Reanudan el diálogo padres de Ayotzinapa y la federación; no hay avances sustanciales, se quejan

*Manifiestan su preocupación por la falta de ejecución de al menos 20 órdenes de aprehensión contra integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y de ex funcionarios del Ayuntamiento de Iguala, “que son fundamentales para determinar el paradero de los estudiantes”, informa Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Ayer se reanudaron las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento integrada por padres y estudiantes de Ayotzinapa, representantes de organizaciones sociales y del gobierno federal para informar de la investigación de la desaparición forzada de 42 (antes 43) estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, suspendidas desde el 14 de diciembre, tras la agresión de policías federales a normalistas que preparaban un festival cultural en Chilpancingo.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que la reunión se había previsto para el lunes, pero se prorrogó la noche anterior cuando les informaron que no iban a llegar el secretario ni el subsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Enrique Miranda Nava.
En su lugar los padres de los desaparecidos y los normalistas se manifestaron en los cuarteles militares de Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Acapulco y Cruz Grande donde se encararon con soldados, y en el desalojo de manifestantes en Iguala se reportaron 15 lesionados.
Extraoficialmente se supo que el padre de familia Celso Gaspar Tecoapa, a raíz de la agresión de militares ese día, tuvo un conato de infarto en la noche, y fue llevado a un hospital en Chilpancingo para su atención.
De la reunión, el abogado consideró que lo único rescatable del encuentro fue el restablecimiento de la mesa de diálogo que permite a los padres tener información actualizada de las investigaciones, pero “en cuanto al fondo y sustancia de las mismas, no vemos avances sustanciales”.
Indicó que no hay nada del paradero de los 42 jóvenes aún desaparecidos, y que la Procuraduría General de la República (PGR) se mantiene en la tésis del basurero de Cocula que implica que los normalistas detenidos-desaparecidos por policías municipales fueron entregados al grupo de narcotraficantes Guerrero Unidos que los asesinó y quemó hasta las cenizas.
Subrayó que para los padres, estudiantes y organizaciones de derechos humanos que los acompañan esa hipótesis es débil, “tiene muchas inconsistencias, huecos en la información y no da certeza”.

Que se investigue al Ejército y a Aguirre Rivero, exigen

Aunque se habla de 97 detenidos con algún grado de responsabilidad y que tendrán que responder a la justicia por los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, denunció que las autoridades federales se niegan a abrir otra línea de investigación hacia a los militares porque alegan que no tienen suficientes pruebas que los incriminen.
Añadió que en la reunión de 4 horas en la PGR los padres insistieron en que se investigue al Ejército y al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pidió licencia a propósito del crimen de Estado.
Afirmó que no se abordó el tema las protestas en las instalaciones militares de Guerrero y otros estados.
Precisó que pidieron expresamente autorización para que los padres e integrantes del movimiento que exige la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, puedan acceder a los cuarteles y revisar el interior, pero los funcionarios sólo ofrecieron dar curso a la solicitud y responder en los próximos días.
Rosales Sierra aclaró que la reanudación de la mesa de diálogo se valoró desde antes de fin de año, porque ha habido información en los medios de comunicación sobre nuevas detenciones, y esos datos generan incertidumbre y dudas en los padres de familia.
Luego de la reunión, que estimó concluyó alrededor de las 8 de la noche, dijo que los padres y estudiantes estuvieron en el plantón que organizaciones sociales y de derechos humanos de la Ciudad de México instalaron frente la PGR, por la presentación con vida de los desaparecidos y la libertad de luchadores sociales y activistas detenidos por su participación en marchas y protestas en el Distrito Federal.
Dijo que el encuentro se extendió porque los funcionarios expusieron toda la investigación desde el inicio, los padres hicieron preguntas, expresaron sus dudas y reclamos.
En la reunión también se manifestó la preocupación por la falta de ejecución de al menos 20 órdenes de aprehensión contra integrantes de Guerreros Unidos y de exfuncionarios del Ayuntamiento de Iguala, “que son fundamentales para determinar el paradero de los estudiantes”.
Asimismo hubo cuestionamientos de los padres sobre las personas procesadas, así como la ausencia de una línea de investigación sobre la responsabilidad del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex procurador guerrerense Iñaky Blanco Cabrera, quien tomó testimonio de funcionarios de Iguala, presuntamente responsables de los hechos, y que los dejó libres, como al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velásquez, y al director de la policía Francisco Salgado Valladares.
Durante las 5 horas en las que participaron todos los padres exponiendo sus inconformidades, también se les informó de las dificultades para identificar los restos localizados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, según los investigadores forenses de la Universidad de Innsbrurck, Austria, “pero que siguen trabajando”.

10 testimonios ministeriales acusan a militares de vínculos con Guerreros Unidos, afirma

Tras advertir que las protestas en cuarteles militares y policiales continuarán, el representante legal de las familias de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra señaló que el gobierno federal está reticente a abrir una nueva línea de investigación que involucre al Ejército por los ataques en Iguala.
Entrevistado al término de la reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reveló que hay más de 10 testimonios ministeriales que acusan a militares de colaborar con la organización Guerreros Unidos.
“Ellos dicen que son insuficientes los datos que hay, a nuestro juicio sí existen los elementos para abrirla, sin embargo ahí está el desacuerdo y el poco avance que tenemos a ese respecto. Nosotros vemos que hay reticencias a esa línea de investigación”, expuso.
“Dicen que de todas las investigaciones que han estado realizando se mantiene la línea del basurero, la exigencia es que existen declaraciones, elementos y datos dentro de la averiguación previa que hacen necesario que se abra una línea de investigación que conduzca al Ejército”, agregó.
“El sabor sigue siendo de insatisfacción, de insuficiencia, porque no hay elementos claros, nítidos que conduzcan al paradero de los compañeros. Sin embargo se retoma el diálogo, es importante para los padres de familia enterarse cómo van transcurriendo las investigaciones”, comentó.
Analizan abrir cuarteles

Rosales Sierra y el vocero de las familias de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz señalaron que el gobierno federal analizará su petición de ingresar a cuarteles militares para buscar a los estudiantes desaparecidos, y anunciaron que el Comité Ayotzinapa reanuda hoy la búsqueda ciudadana.
Ayer el vocero de los padres expuso para el diario Reforma, “ellos (las autoridades) van a analizar la posibilidad, pero no vamos a dejar de insistir en entrar a los cuarteles porque sabemos que los militares participaron, tenemos que encontrar las respuestas a todas las dudas que tenemos. La violencia está generada porque no hay respuestas”.
Según Rosales Sierra la reunión se volcó en la revisión de las investigaciones de la PGR, “y aseguraron que en sus indagatorias no hay datos que arrojen que en los hechos haya participado el Ejército, pero es claro que no los haya porque no se ha abierto esa línea de investigación”.
“Hay datos suficientes que hablan de una responsabilidad del Ejército antes de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, porque sabía de la existencia, de la forma de operar, así como de las componendas del cártel de Guerreros Unidos, además de que hay indicios de que aquella noche realizaron patrullajes en Iguala”.
En el encuentro oficial además de los funcionarios antes señalados estuvieron el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo y el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio. (Agencias Proceso y Reforma / Ciudad de México).