Investiga la Procuraduría mexiquense a 20 funcionarios por tortura en el caso Tlatlaya

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) investiga a 20 funcionarios estatales que presumiblemente torturaron a tres mujeres detenidas tras la ejecución de 22 civiles a manos del Ejército el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya.
Según el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez “están todos y cada uno de ellos en la mejor disposición de colaborar en las investigaciones”.
No obstante, dijo que hasta el momento ninguno de los servidores públicos ha sido separado del cargo debido a que “estamos llevando el principio de presunción de inocencia”.
Al referirse a la reclasificación del caso, al que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dio el martes pasado el carácter de “violaciones graves”, el procurador dijo que es una facultad del organismo y que la PGJEM continuará trabajando para cumplir con los ocho puntos de la recomendación.
No obstante dijo que a la dependencia a su cargo, le toca sólo la investigación de la presunta violación a los derechos humanos de las tres mujeres que fueron detenidas el día de los hechos, el 30 de junio del año pasado, y liberadas en diciembre.
Gómez Sánchez indicó que las investigaciones que se efectúan están basadas en las declaraciones que han hecho las tres testigos, con quienes ya han tenido contacto.
“La investigación que tiene que ver con la Procuraduría del Estado es la de los supuestos que tienen que ver con los tratos a las mujeres que fueron testigo de los hechos.
“Nosotros no tenemos que ver con la presunta ejecución que se hubiese llevado a cabo por parte de elementos militares”, afirmó.

Ordenan a entregar peritajes

Dicha investigación está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) que se ha negado a informar sobre los peritajes de la investigación por la ejecución de los 22 civiles.
Sin embargo, a petición de un particular, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam, entregar versiones públicas de esos peritajes.
En repuesta al particular, la PGR señaló que esa información está reservada por un periodo de 12 años, por lo que el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Ifai, argumentando que se deben dar a conocer los documentos porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos.
De acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), este tipo de información no puede reservarse.
Aun así la PGR reiteró su respuesta inicial y agregó que la averiguación previa que contiene los peritajes solicitados, fue iniciada por la probable comisión del delito de homicidio y no por delitos de lesa humanidad.
Además la PGR argumentó en los alegatos que la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no fue por violaciones graves a los derechos humanos.
Sin embargo, el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña Llamas, determinó que “de las circunstancias que rodean el caso y de los elementos de los que se allegó el Instituto para su análisis, los actos ilícitos cometidos en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, deben darse a conocer al encontrarse relacionados con violaciones graves de derechos fundamentales”.
Y destacó que la CNDH, mediante un comunicado, emitido el martes pasado, dio a conocer que modificó la clasificación del expediente del caso Tlatlaya como investigación de “violaciones graves” a los derechos humanos, con el fin de que las autoridades tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a su recomendación.
Dicha reclasificación, señaló el comisionado, actualiza el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, el cual establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
Lo único que concedió a la PGR fue proteger los datos personales contenidos en los documentos, por tratarse de información de carácter confidencial y le solicitó entregar al solicitante versiones públicas de los peritajes de la investigación.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el anterior titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, elementos del 102 Batallón de Infantería “privaron de la vida arbitrariamente a las víctimas”, lo que fue comprobado en 12 personas y se presume en otras tres, de las 22 que murieron en los hechos registrados en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 junio de 2014.