Nada se hace contra el narcomenudeo, denuncian síndicos de la Costa Grande

* Propone Lima Gómez plantear el asunto a la PGR

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo           * Síndicos de la Costa Grande denunciaron que no se hace nada para combatir el narcomenudeo en los municipios de esta región y demandaron más efectividad por parte de las autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno.

Ayer viernes, en la reunión de Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, que se llevó a cabo en un salón del hotel Riviera Beach en Ixtapa, los síndicos de Coyuca de Benítez, Jorge Luis Salas Pérez; de Atoyac de Álvarez, Juan Méndez Mejía y de Zihuatanejo, Joaquín González Ramírez, así como el presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Petatlán,           Pedro Mateos Ariza, denunciaron la proliferación del narcomenudeo.

Por su parte, el presidente municipal de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto, destacó que la queja más común de los azuetenses “radica en que más tarda la policía en detener a un delincuente que las siguientes instancias del proceso en dejarlo en libertad (…) Delatar o denunciar a un delincuente es más peligroso que callar, de nada sirve profesionalizar a nuestros policías si en el momento de la aplicación de la justicia hay una especie de tolerancia”.

Expuso al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez, que en el municipio de Zihuatanejo el gobierno planea una vigilancia con cámaras de circuito cerrado en los puntos más problemáticos y solicitó apoyo para reforzar este programa con el C-4.

Más adelante, y luego de que Lima Gómez dio una extensa explicación de los objetivos generales de esta reunión, habló el presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Petatlán, Pedro Mateos Ariza, quien denunció que en la cabecera municipal, los policías judiciales no combaten el narcomenudeo, sino que “esperan a que salgan los consumidores de comprar la droga y les quitan el dinero”.

El síndico de Coyuca de Benítez, Jorge Luis Salas Pérez, refirió que “en muchas reuniones como ésta” ha denunciado la proliferación de casas donde se vende droga, “y no hay la suficiente voluntad de combatir al narcomenudeo”.

Habló de su preocupación como padre de familia y como funcionario ante los vendedores de droga que destruyen a los niños y jóvenes de la región, y urgió a las autoridades policiacas que se aplique todo el peso de la ley, “el narcomenudeo no va a ser fácil erradicarlo porque son pacas de dinero las que reparten y las reparten a los que gobiernan; se los digo porque lo estamos viviendo, y si estamos aquí, es porque es preocupación de todos y hay que entrarle, caiga quien caiga”.

El síndico de Atoyac de Álvarez, Juan Méndez Mejía, expuso que los presupuestos para los municipios en Seguridad Pública son raquíticos y que los presidentes municipales, en lugar de adquirir mejores equipos para combatir la delincuencia, “lo usan para pagar la luz de las calles”.

De Zihuatanejo, Joaquín González Ramírez, opinó que una de las primeras garantías que deben ofrecer los tres niveles de gobierno a las familias es el empleo “para que de esa manera se vaya acabando la delincuencia y la inseguridad”.

Luego de escuchar las participaciones, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima, propuso hacer un acercamiento con la Procuraduría General de la República para referirle a esta dependencia federal el asunto del narcomenudeo y que se creen unidades mixtas del combate a los vendedores de droga en los municipios con mayor incidencia en la Costa Grande.

Estuvieron en esta reunión el comandante de la 27 Zona Militar, Osvaldo Fernando Canto Gutiérrez; el comandante del 19 Batallón de Infantería, Pedro Aguilar Medicina; los alcaldes de Tecpan de Galeana, Jesús Orbe Torres; de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez Aceves; de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto.

Los síndicos de Coyuca de Benítez, Jorge Luis Salas Pérez; de Atoyac de Álvarez, Juan Muñiz Mejía; de Tecpan de Galeana, Juana Guerrero; de Petatlán, Jacinto Segura Vega; de La Unión, Tobías Barragán Farías; de Coahuayutla, Ignacio Torres Blázquez y el vicepresidente del Consejo Ciudadano de la PGR, Javier Ibáñez Reyes.