Se abrirán los cuarteles a los padres de estudiantes desaparecidos: PGR

*No hay nada que incrimine al Ejército en el expediente, dice

*Denuncia la Sedena a manifestantes y reporta 11 heridos

*Si no disparó el Ejército el lunes en Iguala fue porque el movimiento “tiene gran legitimidad”, dice Jacobo Silva

*Reanudan el diálogo padres de Ayotzinapa con Osorio y Murillo Karam en el DF; no hay avances sustanciales, se quejan

*Orden de aprehensión contra Abarca por el secuestro de los normalistas

*Queman un auto en Palo Blanco encapuchados que se dicen maestros y transportistas

Acepta el gobierno federal abrir los cuarteles militares a los padres de Ayotzinapa: PGR

En un hecho inédito el gobierno federal aceptó que familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa ingresen a cuarteles militares con el propósito de transparentar la investigación del caso.
Un día después de las manifestaciones en los cuarteles militares en Iguala y Chilpancingo por normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos por policías en Iguala, la PGR informó que esa solicitud fue planteada por los familiares de los estudiantes durante una reunión de cuatro horas con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador Jesús Murillo Karam.
“Se les recordó (que los cuarteles) están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones”, indica. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Nada en el caso Ayotzinapa incrimina al Ejército: PGR

*Orden de aprehensión a Abarca por el secuestro de los normalistas en Iguala

El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, dijo ayer que en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria, han declarado 385 personas, y ninguna incrimina a las fuerzas castrenses.
Después de casi cuatro meses de indagatorias, finalmente la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo el lunes una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por el secuestro de los 43 normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Jorge Guillermo Suárez Campos, juez Tercero de Distrito de Matamoros autorizó el mandato de captura de Abarca y otros 44 sospechosos, la mayoría policías municipales ya  detenidos.
Desde su captura el 4 de noviembre en Iztapalapa, la PGR sólo había conseguido que procesaran a Abarca por el secuestro y homicidio del dirigente social Arturo Hernández Cardona, pero no por los normalistas.
El juez Suárez Campos también instruyó una nueva orden de captura contra la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, por delincuencia organizada, por vínculos con la banda Guerreros Unidos.
Autorizó en este expediente la aprehensión de otros 53 presuntos implicados en delincuencia organizada. Pero la PGR no ha podido conseguir ningún mandato contra Pineda Villa por el caso Ayotzinapa.
Suárez giró ayer cinco órdenes de captura contra policías municipales de Iguala, por las fosas halladas en Iguala, dijo Zerón de Lucio.
El mismo juez dictó  formal prisión a 10 policías de Iguala, detenidos en los últimos días del 2014 por secuestro y delincuencia organizada, debido a su probable participación en el caso de los estudiantes.
Zerón dijo que esta información ayer fue dada a conocer a los familiares de los normalistas, y a sus representantes legales en reunión presidida por el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, y el procurador Jesús Murillo.
El funcionario agregó que 97 personas han sido detenidas por los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre contra estudiantes en Iguala.
Dijo que se han realizado 16 cateos y se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria, habiendo rendido declaración 385 personas, incluyendo a 36 militares y ninguna incrimina a las fuerzas castrenses.
Afirmó que se han realizado análisis forenses a 93 equipos telefónicos asegurados a los presuntos responsables para establecer redes de vínculo el día de los hechos, y obran dentro de las constancias 444 dictámenes de distintas especialidades periciales elaborados por la Agencia de Investigación Criminal.
Agregó que se ha detenido a 97 personas, sobre quienes se ha tipificado responsabilidad por diversos delitos, respecto de 221 órdenes de aprehensión, siendo que para algunas de estas personas se ha cumplimentado más de una orden.

