Fernando Lasso Echeverría

Crónica de la desaparición de los poderes en Guerrero

(Primera parte)

A través de los años, varios gobernantes de Guerrero sufrieron terribles embates políticos de parte del gobierno federal que causaron su caída; estos movimientos generalmente fueron iniciados o respaldados por grupos políticos locales, caracterizados por un voraz canibalismo político y obviamente contrarios al gobernante en turno, que apoyados por el gobierno federal mediante el Senado llevaron a cabo procesos legalmente inconsistentes que violaron la Constitución de la República. Y si bien este fenómeno no ha sido privativo de nuestro estado, es de hacerse notar que Guerrero ha sido la entidad federativa que más cambios de gobernantes ha sufrido por medio de este agresivo método.
Fue hasta el 29 de diciembre de 1978 cuando se publicó la Ley Reglamentaria Constitucional, cuya fracción V del artículo 76 dice que es facultad del Senado constatar que en la entidad federativa evaluada hayan desaparecido de hecho o por derecho todos los poderes estatales y nombrar a un gobernador provisional emanado de una tercia de candidatos enviada por el Ejecutivo federal, cuando la comisión senatorial compruebe que, efectivamente los tres poderes de la entidad federativa juzgada no estén funcionando. Esta es la condición sine qua non para que se declaren desaparecidos oficialmente los poderes en una entidad federativa: que se compruebe que los tres poderes formales de la entidad no están funcionando y ésta se encuentre en un estado de ingobernabilidad absoluta que ponga en riesgo la estabilidad de la población; es entonces cuando el proceso del cambio de los tres poderes se ejecuta.
No obstante, merece mención que la población maneja en forma distorsionada el término “desaparición de poderes”, entendiendo con él en forma simple y llana que los representantes federales acuden al Estado –señalado por el flamígero índice presidencial– a quitar al gobernante en turno, sean los que sean los resultados de la investigación; y no les falta razón, pues se ha observado en varios casos que cuando el gobernante estatal pierde la confianza del Ejecutivo federal por alguna razón, y lo quieren acabar políticamente, los mecanismos se modifican de tal modo que se manejan otros conceptos para quitarlo, como sucede con la petición de licencia del gobernador –aparentemente voluntaria y más tersa– para retirarse del cargo, generalmente, a cambio de que el poder federal les garantice impunidad a él o a sus subordinados más cercanos; es decir que los gobernantes caerán irremediablemente porque así lo decidieron previamente en el centro político del país en forma amañada y dictatorial, como sucedió siempre antes de la publicación de dicha ley que ahora legaliza este hecho, cuando se procede adecuadamente. Y no les falta razón, pues a pesar de la publicación de esta ley y también de otros factores influyentes, como la composición plural de las legislaturas y la alternancia en el poder, la viciosa práctica de la desaparición de poderes en las entidades federativas del país se ha seguido utilizando indebidamente por el poder central, pues es sabido que –aún en la actualidad y más sofisticadamente– los juicios del Senado, siguen respondiendo a pesados intereses políticos, para inclinar la balanza en contra del gobierno local calificado.
Como ya se mencionó, Guerrero ha sido víctima frecuente de esta práctica perversa antifederalista; de 1928 a 1975 ocurrieron ocho desapariciones de gobiernos estatales provocadas por agravios y rencores, tanto personales como de grupos políticos opuestos, que provocaron pasiones indeseables y conflictos artificiales que generalmente causaron víctimas inocentes y, finalmente, la remoción totalmente programada del gobernador estatal; con ello, de alguna manera causan también la paralización de la economía del estado, afectando el progreso y el desarrollo de la población; así como existieron muchos hombres preparados y competentes que fueron frenados para que no llegaran al poder (Carlos Román Célis, Jorge Montufar, Plácido García Reynoso, Píndaro Urióstegui o Miguel Osorio Marbán, por ejemplo), otros se disciplinaron e insistieron, posteriormente logrando su propósito en una segunda o tercera ocasión, como sucedió con Caritino Maldonado; otros más, ya como gobernantes fueron expulsados del puesto en forma denigrante; muchas ideas buenas fueron desechadas por haberse creado en el pasado inmediato; muchos programas positivos para los guerrerenses quedaban inconclusos por haber sido creados por el grupo político anterior; había cambios de rumbo inexplicables que sólo perjudicaban al pueblo frenando su desarrollo.
Esa era la tónica de los gobiernos de nuestro estado, y así continuó –en mayor o menor grado– por muchas décadas, a tal punto que durante 50 años (1925-1975), Guerrero tuvo cinco periodos de cuatro años y cinco de seis años, que en condiciones de normalidad significaban 10 gobernadores en ese lapso, pero en realidad ¡tuvo 23!, cifra que incluye a algunos interinos que los gobernantes desaforados eligieron para sustituirlos, pero que por ello mismo fueron cambiados de inmediato por el gobierno federal o el grupo político instigador.
Posteriormente, ya en la época contemporánea, sucedieron otras dos desapariciones del poder Ejecutivo en Guerrero: la de Rubén Figueroa Alcocer, a fines del siglo pasado, y la de Ángel Aguirre Rivero, en los inicios de la segunda década del siglo actual, usándose en ambos casos, el método de la petición “voluntaria” de una licencia para retirarse del cargo, como medio para dejar el gobierno, sin que los otros dos poderes del estado, hayan sido afectados.

