Aprueban una anticonstitucional ampliación del periodo ordinario del Congreso local

*Sesionarán hasta el 30 para llevar al pleno dictámenes rezagados en la Comisión de Justicia, aducen diputados

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

En una sesión de una hora, los diputados aprobaron por unanimidad ampliar hasta el 30 de enero próximo el actual periodo ordinario de sesiones, que constitucionalmente debe terminar el día 15, para llevar al pleno dictámenes rezagados en poder de la Comisión de Justicia, que preside el aspirante a gobernador por el PAN, Jorge Camacho Peñaloza.
Para lo anterior, la Comisión de Gobierno, que preside el coordinador de los diputados del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, aludió al artículo 59 de la Constitución Política local.
Este artículo 59 establece que el Congreso del Estado ejercerá sus atribuciones en periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias. Que en el numeral 1, indica que, el primer periodo ordinario inicia el “primero” de septiembre y concluye el 15 de enero; y el segundo periodo iniciará el “primero” de marzo y terminará el 15 de junio.
El numeral 2 indica: “Estos periodos podrán prorrogarse por el tiempo que acuerde el Congreso, cuando así lo requiera la importancia de los asuntos en trámite”.
Hasta aquí pareciera que no hay problema con el acuerdo parlamentario aprobado este martes por los diputados, de prorrogar el presente periodo, que termina el día 15, hasta el día 30.
Sólo que no procede este acuerdo, porque el artículo cuarto transitorio de la Constitución local establece: “En tanto se realizan las reformas correspondientes que se derivan de esta Constitución, las disposiciones de la legislación actual mantendrán su vigencia y aplicación”.
Esto es así, porque a la fecha, los diputados han preferido irse de vacaciones o suspender sesiones antes que reformar su propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, ni lo han hecho con las demás leyes secundarias en el estado, como se los ordena el artículo tercero transitorio de la Constitución local.
“El Congreso del Estado, deberá aprobar y reformar, en un plazo no mayor de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las leyes que sean pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales”, se lee.
Es decir, que las reformas y leyes que los diputados locales aprueben en esta ampliación del plazo del presente periodo ordinario de sesiones, pueden ser impugnadas.
Pero eso no pareció interesarles este martes a los diputados, en especial al diputado Bernardo Ortega, quien a pregunta de El Sur respondió que la Constitución local les permite ampliar los plazos y su acuerdo parlamentario no es anticonstitucional.
Tan no es les importó, que el acuerdo de la Comisión de Gobierno, en su exposición de motivos, alude al artículo 100, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 286, que establece que, “el Congreso del Estado se reunirá en tres periodos ordinarios de sesiones por año de ejercicio constitucional”.
“El primero se iniciará el 13 de septiembre y se clausurará el 15 de enero; el segundo se iniciará el 1 de marzo y se clausurará el 15 de mayo y el tercero el 15 de junio y se clausurará el 30 de julio”, se agrega.
Pero obviaron decir al pleno que estos tres periodos aún se realizarán en la actual 60 Legislatura, porque no han modificado su Ley Orgánica.
Así que el pleno aprobó por unanimidad “prorrogar el primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, hasta el 30 de enero de 2015, dada la importancia de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite”.
Y todavia lo precisan: “La prorroga del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, podrá concluirse antes de la fecha prorrogada”.
Es que los diputados pretenden, con esta prórroga, sacar adelante “el análisis y dictamen de la armonización de la legislación local, para implementar conforme a las necesidades que se requieren el sistema penal acusatorio, la presentación de último informe de gobierno del Poder Ejecutivo y la Sesión Solemne para conmemorar el 165 Aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerrero”.
Pero no precisan si van a presentar al pleno el dictamen de reformas a su Ley Orgánica.
Ya en la votación, ninguno de los diputados se inconformó por la prórroga, aun cuando con su decisión, pusieron un acuerdo parlamentario por encima de la Constitución local.
“Dice Bernardo Ortega que no es anticonstitucional”, respondieron de manera coincidente los diputados perredistas Óscar Díaz, Tomás Hernández, Ricardo Barrientos y Jesús Marcial Liborio.

Proponen reforma a Ley de Transparencia

En esta misma sesión el coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, Mario Ramos del Carmen, presentó su iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue turnada a la Comisión de Justicia.
El diputado del MC explicó que en el afán de armonizar el contenido constitucional y convencional de la legislación, propone una nueva ley que retoma algunos temas importantes de la vigente, para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información mediante un procedimiento expedito, en el cual no se requiera demostrar personalidad o interés jurídico; fortalece al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que promueva una cultura de transparencia y rendición de cuentas, y garantice el acceso a la información en caso de controversias.
Además, propone ampliar el alcance de los sujetos obligados: “Esto incluye también a órganos autónomos, partidos políticos de manera directa y no mediante el Instituto Electoral del Estado; a los fideicomisos y fondos públicos; a las organizaciones sindicales; a las personas físicas o morales que reciban o ejerzan recursos públicos y realicen actos de autoridad en los niveles estatal y municipal”.
Propone además que no cualquier información puede caer dentro de las excepciones para reserva de información.
Ramos del Carmen resaltó que actualmente los partidos políticos no rinden cuentas de manera directa al Instituto de Transparencia, por lo que el ejercicio del derecho de acceso a la información es menos expedito o efectivo.
Precisó que el camino para obtener información de los partidos es más largo, pero que es absurdo si se considera que en 18 estados ya son sujetos obligados directos de los órganos garantes de la información local.
Lo que quiere decir, acotó, que Guerrero tiene una legislación menos moderna y progresiva en materia de transparencia, que la de algunos estados de la República.
Agregó que en su iniciativa se establecen sanciones para los funcionarios que nieguen dolosamente la información e instituye el principio de máxima publicidad de la información gubernamental, así como la obligación de to-dos los órganos públicos de transparentar sus principales indicadores de gestión y al mismo tiempo asegura la protección de los datos personales en manos de la autoridad.
También se turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa de Ley de Víctimas del Estado, que envío el gobernador Rogelio Ortega, aunque se desconoce su contenido porque no entregó copias a los reporteros de la fuente.