El gobierno del estado se desistirá de las acusaciones contra Nestora Salgado, anuncia Rogelio Ortega

Se desistirá el gobierno estatal de las acusaciones contra Nestora Salgado, anuncia Rogelio Ortega

*La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá ya tiene a su favor una resolución de un juez federal, y tras la decisión local se espera su pronta liberación

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

El gobernador Rogelio Ortega Martínez informó que solicitó al fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado García, coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, presa desde agosto del 2013 en el penal de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro en el fuero común.
Mediante un comunicado, el Ejecutivo estatal hizo el anuncio y reiteró que su gobierno no atentará contra los movimientos sociales.
“La solicitud hecha al fiscal Godínez Muñoz, está dentro de la facultad exclusiva del Ministerio Público representado en su persona, conforme a lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el Ejercicio de la Acción Penal”, se lee en el tercer párrafo del comunicado.
Continúa que “para el gobernador, esta acción atiende la demanda de justicia, sin criminalizar la lucha social y apegándose a procurar el buen desarrollo de las actividades del estado y la paz social que requiere Guerrero”.
En específico, Ortega Martínez solicitó al nuevo fiscal que en el ámbito de sus atribuciones “considere proceder en los términos legales conducentes al desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado García, quien se encuentra procesada por diversos delitos”.
Los delitos los enfrenta ante el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelos, Causa Penal 5/20145/2014-I; el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, Causas Penales 196/2013-I, 48/2014-II y 50/2014-II, y el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tabares, Causa Penal 191/2013-I.
El gobernador pidió que, sin quebrantar los derechos humanos de las víctimas, la Fiscalía General del Estado, de manera conjunta con la Secretaría General de Gobierno, establezcan mecanismos para la reparación del daño “a favor de quienes resultaron agraviados”, en alusión a las personas que la acusan de secuestro.
Nestora Salgado fue detenida el 21 de agosto del 2013 por soldados del Ejército y de la Marina y trasladada de inmediato al penal federal de Tepic, donde continúa presa y en condiciones de aislamiento  de su familia y de sus abogados.
Su traslado a Nayarit respondió a una petición del almirante Sergio Javier Lara Montellanos, entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, mediante el Convenio de Reclusión de Procesados y Sentenciados del Fuero Federal e Internos del Fuero Común que Requieran Medidas Especiales de Seguridad o Vigilan-cia con el pretexto de “reducir el riesgo de confrontación en el estado”.
La mujer que encabezó la organización de una policía comunitaria para defender a la población de los atropellos de la delincuencia organizada fue acusada ella misma de delincuencia organizada en modalidad de secuestro, delito del orden federal, por el que se le dictó auto de formal prisión, sin embargo éste fue revocado en abril del 2014 por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo.
El tribunal tomó en consideración que Salgado García estaba en el ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria cuando retuvo a presuntos delincuentes, y que la autoridad federal ejemplificó con casos como Cherán, Michoacán, donde con base en  una consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población decidió regirse por su propio sistema de usos y costumbres.
La instancia enfatizó que se debe hacer hincapié en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También tomó en cuenta la información de la Coordinadora Regional de Autoridades Comuni-tarias (CRAC) como institución de seguridad y justicia, la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena de Guerrero, el artículo segundo de la Constitución mexicana, y los criterios sobre derecho al autogobierno que estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los pueblos puedan elegir a sus autoridades por usos y costumbres.
Nestora Salgado no ha recuperado su libertad porque pesan en su contra delitos del fuero común, en este caso secuestro en contra del síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, y otras personas, a quienes la Policía Comunitaria detuvo por abigeato.
Se entiende que ahora, con el desistimiento de la acción penal por parte del gobierno del estado, pronto recuperará su libertad.