General Héctor F. López (1925-1928)

Si bien es cierto que durante el periodo revolucionario, varios gobernantes fueron depuestos temprana y apresuradamente, el primer gobernante que ya en la época posrevolucionaria sufrió una salida del gobierno prematuramente en nuestro estado fue el general Héctor F. López, quien fue elegido para gobernar Guerrero, de abril de 1925 a marzo de 1928, desempeñándose como gobernante constitucional del estado de Guerrero, hasta el 1 de febrero de 1928 –dos meses antes, de que concluyera su periodo–, fecha en la cual fue destituido.
Este gobernante, siguiendo las políticas nacionales del presidente Calles, combatió al movimiento agrarista, particularmente en Coahuayutla –su municipio–, en Pungarabato, Coyuca de Catalán, Tecpan y San Miguel Totolapan, provocando un descenso notable del reparto de tierras en el estado y también enfrentó los brotes cristeros armados en Tlapa, Buenavista de Cuéllar y otras poblaciones que se oponían a la persecución religiosa desatada por el mismo presidente Elías Calles; sin embargo, a pesar de seguir lealmente estos ordenamientos impopulares del gobierno federal –que le causaron graves distanciamientos con la población– con la finalidad de buscar su seguridad política, López Mena tenía profundas diferencias con el general Claudio Fox (el que asesinó bestialmente en Huitzilac, Morelos, al general Francisco Serrano y a sus acompañantes, por ordenes de Obregón) quien se desempeñaba como comandante militar en Guerrero y, de hecho, cogobernaba el estado con López Mena, con mayor influencia sobre el presidente Calles que el mismo gobernador.
Fox asumió un control arbitrario y despótico sobre las autoridades públicas del estado. Por medio de los sicarios a sus órdenes y de las autoridades militares bajo su mando intervenía directamente en la instalación de las autoridades municipales, así como en la elección de los candidatos para legisladores locales y federales. Nadie lo paraba. La actitud antiagrarista de López Mena le ganó la antipatía del agrarismo guerrerense y esto le impidió tener un contrapeso contra el ejército comandado en Guerrero por Fox, como había sucedido en el periodo de gobierno anterior, encabezado por Rodolfo Neri Lacunza, quien cogobernaba con Rómulo Figueroa, jefe militar en Guerrero y enemigo político suyo. Los grupos armados de agraristas del estado veían con enojo al gobernador, y su caída no les importó; jamás tuvieron una relación cordial con él y, por supuesto nunca metieron un dedo para defenderlo.
Las dificultades entre el gobernador y el comandante de las fuerzas armadas de Guerrero se agudizaron cuando llegó la sucesión gubernamental, pues don Héctor tenía dos candidatos personales inconvenientes para el gobierno central: su secretario –antes diputado local– Guillermo Miller, hijo de un terrateniente estadunidense y una señora de Ometepec avecindados en Cuajinicuilapa; y Abundio Gómez, un general que era su amigo personal que se desempeñaba en la política del Estado de México. Fox y su grupo –en el que participaba el después famoso Miguel Henríquez Guzmán, con el grado de coronel en ese momento– querían al general obregonista de extracción zapatista, Adrián Castrejón, como siguiente gobernador, personaje con quien López Mena (carrancista) había tenido fuertes enfrentamientos militares una década antes. Es entonces cuando Fox pide al presidente Calles la remoción de López Mena, y además amenazó con que si no salia de Guerrero lo iba a aprehender y mandar fusilar.
Por todo lo anterior, el gobernador, privado de apoyo militar y político por el gobierno federal que encabezaba en ese momento Calles, fue derrocado de su cargo el 1 de febrero de 1928, convirtiéndose en el primer gobernante destituido de esta manera en Guerrero en la época pos revolucionaria. Fue suplido inicialmente por un hombre de sus confianzas, el profesor y diputado Jesús B. Gutiérrez, quien precisamente por ser gente suya no concluyó el interinato, pues también le estorbaba a Fox y a su grupo para la sucesión, y entonces es obligado a renunciar por éste –a través de las buenas “diligencias” de Henríquez Guzmán– junto con los legisladores locales leales al ex gobernador, y es nombrado en su lugar el coronel igualteco Enrique R. Martínez en calidad de gobernante sustituto, quien, ratificado de inmediato por el presidente Calles, asume rápidamente el puesto.

