Por fin, Nazar en prisión

 Rogelio Ortega Martínez

Hace treinta años Miguel Nazar Haro era un policía poderosísimo que trataba directamente con los presidentes, Echeverría, López Portillo y De la Madrid, que disponía de vastos recursos materiales y financieros para combatir a la guerrilla y que decidía sobre la vida y destino de hombres y mujeres que cayeron en sus manos para ser investigados. Hoy tiene que responder ante la justicia por los excesos cometidos. Cuando esto ocurre pareciera que se cumplen sentencias divinas y frases providenciales se vuelven realidad: “Ni deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla”.

Nazar junto con otros políticos, militares y policías elaboraron la idea de la existencia de una gran conjura comunista internacional que pretendía desestabilizar el sistema político mexicano, tomar el poder e imponer un régimen comunista a través de la vía armada. Convencieron a los presidentes de que la guerrilla era un problema de seguridad nacional y habría que exterminarla. Nada más falso y alejado de la realidad, pues por donde quiera que se le vea los grupos guerrilleros lejos, pero muy lejos estaban de tomar el poder. Es absolutamente falso que algún país comunista estuviera interesado en desestabilizar al régimen mexicano. Los presidentes Echeverria y López Portillo, al margen de la Constitución, autorizaron y financiaron a Nazar para que formara clandestinamente un grupo paramilitar denominado Brigada Blanca, dotado de amplios poderes para perseguir y aniquilar a los grupos insurgentes. El comandante supremo de la Brigada Blanca fue el propio Nazar y su jefe superior: el presidente de la República en turno; así lo pidió Nazar y se le concedió: sólo al presidente rendiría cuentas y sólo de él podía recibir órdenes. Reclutó, de las filas del ejército y la policía judicial federal y estatales, a hombres y mujeres con un mismo perfil: experiencia y disposición plena para matar, torturar, perseguir y aniquilar. Nazar no participaba de manera directa en las operaciones de confrontación y choque con los grupos insurgentes, él planificaba, detectaba, encontraba pistas, organizaba y ordenaba la represión. Su especialidad era interrogar a los detenidos, le fascinaba indagar y conocer a fondo, no las motivaciones políticas y las causas de la guerrilla, sino la personalidad, hábitos, conductas, debilidades, los entornos sociales y la cotidianidad de los jóvenes rebeldes. Durante los interrogatorios era absolutamente despiadado y cruel. Interrogaba siempre con la misma advertencia: colaboración o tortura, tortura sin límite. Descubrió que la fragilidad humana estriba más en la incertidumbre que en la certeza o amenaza de muerte. Nazar no amenazaba con la muerte. La muerte finalmente es un acto terminal, concluyente, termina el sufrimiento, el dolor, la fragilidad, el temor de hablar, delatar o convertirse en traidor y colaborador del enemigo; en cambio la incertidumbre, en condiciones de absoluta indefensión, incomunicación, tortura física, moral y psicológica, sí que produce desesperación, fragilidad, agobio, quebrantamiento, tanto para el individuo detenido como para sus compañeros perseguidos y, sobretodo, para sus familiares. El terror de la desaparición forzada fue letal para la guerrilla y su entorno.

“Si no colaboras te voy a desaparecer”, así comenzaba sus interrogatorios Nazar, y a continuación iba a lo que era de su mayor interés: “¿Dónde está el dinero de los asaltos y secuestros? ¿Dónde están las armas?”. Si no obtenía respuesta satisfactoria, venía la primera tunda de golpes, se transformaba en un verdadero demonio, le cambiaba la voz, su piel blanca y sus ojos de azul intenso se transformaban en rojo fuego, su complexión se expandía, su fuerza y su capacidad de destrucción se dejaba sentir en cada golpe, puñetazo y patadas que asestaba brutalmente, sin consideración alguna, sin recato, en su oficina, en los calabozos y salas de tortura de las prisiones clandestinas, en el Campo Militar número 1, en Acapulco, Atoyac, Monterrey, Guadalajara, Culiacán, Oaxaca, el Distrito Federal, en todas partes donde la Brigada Blanca detenía a personas del entorno social de la guerrilla, presuntos colaboradores, activistas, militantes o jefes guerrilleros.

