Reconocimiento de las policías comunitarias y justicia para Ayotzinapa, piden al gobernador en Ayutla

* Se reúne Rogelio Ortega con la CRAC, la OPIM y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana

* El ataque y la desaparición de los normalistas “sólo se puede resolver con justicia”, dice ante unos 500 vecinos y 200 policías ciudadanos.

Reconocimiento de las policías comunitarias y justicia para Ayotzinapa, piden al gobernador en Ayutla

Se reúne Rogelio Ortega con la CRAC, la OPIM y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano. El ataque y la desaparición de los normalistas “sólo se puede resolver con justicia, aplicando todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de ese crimen”, dice ante unos 500 vecinos y 200 policías ciudadanos. En la sierra 30 jóvenes escaparon de delincuentes pero fueron reaprehendidos, denuncia ante el mandatario un desplazado por la violencia. Acuerdan instalar mesas de trabajo con dependencias federales para elaborar programas de desarrollo

Mariana Labastida

El gobernador Rogelio Ortega Martínez se comprometió con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y con el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) en Ayutla a instalar mesas de trabajo para elaborar programas de desarrollo en las comunidades.
Le pidieron que intervenga ante el gobierno federal para que sean reconocidos los policías comunitarios y ciudadanos que realizan tareas de seguridad en las diferentes localidades de esa región.
En presencia del gobernador uno de los desplazados por la violencia de Coyuca de Catalán denunció que pobladores de la sierra les llamaron para decirles que un grupo de aproximadamente 30 jóvenes se había escapado de un grupo de la delincuencia organizada que controla esa zona, sin embargo al llegar a otra localidad los volvieron a detener y encerrar. La denuncia se hizo pero las autoridades no hicieron caso porque creen que pueden ser parte de los jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala, afirmó.
Ortega Martínez ofreció visitar todas las comunidades a donde lo inviten y agradeció que le hayan dado “el placer de estar con ustedes, no les voy a fallar”.
El encuentro entre los integrantes de las diferentes organizaciones y el gobernador se realizó en el Centro Comunitario y de Atención a la Mujer que se construye en la colonia Benito Juárez en Ayutla, proyecto que es parte de las medidas que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado mexicano por la violación de militares a dos indígenas me’phaa: Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Recibieron al gobernador unos 500  pobladores de diferentes comunidades y unos 200 policías comunitarios y ciudadanos.
En un templete, en uno de los patios que no está en obra negra se colocó el presidium. Ortega dijo que la justicia social debe de llegar a la gente, por eso se deben de tener proyectos de desarrollo y seguridad, de educación y salud.
Se firmó un acuerdo en la cual el gobernador se comprometió a convocar a dependencias federales, principalmente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
También a instancias del gobierno estatal y municipal para formular un plan de desarrollo de las zonas indígenas con una vigencia del 2015-2018 dentro del plan Nuevo Guerrero para los municipios de Ayutla, Acatepec, Tecoanapa y Cuautepec.
Acordaron hacer una agenda para que se reúnan las organizaciones con representantes de los tres niveles de gobierno y se apoye a los pueblos na’savi, me’phaa, afromestizo y afrodescendiente.

El desarrollo y presentación de los desaparecidos, pide la OPIM

El secretario de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez expuso que hay dos asuntos de su interés: el desarrollo de las comunidades mediante un plan conjunto con las autoridades para identificar las necesidades de los pueblos, y la presentación con vida de los 43  estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre.  “Mientras no se resuelva ese problema no se van acabar las movilizaciones, no va haber paz ni tranquilidad para las familias”, expuso.
El dirigente dijo que las investigaciones de los ataques contra los normalistas apuntan al Ejército,  y  pidió que las autoridades vayan al fondo porque no es nuevo que los militares cometan arbitrariedades.
Recordó la violación de militares contra las indígenas Valentina e Inés que en México no encontraron justicia, “el Ejército tiene el poder de las armas y no les importa la gente, se han involucrado en hechos delictivos no como institución pero sí como mandos”.
Así ocurrió en la tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, “¿Quiénes fueron? Los narcos y los militares”, como lo denunciaron en ocasiones anteriores.
Cuauhtémoc Ramírez recordó el asesinato del dirigente de Unión Popular en Iguala, Arturo Hernández Cardona.
Consideró que las comunidades tienen una oportunidad histórica porque se están organizando y saben que quieren desarrollo, no crimen ni militarización, y pidió que si van los militares que vayan a ayudar a las comunidades.