Gabriel R. Guevara Orihuela

Cuando el general Guevara Orihuela alcanzó la candidatura oficial para la gubernatura del estado al periodo 1933-1937, era jefe de la comandancia militar de Nuevo Laredo. Sin embargo, don Gabriel no era de las simpatías de su antecesor, el general Adrián Castrejón, pues éste había sido un furibundo luchador zapatista con quien Guevara se había enfrentado en varias ocasiones durante la segunda década del siglo XX, formando parte de las fuerzas Figueroístas.
Es por ello que, ante la sucesión que se aproximaba, el general Adrián Castrejón se enfrentó al poder federal –que por medio del PNR postulaba a Guevara– apoyando con todo el soporte de los grupos agraristas del estado la candidatura del abogado terracalentano Ezequiel Padilla, que a pesar del amplio sostén del gobernador Castrejón y la simpatía de vastos sectores organizados de la población, perdió la elección; sin embargo, es de hacerse notar que, aún con el triunfo de Guevara como gobernador y con un nuevo Congreso casi todo guevarista –que provocó que Castrejón se fuera del estado una semana antes de concluir su encargo para no estar en la toma de posesión de su sucesor– la mayoría de las presidencias municipales en el estado fueron ganadas por la corriente castrejonista; este hecho hace difícil explicar el triunfo de Guevara como gobernador sin pensar en una imposición fraudulenta de la federación en la gubernatura.
El hecho de que la mayoría de los municipios fueran presididos por partidarios del binomio Castrejón/Padilla, se convirtió en una piedra en el zapato para el nuevo ejecutivo estatal, pues el control de las administraciones municipales era un elemento vital de la base política del gobierno del estado, lo que le creó a Guevara numerosos conflictos, causados fundamentalmente, porque éste inicia una purga en los ayuntamientos castrejonistas con diversos pretextos; el principal era “que los ayuntamientos castrejonistas se habían unido para emprender una oposición abierta a su régimen”, y los sustituye con Consejos Municipales guevaristas elegidos por medio de plebiscitos; y no sólo eso, también cambiaba a los comisarios que en su comunidad habían influido –con su gente– en las elecciones de presidentes municipales.
Uno de los conflictos comunales en especial provocó una situación muy grave ocurrida en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente –de donde era originario Ezequiel Padilla, su oponente político–, escenario en el que hubo 17 heridos, entre los que se encontraba el presidente municipal padillista: Iñigo Lasso Pérez, y otros miembros de la comuna, que fueron llevados a México en avioneta para su tratamiento y declaración de hechos, así como 20 personas muertas en el corral de toros en donde se llevaba a cabo un jaripeo; entre ellas se encontraban Vicente Bedoya, el diputado federal por Tierra Caliente de esa época, y Roberto Montes de Oca, director de la cárcel regional. Después del zafarrancho –que tuvo repercusión nacional– y a pesar de los hechos ocurridos, el gobernador Guevara designa al Concejo Municipal, encabezado por Severiano Ortega, que pertenecía al grupo en el poder y era antagónico del ayuntamiento constitucional del lugar, causando mayor indignación regional y desagrado en el gobierno federal.