Después de la primera sesión, hecha en caliente, in situ, para satisfacer su placer de obtener el botín de guerra: dinero y armas, y la primicia de la información, procedía con una retahíla de preguntas en forma de cuestionario detallado que se repetía de manera interminable, a cada rato, muchas veces al día hasta hacer caer al interrogado en la primera contradicción, por olvido, por fatiga o descuido, entonces venían nuevamente los golpes y la sesión de tortura, gradual, progresiva y cada vez más intensa y sofisticada. Nazar descubrió que quien comenzaba por decir algo terminaba diciendo todo con el procedimiento de la intensificación del martirio. No hablar podía significar la muerte en la tortura, pero también la esperanza de que la presión familiar y la exigencia de parte de las organizaciones sociales y políticas lograran ablandar a los jefes políticos y conseguir la libertad o el encarcelamiento legal. Las otras dos opciones eran morir en vida delatando y colaborando o, lo más terrible, la condición de desaparecido.

Obran en contra de Nazar los delitos de detención ilegal, reclusión de activistas políticos en cárceles clandestinas, tortura, desaparición, terror. En países como Argentina y Chile, a este tipo de acciones represivas a cargo de corporaciones vinculadas a regímenes autoritarios se les ha tipificado como terrorismo de Estado y guerra sucia. En la transición de los regímenes autoritarios a la democracia, se han establecido comisiones de la verdad para el esclarecimiento de los excesos represivos y agravios de violencia gubernamental. Simplemente, no puede avanzar la consolidación democrática si no se esclarecen los hechos de violencia, tortura, desaparición y muerte. Nazar debe responder ante la justicia por delitos de lesa humanidad, todos los responsables intelectuales y materiales deben ser juzgados, muchos ya han muerto pero el agravio social persiste. Responsables: Nazar, sus jefes supremos: los                           ex presidentes; su jefe colateral: Fernando Gutiérrez Barrios; sus homólogos, colaboradores y subordinados: Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo, Jesús Miyazawa, Florentino Ventura, Salomón Tanús, Sahagún Vaca, Arturo Durazo, Wilfrido Castro Contreras, los capitanes Aguirre y Mendiola, los hermanos Reta Ochoa, los Tumalán, los Barquín, entre muchos otros torturadores y asesinos, más de 300 integrantes de la Brigada Blanca, según datos publicados por la revista Proceso, y otros que, desde sus cargos y responsabilidades como funcionarios civiles, ejercieron acciones represivas de forma directa o fueron cómplices y autores intelectuales de estos delitos. Destaca en Guerrero Carlos Ulises Acosta Viques, quien fue procurador de Justicia en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.

Nazar, siendo titular de la Dirección Federal de Seguridad, trabajaba, al mismo tiempo para la CIA, un delito más que puede ser tipificado como de espionaje al servicio de Estados Unidos, y traición a la patria. Hace más de 10 años fue requerido por la justicia estadunidense acusado de haber realizado una detención ilegal en ese país en su calidad de agente de la CIA y por pertenecer a una banda internacional de robacohes. Fue detenido y se le sometió a un proceso judicial, sus abogados lograron su libertad condicional bajo fianza, luego huyó hacia México y ahora es prófigo de la justicia norteamericana. Durante largos años, en silencio y en ocasiones apareciendo en público, gozó de impunidad y protección. Tal vez sea casualidad, pero Nazar fue detenido el mismo día que dejó de existir uno de sus jefes supremos: José López Portillo, quizá también su último protector.

La guerra sucia dejó un gran déficit de legitimidad que hoy la democracia, para su consolidación efectiva y para la construcción del nuevo Estado de derecho debe saldar haciendo justicia, con transparencia, esclareciendo la verdad e indemnizando a los deudos, a los afectados y a la sociedad agraviada, con la aplicación de políticas públicas de beneficio colectivo.