En la investigación hay elementos para acusar penalmente a Aguirre, dice Tlachinollan

*Responsables clave de los hechos de Iguala siguen prófugos, señala Vidulfo Rosales sobre la detención de la esposa del ex alcalde

Lourdes Chávez

Ayotzinapa / Tixtla

En la investigación consignada por la masacre y desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala hay elementos que implican responsabilidad penal del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Consideró que en lugar de reanudar su carrera política, el ex gobernador debería deslindarse en la Procuraduría General de la República (PGR), luego de su aparición pública con miras a las elecciones de 2015, junto al presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, y al secretario general Jorge Salgado Parra, en la ciudad de México.
En cuanto a la consignación de la esposa del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa, aclaró que su proceso no contribuye a la localización con vida de los estudiantes detenidos-desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre en Iguala.
No obstante, señaló que es un paso importante para el deslinde de responsabilidades, pero las detenciones claves para localizar a los estudiantes son la del director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez; del director de la Policía Municipal, Jesús Valladares, y la del lugarteniente del grupo delictivo Guerreros Unidos,  Gildardo López Astudillo, conocido como El Gil, que siguen prófugos.
Recordó que según la línea de investigación más avanzada de la PGR, ellos operaron la desaparición de los 43 estudiantes, y pueden aportar mucho sobre el paradero de los normalistas.
Rosales Sierra denunció que si la PGR no ha llamado al ex gobernador como indiciado en las investigaciones del caso Aytozinapa, es por la complicidad, complacencia y encubrimiento entre políticos; “tenemos un gobierno que solapa y protege a la clase privilegiada, pero dirige sus baterías a la criminalización de los luchadores sociales y los padres de familia”.
Aseguró que sólo en México es posible que tras una masacre y la desaparición forzada de 43 estudiantes, el gobernante en turno siga en la carrera política, y un partido político lo promueva ante los ciudadanos para que vuelvan a votar por él, pese a que tienen “amplia responsabilidad” en crímenes de lesa humanidad que “avergüenzan al mundo entero”.
Detalló que en el expediente hay elementos que implican a Aguirre Rivero, porque aseguran que recibió dinero de Abarca Velázquez y de grupo Guerreros Unidos para financiar su campaña de gobernador.
Asimismo, hay declaraciones que aseguran que sabía cómo estaba operando el ayuntamiento de Iguala con el crimen organizado y no actuó en su momento, ni tomó las providencias para revertir este flagelo contra los estudiantes.
Sobre las responsabilidades políticas por omisión, indicó que el 26 de septiembre el gobernador supo que los estudiantes fueron a Iguala a realizar una actividad de boteo, y en el trascurso de la noche y madrugada del 27 “tuvo pleno conocimiento de los hechos y tampoco actuó para protegerlos”.
Pero ello, insistió en que la PGR llame a todos los políticos implicados en la investigación, y éstos sean vetados de la participación política; “por eso decimos que debe haber una limpieza de esta clase política, que debe haber una transformación de la clase carcomida, mezclada con el crimen organizado”.