informe divulgado en Washington en el crepúsculo del fatídico 2014.
Refiere que al tiempo que menos migrantes indocumentados intentan cruzar la frontera, los que ya se encuentran en Estados Unidos se están quedando, pues tienen un promedio de 13 años de estancia en aquel país, contra ocho que tenían hace una década.
Anteriormente, el mismo centro de estudios reportó que la mayoría de los mexicanos que han retornado obligadamente tenían menos de un año de vivir en Etados Unidos, lo que significa que fueron detenidos en la frontera. Y si está bajando el número de mexicanos que se van de aquí sin documentos, entonces se entiende porqué la cifra de repatriados también va a la baja (porque es menor el número de detenidos al cruzar).
Guerrero es ejemplo de ello. Durante 2010 fueron repatriados 35 mil 785 personas de origen guerrerense de Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Gobernación. En 2013 la cifra se ubicó en 26 mil 147, y en 2014 fueron repatriados de aquel país 19 mil paisanos.
Es decir, en cuatro años el número de deportados originarios de nuestro estado bajó en casi 100 por ciento. Y se prevé que ese comportamiento a la baja se mantenga en estos años si se considera el impacto que tendrá la acción ejecutiva del mandatario norteamericano.
Este día en la Casa Blanca, Peña Nieto tendrá la oportunidad de cambiar la excesivamente prudente actitud que ha mantenido su gobierno con respecto a las medidas de su par estadunidense y concluir que, si bien no es una concesión, es un reconocimiento a la aportación que millones de mexicanos hacen diariamente a la economía de aquella nación. El compromiso de apoyar a sus paisanos lo hizo en su primer encuentro con ellos en Los Ángeles en agosto, como lo reseñé en estas páginas. Hoy podrá demostrar si sigue en la misma postura.