Denuncia Sedena en la PGR a manifestantes por Ayotzinapa; reporta 11 militares heridos en Iguala

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en el enfrentamiento de ayer en el cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala registraron a 11 militares heridos, uno “recibió el impacto de un petardo que le provocó fractura expuesta del peroné en la pierna izquierda” dice la dependencia en comunicado.
Notificó que cinco policías estatales resultaron con golpes contusos y uno tuvo una herida penetrante en el glúteo izquierdo.
La Sedena interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el choque con normalistas, maestros y activistas que intentaron ingresar a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Precisa que los militares actuaron con base en el protocolo de uso de la fuerza únicamente para detener el avance de los manifestantes.
En un comunicado condenó “enérgicamente” estos hechos y ratificó su pleno respeto a la libertad de reunión, asociación y manifestación de las ideas.
Precisó que el agente del Ministerio Público Militar presentó la denuncia correspondiente ante la PGR.
“Aproximadamente 200 personas, la mayoría con el rostro cubierto intentaron ingresar por la fuerza a la instalación militar. Tras forzar la reja de ingreso empleando un automotor de carga de una empresa refresquera, agredieron a personal de la policía militar mediante el uso de extinguidores y el lanzamiento de petardos, piedras y botellas que obtuvieron mediante la retención de un tráiler que transportaba cerveza”, expone.
“La policía militar que tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad de las instalaciones castrenses utilizó escudos antimotines con el único propósito de detener el avance de los agresores. Lo anterior, conforme a los protocolos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad y estricto respeto a los derechos humanos. Cabe mencionar que el personal militar no utilizó gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Si no disparó a los padres el Ejército fue porque su movimiento “tiene gran legitimidad”, dice Jacobo Silva en Ayotzinapa

*El comandante Antonio presentó ayer su libro sobre Lucio Cabañas en la Normal Rural. Considera que las condiciones que propiciaron el surgimiento de la guerrilla en los 70 son las mismas que en la actualidad

Lourdes Chávez

Ayotzinapa, Tixtla

El ex guerrillero Jacobo Silva Nogales, ex comandante Antonio  del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), consideró que fueron muy arriesgadas y valientes las protestas de este lunes en los cuarteles, porque el Estado es represor, y si no respondió con disparos es porque el movimiento por la presentación con vida de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos en Iguala, tiene gran legitimidad.
“El Estado sabe que ahora no puede reprimir con la violencia, pero tiene memoria, tiene maldad, estrategas que piensan y los asesoran; tiene criminales ahí adentro, que estudian para eso, entonces es riesgoso pero que hay que asumir riesgos, y con esto se muestra que en el pueblo hay disposición y está perdiendo el miedo a lo verde (a los soldados)”.
En la presentación de su libro Lucio Cabañas y la guerra de los pobres, en la Normal Rural de Ayotzinapa, el luchador que tras 10 años en prisión continua en la lucha por el cambio, ahora en la legalidad, recordó que la masacre del 18 de mayo de 1967 en Atoyac legitimó el levantamiento armado de los años 70.
Señaló que tras la masacre, Lucio Cabañas salió corriendo del poblado, pero regresó en la noche y, en asamblea, la gente planteó que bajaran de la Sierra a tomar el cuartel de Atoyac, y luego, a ajusticiar a los caciques, porque se demostró “descarnadamente de lo que es capaz el Estado”, así como en los crímenes del 26 de septiembre del año pasado, cuando policías uniformados asesinaron y desaparecieron a estudiantes, no un grupo criminal como quisieron decir en un primer momento.
Opinó que son muy parecidas las condiciones de la época de Lucio con las de ahora, la pobreza, el abuso y la permanencia de todos los mecanismos de dominación, “el Ejército sigue ocupando el mismo papel, y me he atrevido a decir que es el principal grupo delictivo del país, no le ganan ningún otro, está en todos”.
Destacó la dignidad de los padres de los desaparecidos, que han persistido en la lucha, sin ceder a las presiones del Estado que pide que se resigne, o como dijo el presidente Enrique Peña Nieto, “que lo superen”. Indicó que han actuado dignamente exigiendo la presentación con vida de sus hijos.
Coincidió con las voces que señalan la responsabilidad del Ejército en los ataques a estudiantes en Iguala, porque siempre, “lueguito de una balacera, los primeros en aparecer son los soldados; no es que no se haya enterado (del ataques de policías y sicarios contra los normalistas), se enteró y fue un acuerdo no intervenir para dejar manos libre a los otros elementos del Estado”
Consideró que en esta lucha, Lucio es un referente histórico para los guerrerenses, y la mayor parte de su ideario sigue vigente.
Destacó que Cabañas se formó políticamente en la Normal Rural de Ayotzinapa, y hace más de 40 años fue capaz de dirigir a un Ejercito y gran parte de la población de la zona, pero ahora, si la población no tiene esta formación, el movimiento puede diluirse en poco tiempo.
En prisión

