Rogelio Ortega descalifica y criminaliza la protesta normalista al llamar “vándalos” a manifestantes: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró preocupante que el gobernador Rogelio Ortega Martínez llame “vándalos” a las personas que han radicalizado su protesta por la presentación con vida de los 42 (antes 43) estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos en Iguala.
Recordó que la sociedad tiene mucho que reclamar a la autoridad, y la declaración de que aplicará la ley “a los vándalos” porque son una minoría, no ayuda, polariza, descalifica y criminaliza la protesta social.
Denunció que el gobernador alienta la confrontación, “entendemos que hay acciones que no son las que la autoridad quisiera, (pero) hay diversidad de expresiones que se han radicalizado a causa de tanto vandalismo que ha provenido de la misma autoridad”.
En consulta telefónica, indicó que la lectura de este calificativo en un movimiento extendido en el estado, el país y a nivel internacional, como la presentación de los normalistas desaparecidos, “preocupa bastante porque no percibe la autoridad, no quieren entender que aquí hay una causa que ha generado un conflicto y quien lo ha provocado son las mismas autoridades”.
Aceptó que funcionarios coludidos con el crimen organizado están en la cárcel por los crímenes de Estado que cometieron en Iguala, pero otros siguen libres y eso demuestra que las autoridades han sido incapaces de dar con el paradero de los jóvenes.
Subrayó que sin el vandalismo y la delincuencia institucionalizada de las mismas estructuras de gobierno, no habría surgido este movimiento que están reivindicando estas “minorías” de las que habla Ortega Martínez.
Consideró que esta posición evidencia la “pequeñez que tiene de miras, una visión demasiado reduccionista, de alguien que debe tener visión clara de lo que es un conflicto que está enfrentando”.
Recordó que el agravio a los estudiantes de Ayotzinapa no ha sido subsanado, y la agresión que sufrieron tampoco es un asunto local, trascendió las fronteras y catalogar las diferentes formas de protesta como acciones vandálicas, “con las que se podrá estar o no de acuerdo”, alienta la descalificación.
El defensor de derechos humanos consideró que el Ejecutivo debe entender el conflicto en lugar de echar más leña al fuego, y recomendó tener posturas muy claras en términos de que existe un agravio no resuelto y que la sociedad está enojada.