Reconocimiento de la Policía Ciudadana y a la Comunitaria

De la Casa de Justica de Aguacachahue del SSJC, Longino Julio Hernández dijo que defienden a la Policía Comunitaria y a la Policía Ciudadana porque cuidan el territorio y evitan que se pisoteen los derechos de los ciudadanos por la delincuencia organizada, “por eso pido que haga llegar al gobierno federal que reconozca la figura de nuestra policía, que no estamos haciendo nada malo”, pidió.
Consideró que la marginación, la pobreza es lo que ha conducido a la delincuencia organizada, por eso es que piden programas de desarrollo que permitan que las comunidades tengan una mejor calidad de vida.
“Hace falta educación, salud, caminos. Estamos como en el siglo pasado”, expuso y le aseguró al gobernador que son “gente de trabajo, de confianza que también depositamos la confianza en nuestro gobierno”.
El coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC, Donaciano Morales Porfirio denunció que los militares no permitieron que “muchos” de sus compañeros policías comunitarios fueran a la reunión, aunque no explicó por qué. Enfatizó que las comunidades confían más en la CRAC que en las fuerzas federales.
Pidió que se busquen opciones para los jóvenes que terminan la universidad y no tienen empleo. Enfatizó la falta de caminos para las comunidades, y solicitó electrificación y agua potable.
Pidió la liberación de los policías comunitarios presos, “esperamos que antes de que termine su administración, porque no son presos por tener un delito, son presos para nosotros políticos, que no supieron ni a qué iban, que los detuvieron”.
Enfatizó que no son enemigos de los gobiernos pero quieren que se trabaje por las comunidades.

Cuando las instituciones se convierten en enemigas del pueblo es legítima la utodefensa: Ortega

En su discurso antes de la firma de la minuta  Ortega Martínez planteó realizar mesas de trabajo con la asamblea popular a donde vayan los funcionarios estatales y él, y autoridades del gobierno federal, “porque es necesario aprovechar estos meses para aplicarnos y atender a la gente, sus demandas, hay que trabajar a ras de tierra, directamente con la gente”.
Indicó que se vigile que el dinero llegue en los proyectos y que la entrega de despensas no es mala pero se debe de garantizar el empleo, porque “el trabajo dignifica”.
Agregó que las autoridades están “obligadas” a dar seguridad, el problema es cuando las instituciones encargadas no cumplen o se convierten en enemigas del pueblo, reprimen, golpean, saquean, violan, lo que da el legítimo derecho de autodefensa y de organización.
Dijo que es lo que paso en las comunidades de esa zona y por eso “hay que apoyar a los policías comunitarios, capacitarlos, entrenarlos, darles logística” por ser un “extraordinario ejemplo” fue la respuesta que dio a la petición que le hicieron las organizaciones del respeto de los policías de los pueblos.
Agregó que debe de estar claro cuáles son los derechos de los policías comunitarios y la función para que se trabaje en coordinación “para el bien del pueblo” que esa es la idea con los tres niveles de gobierno: que sirvan al pueblo en armonía para que se realicen proyectos que beneficien a la gente.
Dijo que le da gusto escuchar la elocuencia y el sentimiento profundo de la demanda social, y después de que nuevamente se le pidiera que interviniera para liberar a los policías comunitarios detenidos en el penal de Acapulco, Ortega Martínez insistió en que se comprometió a sacarlos y que se busca la ruta jurídica para que pronto se reincorporen a trabajar en las comunidades.
Reiteró que ha pedido a los funcionarios de su gobierno que se pongan a trabajar, que no estén pensando en cómo hacer las cosas debido a que el tiempo que estarán es corto, por ello exige que se dé respuesta inmediata a las peticiones que se les hacen.
“Me gusta cuando son claras las cosas, necesitamos hacer justicia, hay que hacerla con la ley en la mano, con los derechos que nos pertenecen, que conquistamos en grandes luchas históricas y la justicia social”, agregó.
El gobernador indicó que se debe de trabajar “mucho” en las comunicaciones, porque hay pueblos en los que lo que relata la novela Cien Años de Soledad de Gabriel García Marqués “se queda chiquita” y se requiere salir de esos años de abandono.
Planteó la instalación de Internet para que hagan sus peticiones de manera rápida y expedita, y las autoridades acudan a atenderlos. Dijo que está dispuesto a ir al rincón más apartado de Guerrero cuantas veces sea necesario, aun con lo peligroso que le han dicho que es, sin embargo reiteró la mejor seguridad se la da la gente, “si ustedes me invitan y no creo que vayan a dar una puñalada por la espalda”.
Informó que el 15 de enero estará en la comunidad de El Paraíso en la sierra de Atoyac para instalar la Octava Región del estado y hacerle justicia a la gente.
Añadió que espera la invitación para la inauguración de la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla y convocó a no perder las raíces de cada una de las localidades, la lengua, la vestimenta, la música y sus demás tradiciones.
Se refirió a los “desafortunados y trágicos sucesos” de Iguala donde fueron asesinadas seis personas y 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Subrayó que todavía se siente el “dolor, luto y la tragedia”, por lo que insistió “esa situación sólo se puede resolver con justicia, aplicando todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de ese crimen, atender a las familias de los que murieron, acompañarlos en su luto y su dolor, acompañar a las familias de los muchachos heridos, ser solidario, acompañantes y coadyuvantes con los jóvenes desaparecidos”.
Reiteró que ha pedido a las autoridades federales que se hable con verdad, que no oculten información, que se haga una investigación a fondo y se castigue a los culpables.
A la reunión acudieron representantes de 80 comunidades de las 115 que tiene Ayutla, según los organizados. De la Casa de Justicia de El Paraíso estuvieron Alberto Cirilo, Luis Castro y Gabriel Martínez; el comisario de Tonalá, Demetrio Gaspar Calixto; la presidenta de la OPIM, Obtilia Manuel; el ex coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán y el secretario auxiliar del gobernador, Marco Antonio Adame, quien recibió al final las peticiones de los asistentes.