Precisó que tuvo “la fortuna” de confirmar por sí mismo todo lo que denunció antes de ser desaparecido y cuando llegó a prisión, pero que no desistió, por el contrario, ratificó su convicción de luchar por un cambio. Precisó que hoy hace talleres de formación política y escribe libros.
“En la cárcel conocí a un militar que formaba parte de la comisión que iba a tirar gente al mar (en helicópteros durante la mal llamada guerra sucia), me platicó con lujo de detalles cómo pasaba todo, me decía que arrojó como 100 o 120”, pero había más pilotos que hacían lo mismo.
También supo de un militar inflitrado en Ayotzinapa, en los años 70, que entregó y desapareció a estudiantes, “y puedo decir que el Ejército es criminal, y con lo que sucede ahora me reafirma que sigue igual”.
En contraparte, señaló que la población sigue demostrando que sabe indignarse, y si siente miedo, lo puede vencer; “si la superioridad de las fuerzas es muy grande, puede aguantar, pero esta viendo lo que ocurre… es muy parecido, como ha sido siempre, hay masacre, desaparición, abuso del poder, pero también hay lucha y, como dice una frase en Ayotzi, el pueblo tiene la última palabra”.
Cuando se le preguntó si la lucha armada sigue siendo una opción, concedió que para muchos lo es, tan es así que hay grupos sublevados, y ante las injusticias otros pueden llegar a la misma conclusión, “no es porque haya un trabajo de convencimiento, hay quien dice que el mejor detonador para la guerrilla es el Estado, porque con su represión y sus masacres convence”.
Cuando se le cuestionó sobre el tiempo que le llevó recuperarse emocionalmente de la desaparición forzada y detención, consideró que no hubo tiempo para la transición, fue inmediato, porque en ningún momento perdió la convicción de que la lucha es necesaria.

Reanudan el diálogo padres de Ayotzinapa y la federación; no hay avances sustanciales, se quejan

*Manifiestan su preocupación por la falta de ejecución de al menos 20 órdenes de aprehensión contra integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y de ex funcionarios del Ayuntamiento de Iguala, “que son fundamentales para determinar el paradero de los estudiantes”, informa Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Ayer se reanudaron las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento integrada por padres y estudiantes de Ayotzinapa, representantes de organizaciones sociales y del gobierno federal para informar de la investigación de la desaparición forzada de 42 (antes 43) estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, suspendidas desde el 14 de diciembre, tras la agresión de policías federales a normalistas que preparaban un festival cultural en Chilpancingo.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que la reunión se había previsto para el lunes, pero se prorrogó la noche anterior cuando les informaron que no iban a llegar el secretario ni el subsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y  Luis Enrique Miranda Nava.
En su lugar los padres de los desaparecidos y los normalistas se manifestaron en los cuarteles militares de Iguala, Chilpancingo, Tlapa, Acapulco y Cruz Grande donde se encararon con soldados, y en el desalojo de manifestantes en Iguala se reportaron 15 lesionados.
Extraoficialmente se supo que el padre de familia Celso Gaspar Tecoapa, a raíz de la agresión de militares ese día, tuvo un conato de infarto en la noche, y fue llevado a un hospital en Chilpancingo  para su atención.
De la reunión, el abogado consideró que lo único rescatable del encuentro fue el restablecimiento de la mesa de diálogo que permite a los padres tener información actualizada de las investigaciones, pero “en cuanto al fondo y sustancia de las mismas, no vemos avances sustanciales”.
Indicó que no hay nada del paradero de los 42 jóvenes aún desaparecidos, y que la Procuraduría General de la República (PGR) se mantiene en la tésis del basurero de Cocula que implica que los normalistas detenidos-desaparecidos por policías municipales fueron entregados al grupo de narcotraficantes Guerrero Unidos que los asesinó y quemó hasta las cenizas.
Subrayó que para los padres, estudiantes y organizaciones de derechos humanos que los acompañan esa hipótesis es débil, “tiene muchas inconsistencias, huecos en la información y no da certeza”.

