Héctor Manuel Popoca Boone*

Escalada

Recordemos que el movimiento estudiantil del 68 tuvo su origen en la Ciudadela de la capital de México, a partir de una riña callejera entre estudiantes de dos escuelas de enseñanza media superior, misma que fue detenida con suma rudeza por la policía capitalina. Los estudiantes pidieron como reparación de dicha represión, la suspensión del jefe de la policía. El regente de la ciudad y el presidente de la República de aquel entonces, desoyeron una y otra vez tal petición, amachándose en no removerlo. En los siguientes meses la inconformidad y protesta social tuvo un ascenso vertiginoso que fue frenada abruptamente con la matanza de Tlatelolco asumida como responsabilidad presidencial.
Por otra parte, sigue sin respuesta oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), la pregunta pública que hiciera el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, “¿dónde estaban los tres niveles de gobierno cuando pasó lo de Iguala?”.
La afirmación tajante del senador Sofío Ramírez de que el gobierno estatal fue tan responsable como el gobierno federal en el conocimiento de lo que sucedía en Iguala, induce a pensar que no se quiere asumir responsabilidades por parte de institución federal alguna, ni afectar a sus funcionarios. A nivel estatal, el caso referido repercutió con el cese del secretario de Salud, Lázaro Mazón, y la solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador de Guerrero.
Tal parece que hay un empecinamiento de la federación de no dar a conocer a los padres de los jóvenes desaparecidos la información veraz, completa y detallada de lo que pasó con los estudiantes, desde que salieron de Ayotzinapa hasta el desenlace fatal ocurrido durante la noche-madrugada del 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala y en sus inmediaciones.
Sin esa información se dificulta en grado sumo resolver la desaparición forzada de 43 normalistas, el afincamiento de responsabilidades institucionales y el castigo ejemplar a que haya lugar a todos los involucrados.
La versión dada por la PGR a la opinión pública causa incredulidad por no estar sólidamente sustentada. Mientras tanto, seguiremos sosteniendo que sin verdad no hay justicia y sin ésta no habrá paz duradera.
Faltan nueve días para que se cumplan cuatro meses del infausto evento; la protesta y la exigencia social no solo se ha mantenido sino que su escalada ya es más intensa y profunda, con acciones ilícitas de mayor gravedad, que tienen amplia resonancia nacional y mundial.
En esta semana que finaliza, fue cosa de suyo grave el hecho de que el Movimiento Popular Guerrerense intentara abrir por la fuerza las puertas de algunos cuarteles militares en su reclamo de justicia. También lo es que a esta fecha no haya suficiente y creíble información oficial sobre lo acontecido, de la presentación de los desaparecidos, así como la identificación de todos los causantes por comisión u omisión, directos e indirectos, de la tragedia.
No hay posibilidad de tener paz en Guerrero permaneciendo en esta situación de estancamiento oficial. Estamos en un punto de quiebre que nos puede llevar a la solución represiva del conflicto o a tomar verdaderamente el sendero de la solución pacífica del mismo.
PD1. El repudio legítimo de los ciudadanos de Acapulco (que estaban tramitando su credencial de elector) a la avanzada destructora del MPG, demuestra que no se pueden defender causas justas con actos que coarten los derechos de la ciudadanía.
PD2. Convengo en que iniciemos con urgencia una cruzada vasta contra la corrupción, la impunidad, la pobreza y la injusticia en Guerrero. Seguramente todos los que estamos convencidos, nos encontraremos en el camino.
PD3. El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, ha dado instrucciones para mi recontratación a efecto de que coadyuve, entre otras cosas, a la mejor atención gubernamental de las demandas socioeconómicas que le han sido presentadas por algunas de las organizaciones sociales de la Red de Derechos Humanos, Una década Sin Impunidad, que preside el obispo Raúl Vera López. Prometo no llevármela de a muertito.

*Asesor en Políticas Públicas del Ejecutivo Estatal.