Requiere la Promotora de Playas un sustento jurídico más fuerte para independizarse, dice su director

*Rogelio Hernández Cruz, quien renunciará la semanas entrante, destaca que se necesita crear un fideicomiso, a donde los recursos recaudados se destinen para que el organismo cuente con dinero para pago de insumos y gastos de operación

Karla Galarce Sosa

El director de la Promotora y Administradora de Playas, Rogelio Hernández Cruz, dijo que se requiere modificar la ley para independizar a ese Organismo Público Descentralizado (OPD) y generar “un soporte jurídico”, porque los recursos que se cobra a usuarios, mediante permisos transitorios la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), no la benefician.
Reiteró que se necesita crear un fideicomiso, a donde los recursos recaudados se destinen para que la Promotora cuente con dinero para pago de insumos y gastos de operación, pues el gobierno estatal sólo aporta 41 millones de pesos para el pago de la nómina de 317 trabajadores, todos basificados.
Culpó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de impedir una mejora en el organismo que aún dirige, pues anunció su renuncia, misma que hará efectiva la semana entrante.
El secretario de Fomento Turístico (Sefotur), Sergio Salmerón Manzanares, propuso que la Promotora privatice los servicios que presta y modernice sus mecanismos de limpieza, aunque conserve la plantilla laboral actual.
Durante el segundo año de gobierno de Ángel Aguirre Rivero, el gobierno estatal solicitó “en destino” a la Semarnat la zona federal donde la Promotora tiene mobiliario como sillas, toldos, sombrillas y palapas; sin embargo, la solicitud fue rechazada el año pasado.
En entrevista con este medio, Hernández Cruz dijo que con la creación del fideicomiso para la promotora, se mejorarían las condiciones de los 317 trabajadores que conforman su plantilla, contarían con recursos suficientes para dotarlos de insumos y habría posibilidad de modernizar la maquinaria con que cuenta en la actualidad.
Explicó que los salarios de los empleados de base son pagados por el gobierno estatal, mediante la designación anual de recursos. Este año y el pasado, informó el funcionario estatal, fueron designados 41 millones de pesos para cubrir los gastos de los empleados. Abundó que durante las temporadas de mayor afluencia turística se contratan alrededor de 50 personas para trabajar como salvavidas y en la limpieza de las playas.
“Este año se contrataron a 40 personas para la limpieza de las playas y 15 como salvavidas”, detalló Hernández Cruz y añadió que el ingreso de recursos que mantiene  la Promotora, es por la renta de sombrillas en las playas Papagayo, Roqueta, Caleta y Caletilla; el otro ingreso es del cobro por traslado de basura a hoteles, restaurantes y condominios en la zona turística.
Sin especificar cuánto dinero cobra, informó que el Grand Hotel es la empresa que más basura genera, pues cuenta con una gran cantidad de usuarios e indicó que hay restaurantes y pequeños comercios que pagan hasta 100 pesos mensuales.
Reiteró que en pasadas administraciones, hubo quien “cedió” zonas de playa a particulares, de ahí la reducción en los ingresos por el cobro en el servicio de renta de sombrillas.
Dijo que las playas La Condesa y Papagayo están “invadidas por particulares”, por esa razón, ahora la promotora recibe en promedio 6 millones de pesos cada año, cuya recaudación principal es durante las vacaciones de Semana Santa, verano, Navidad y año nuevo, sin embargo no dijo cuánto dinero dejó de recaudar.
“Se requieren más recursos a través de un decreto del gobierno del estado porque Promotora no puede seguir trabajando con su actual decreto ni con la infraestructura que tiene, lo que requiere la Promotora de playas, es un sustento jurídico mucho más fuerte, un decreto de la Cámara de Diputados y un subsidio por parte del gobierno del estado y del propio gobierno federal para que siga trabajando”, expresó el funcionario estatal.
Anunció que en el transcurso de esta semana dejará la dirección del OPD y se sumará a “los proyectos políticos que aún y si no hubiera habido cambio de gobernador estaría renunciando en estos días”.
Ofreció asesorar al secretario de Fomento Turístico, para que juntos busquen una opción a los problemas de la Promotora.
Estimó que se requerirá de mínimo un año para realizar los movimientos jurídicos que permitan al OPD trabajar de manera independiente y con nueva infraestructura.