Que se investigue al Ejército y a Aguirre Rivero, exigen

Aunque se habla de 97 detenidos con algún grado de responsabilidad y que tendrán que responder a la justicia por los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, denunció que las autoridades federales se niegan a abrir otra línea de investigación hacia a los militares porque alegan que no tienen suficientes pruebas que los incriminen.
Añadió que en la reunión de 4 horas en la PGR los padres insistieron en que se investigue al Ejército y al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pidió licencia a propósito del crimen de Estado.
Afirmó que no se abordó el tema las protestas en las instalaciones militares de Guerrero y otros estados.
Precisó que pidieron expresamente autorización para que los padres e integrantes del movimiento que exige la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, puedan acceder a los cuarteles y revisar el interior, pero los funcionarios sólo ofrecieron dar curso a la  solicitud y responder en los próximos días.
Rosales Sierra aclaró que la reanudación de la mesa de diálogo se valoró desde antes de fin de año, porque ha habido información en los medios de comunicación sobre nuevas detenciones, y esos datos generan incertidumbre y dudas en los padres de familia.
Luego de la reunión, que estimó concluyó alrededor de las 8 de la noche, dijo que los padres y estudiantes estuvieron en el plantón que organizaciones sociales y de derechos humanos de la Ciudad de México instalaron frente la PGR, por la presentación con vida de los desaparecidos y la libertad de luchadores sociales y activistas detenidos por su participación en marchas y protestas en el Distrito Federal.
Dijo que el encuentro se extendió porque los funcionarios expusieron toda la investigación desde el inicio, los padres hicieron preguntas, expresaron sus dudas y reclamos.
En la reunión también se manifestó la preocupación por la falta de ejecución de al menos 20 órdenes de aprehensión contra integrantes de Guerreros Unidos y de exfuncionarios del Ayuntamiento de Iguala, “que son fundamentales para determinar el paradero de los estudiantes”.
Asimismo hubo cuestionamientos de los padres sobre las personas procesadas, así como la ausencia de una línea de investigación sobre la responsabilidad del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex procurador guerrerense Iñaky Blanco Cabrera, quien tomó testimonio de funcionarios de Iguala, presuntamente responsables de los hechos, y que los dejó libres, como al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velásquez, y al director de la policía Francisco Salgado Valladares.
Durante las 5 horas en las que participaron todos los padres exponiendo sus inconformidades, también se les informó de las dificultades para identificar los restos localizados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, según los investigadores forenses de la Universidad de Innsbrurck, Austria, “pero que siguen trabajando”.

10 testimonios ministeriales acusan a militares de vínculos con Guerreros Unidos, afirma

Tras advertir que las protestas en cuarteles militares y policiales continuarán, el representante legal de las familias de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra señaló que el gobierno federal está reticente a abrir una nueva línea de investigación que involucre al Ejército por los ataques en Iguala.
Entrevistado al término de la reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reveló que hay más de 10 testimonios ministeriales que acusan a militares de colaborar con la organización Guerreros Unidos.
“Ellos dicen que son insuficientes los datos que hay, a nuestro juicio sí existen los elementos para abrirla, sin embargo ahí está el desacuerdo y el poco avance que tenemos a ese respecto. Nosotros vemos que hay reticencias a esa línea de investigación”, expuso.
“Dicen que de todas las investigaciones que han estado realizando se mantiene la línea del basurero, la exigencia es que existen declaraciones, elementos y datos dentro de la averiguación previa que hacen necesario que se abra una línea de investigación que conduzca al Ejército”, agregó.
“El sabor sigue siendo de insatisfacción, de insuficiencia, porque no hay elementos claros, nítidos que conduzcan al paradero de los compañeros. Sin embargo se retoma el diálogo, es importante para los padres de familia enterarse cómo van transcurriendo las investigaciones”, comentó.
Analizan abrir cuarteles

