La justicia en México corre en dos velocidades y eso genera derechos desiguales: CIDE

Mathieu Tourliere / Agencia Proceso

Ciudad de México

El sistema judicial mexicano corre en dos velocidades y eso genera ciudadanos con derechos desiguales en México, señaló hoy el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón.
Además los mexicanos enfrentan una justicia con procedimientos formalistas y juzgados con sobrecarga de trabajo, cuyos actores carecen de una formación jurídica “de calidad, certificada y regida”, dice.
Y afirma que actualmente “cualquiera ofrece servicios jurídicos y muchas veces no tienen la calificación ni la ética profesional”.
A lo anterior hay que añadir una “educación de mala calidad, un sistema económico que genera desigualdades muy profundas y una falta de crecimiento económico”, factores que explican la “sociedad desigual y estratificada” en la que viven los mexicanos, asegura en entrevista con Agencia Proceso.
En noviembre pasado, durante la presentación del decálogo de medidas para mejorar el estado de derecho en México, el presidente Enrique Peña Nieto encargó al CIDE –en plena crisis de credibilidad por la tragedia de Iguala– que realizara una consulta entre expertos para saber cómo mejorar la justicia cotidiana, o sea los conflictos que a diario se presentan entre particulares y que, según un estudio del CIDE, representan más del 85% de los casos tratados en los tribunales.
Se trata, por ejemplo, de los despidos injustos o los conflictos con empresarios que no respetan los contratos y que “muchas veces no tienen canales institucionales para resolver”, precisa Ayllón, y admite que a eso “no le ponemos la atención suficiente”.
Por su parte, la investigadora y fundadora de la división de estudios jurídicos del CIDE, Ana Laura Magaloni, asegura que los conflictos en México se resuelven “por el que más dinero y relaciones tiene”, ya que los jueces resultan “poco confiables” y tienen la idea de que la justicia es manipulable.
De acuerdo con Magaloni, muchos ciudadanos carecen de información en cuanto al acceso a la justicia respecto de los conflictos cotidianos, además de que se enfrentan a abogados deshonestos, quienes les cobran altas cantidades de dinero para atender sus casos.
“Esto crea jerarquías e impide la gobernabilidad”, puntualiza la investigadora, y subraya que “la apuesta por la justicia equivale a apostar a una revolución desde la raíz” para lograr una sociedad más justa.
El modelo actual de la justicia mexicana, asevera, consiste en el diseño de instituciones a las que los ciudadanos deben adaptarse. “Lo que proponemos es un modelo al revés, que haya debate, el cual no existía antes y esperemos que se mantenga para la próxima década”.