Intenta Vía Pública desalojar un restaurante de la Costera, pero trabajadores lo impiden

El intento de desahucio fue en respuesta a una denuncia ciudadana de que el local invade un acceso de la playa Malibú, explica el director Antonio Galeana. No se concretó porque la propietaria mostró un amparo en su teléfono celular y se le dieron dos días para presentar el documento, dice

Argenis Salmerón

Trabajadores del restaurante El Ranchito, ubicado en la Costera, protestaron afuera del negocio para impedir ser desalojados del acceso de playa que ocupan desde hace nueve años.
El director de Vía Pública, Antonio Galeana Ramos, informó que no se concretó el desalojo porque la propietaria del restaurante, Rosalinda González Bustos, presentó un amparo, aunque no especificó de qué tipo. Sin embargo dijo que tiene dos días hábiles para mostrar las pruebas de que tiene una concesión o permiso y en caso de no hacerlo se hará el desalojo.
A las 11 de la mañana, los trabajadores y familiares de la dueña del negocio cerraron el acceso al restaurante para impedir el desahucio, aunque se observó dentro del establecimiento a personas que permanecieron consumiendo alimentos.
“No al desalojo”; “14 familias comen de este negocio”; “Gobierno injusto”, fueron las leyendas en las pancartas que mostraron los inconformes.
En declaraciones a reporteros, la propietaria del restaurante se quejó de que el gobierno municipal pretendió desalojar su negocio que, según ella, funciona desde hace nueve años con permiso de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos.
Explicó que desde hace nueve años el Ayuntamiento les otorga una licencia de funcionamiento y la Dirección de Ingresos le cobra 2 mil 700 anuales, mientras que a Reglamentos le paga mil 400 pesos, pero reconoció que ambas dependencias no le renovaron el permiso desde hace dos años.
González Bustos señaló que los trabajadores de Vía Pública quieren dinero para que el negocio siga funcionando y que como no les da, pretenden desalojarla.
Lamentó que el Ayuntamiento quiera ofrecer el espacio al mejor postor y que si los desaloja 14 familias quedarán sin empleo; “de aquí comen estas familias, se me hace injusto la verdad, no lo vamos a permitir”.
Reprochó que el municipio no notificó el proceso por medio de un juez; “ellos lo hicieron a su manera, queremos una notificación de un juez”.
Responsabilizó al presidente municipal Luis Walton de cualquier acto “violento” que ocurra si se lleva a cabo el desalojo, porque aseguró que lo impedirán.
Por separado, Galeana Ramos explicó que hace 20 días se le notificó a la propietaria del restaurante que tenía que desalojar el lugar y que no lo acató.
Agregó que el desalojo no se llevó a cabo porque la propietaria mostró un amparo en un celular, por tal motivo la dependencia dio dos días de prórroga para presentar el documento.
“Se le dieron dos días hábiles para que demuestre su amparo y en dado caso de que no exista se sigue con el desalojo. Ya se firmó una minuta con la propietaria donde está de acuerdo”, indicó.
El funcionario explicó que las administraciones anteriores otorgaron permiso para que este lugar de comida operara por nueve años.
Pero que el gobierno actual no otorgó ninguna licencia por medio de Vía Pública y Reglamentos y Espectáculos, por lo cual carece de documentación oficial para operar en un lugar público.
Mencionó que el desalojo fue en respuesta a una denuncia ciudadana que se presentó en Vía Pública por la invasión de un acceso de la playa Malibú.
En el intento de desalojo estuvieron el director de Gobernación, Felipe Loyo; el jefe de Departamento de Jurídico de Vía Pública, Benito Juárez Ramos, y el asesor jurídico de la Seduop, Pedro Joel Pérez Castañeda.