Rosales Sierra y el vocero de las familias de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz señalaron que el gobierno federal analizará su petición de ingresar a cuarteles militares para buscar a los estudiantes desaparecidos, y anunciaron que el Comité Ayotzinapa reanuda hoy la búsqueda ciudadana.
Ayer el vocero de los padres expuso para el diario Reforma, “ellos (las autoridades) van a analizar la posibilidad, pero no vamos a dejar de insistir en entrar a los cuarteles porque sabemos que los militares participaron, tenemos que encontrar las respuestas a todas las dudas que tenemos. La violencia está generada porque no hay respuestas”.
Según Rosales Sierra la reunión se volcó en la revisión de las investigaciones de la PGR, “y aseguraron que en sus indagatorias no hay datos que arrojen que en los hechos haya participado el Ejército, pero es claro que no los haya porque no se ha abierto esa línea de investigación”.
“Hay datos suficientes que hablan de una responsabilidad del Ejército antes de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, porque sabía de la existencia, de la forma de operar, así como de las componendas del cártel de Guerreros Unidos, además de que hay indicios de que aquella noche realizaron patrullajes en Iguala”.
En el encuentro oficial además de los funcionarios antes señalados estuvieron el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo y el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio. (Agencias Proceso y Reforma / Ciudad de México).

Queman un auto en la caseta de Palo Blanco encapuchados que se dicen maestros y transportistas

*Se apoderan de 13 vehículos de empresas y del gobierno estatal y federal, informan testigos. Se deslindan la CETEG y el CETIG

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Hombres encapuchados que se presentaron como integrantes de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se apoderaron de 13 vehículos e incendiaron uno más en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol.
Según testigos de los hechos, a las 8:45 de la noche un grupo de personas con el rostro cubierto con playeras, pañuelos y máscaras, la mayoría hombres que cobraban en la caseta de Palo Blanco despojaron a los conductores de sus camionetas tipo pick up.
Exigían a los conductores 100 pesos sin importar el tipo de vehículo del que se tratara, quienes cobraban portaban tubos y palos con los que intimidaban a los viajeros.
Los vehículos de los que se apoderaron los presuntos transportistas y maestros pertenecían a diferentes empresas como la aseguradora Qualitas, del gobierno estatal y federal. Algunos conductores se resistieron al despojo de su carro pero sus unidades fueron dañadas.
Debido a la situación violenta ayer en la noche se montó un dispositivo de seguridad en el punto conocido como el Parador del Marqués para advertir a los usuarios de la autopista y desviar la circulación hacia la carretera libre Chilpancingo-Acapulco.
Varios afectados manifestaron a las autoridades a cargo de la caseta de Palo Blanco de la actitud agresiva de los manifestantes, quienes se retiraron del lugar a las 10:05 de la noche.
Se consultó a los integrantes de la avanzada de la CETEG, quienes realizaron diversas acciones de protesta la mañana y tarde de ayer en la capital, sin embargo, los encargados de las manifestaciones negaron la participación de maestros en la caseta de Palo Blanco.
“Nosotros nos quedamos concentrados en el campamento cuando terminamos las acciones del día”, informaron.
Consultado vía telefónica el líder de la CETIG, Juan Mendoza Tapia, informó que los integrantes de su organización realizaron una colecta en la caseta de Palo Blanco este martes por la noche.
Expuso que se retiraron de la caseta a las 10 de la noche, y aseguró que no participaron en ninguna acción posterior.
A pregunta expresa sobre si miembros de su organización habían participado en el incendio de un vehículo respondió que no.