Más de un año en el Congreso, una iniciativa contra la desaparición forzada y la tortura

* La envió el gobernador en enero de 2003

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * La iniciativa de decreto que envió el gobernador, René Juárez Cisneros, al Congreso del Estado para reformar los artículos 133, 139, 140 y 289 del Código Penal del estado con el propósito de tipificar como delitos graves la desaparición forzada de personas y tortura fue recibida en enero del año pasado por la Oficialía Mayor del Poder Legislativo y hasta el momento no ha sido discutida por los diputados locales.

El documento de siete cuartillas, firmado por el mandatario estatal y por el actual contralor general del estado, Marcelino Mirando Añorve, quien en esa fecha se desempeñaba como secretario general de Gobierno, hace referencia a que las reformas y adiciones al código penal son para garantizar la protección de los derechos de las víctimas de abusos de autoridad.

El artículo 133 –ya con la propuesta de reforma– plantea que cualquier servidor público que detenga y mantenga oculta a una persona, o se entere de esta acción y lo permita, podrá ser encarcelado y cumplir una pena de 15 a 30 años.

También impone sanciones económicas de 300 a mil días de multa y la destitución e inhabilitación para el desempeño de algún cargo hasta por diez años.

La sanción, indica el documento, puede disminuir si el servidor público proporciona información que ayude a esclarecer los hechos.

Mientras que el artículo 289, expresa que se impondrán penas de 3 a 12 años de prisión al servidor público que torture de manera física y sicológica con el fin de obtener información o confesión.

En este caso, el delito de tortura se aplica a pesar de que los agentes que realicen esta práctica violatoria de los derechos humanos argumenten que existe inestabilidad política interna o urgencia para concluir una investigación.

Sobre la reparación del daño, se hace referencia a que se tendrá que sujetar a las reglas establecidas en el artículo 34 del Código Penal.

El artículo 139, se reforma y adiciona el delito de violación, ya que en la redacción original del artículo la violación no se considera delito y se agregó: “con fines lascivos”, indica el texto del gobernador del estado.

Esta es la iniciativa del Ejecutivo estatal que fue calificada por organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, incluso por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rómulo Reza Hurtado, como escueta y que no resuelve de fondo el problema de la desaparición forzada y tortura de personas.