Exigen padres visitar todos los cuarteles

* Recorren otra colonia de Iguala y encuentran una posible fosa clandestina

* Espera la CNDH el lunes la respuesta de los familiares para inspeccionar la sede del batallón de Iguala

* Detienen a El Cepillo, el presunto sicario que según la PGR ordenó pulverizar los restos de los normalistas

* Creó la CIDH el grupo especial de expertos internacionales para revisar el caso

Espera la CNDH el lunes la respuesta de los familiares para inspeccionar el cuartel militar de Iguala

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional ya le corrió la invitación para visitar única y exclusivamente el 27 Batallón Militar de Iguala, con una comitiva de padres de los normalistas desaparecidos.
Además, condenó los hechos de violencia protagonizados por los cetegistas. Ningún acto de violencia, subrayó, puede ser justificado.
En entrevista con Radio Fórmula, el ombudsman nacional comentó que espera tener una respuesta de los familiares el próximo lunes a más tardar para agendar la visita al cuartel militar de Iguala.
“Somos respetuosos de los padres de familia, estaremos atentos a la respuesta que nos den los familiares. Ayer nos comunicamos con sus representantes, y quedamos en volvernos a comunicar el lunes para conocer los detalles de esta dinámica”, dijo.
Ayer, el representante legal de los familiares, Vidulfo Rosales, anticipó la postura de sus asesorados al asegurar que no operarán a través de la CNDH.
El ombudsman nacional recordó además que la CNDH ya integra una investigación por violación a los derechos humanos en este caso y “en ese sentido es que aceptamos la invitación de la Secretaría de la Defensa Nacional para acudir al cuartel de Iguala”.
González Pérez confió en que haya sensibilidad por parte de los actores involucrados para que se pueda satisfacer la inquietud de recorrer el cuartel militar de Iguala, el más cercano al lugar donde desaparecieron 43 normalistas el pasado 26 de septiembre.
Sobre los actos de violencia registrados el jueves pasado en Chilpancingo, dijo que ningún acto de violencia puede ser justificado.
“Ningún acto de violencia puede ser justificado, sea la autoridad o servidor público que en uso indebido de la fuerza incurre en la misma, no está exento de que se le aplique la ley. Se debe retomar el camino de la ley, del Estado de derecho. Es un tema que en cualquier circunstancia de violencia debe ser reprobable, se debe de aplicar la ley”, dijo.
“El Estado debe generar las condiciones que permitan que los ciudadanos vivan en tranquilidad y que ejerzan en plenitud sus derechos. Una protesta sin armas y violencia se respeta, pero si estas se exceden desde luego el Estado puede aplicar la ley”, dijo.
El jueves pasado, maestros disidentes participaron en diversos actos de violencia en Chilpancingo. Intercambiaron pedradas con policías antimotines frente al Congreso local, luego se trasladaron al auditorio Sentimientos de la Nación para suspender una conferencia magistral convocada por la Coparmex y quemaron una patrulla de tránsito.
Sobre el caso Tlatlaya, el ombudsman señaló que la labor que realiza es de seguimiento y de cumplimiento de su recomendación.
Recordó que el caso no tenía calificación de “violaciones graves” a los derechos humanos y dada la magnitud de los hechos decidió emitir un acuerdo reclasificando esa calificación.
“Los hechos de Tlatlaya no tenían esa calificación (de graves) desde el origen de la investigación, y luego en la emisión de la recomendación yo identifiqué esta circunstancia y emití el acuerdo precisamente para que se dimensione la gravedad de los hechos” en los que perdieron la vida varias personas después de un enfrentamiento, y luego se registraron excesos en la actuación de servidores públicos de la Defensa Nacional y del estado de México.
González Pérez comentó que la relevancia de que se cataloguen los hechos como “violaciones graves” a los derechos humanos radica en que de esta forma las investigaciones administrativas de las averiguaciones previas en los tres ámbitos tengan en cuenta esa circunstancia.
“Y por otro lado tiene que ver con lo que recientemente resolvió el IFAI. Tiene impacto sobre la transparencia, sobre acceso a la información (…) catalogados como graves (los hechos en Tlatlaya), se tiene el derecho a acceder a ellos”, puntualizó González Pérez. (Apro / Ciudad de México)

Detienen soldados a un presunto sicario; ordenó
pulverizar los restos de los normalistas: PGR

Felipe Rodríguez Salgado, El Terco o El Cepillo fue capturado en el municipio de Jiutepec, Morelos, informa la dependencia federal

Agencia Proceso

Ciudad de México

El presunto sicario del grupo delictivo Guerreros Unidos Felipe Rodríguez Salgado, El Terco o El Cepillo fue detenido ayer por soldados del Ejército y policías federales en el municipio de Jiutepec, en Morelos.
Según el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, El Terco fue quien dio la orden de pulverizar los huesos calcinados de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que luego depositaron en bolsas negras de basura, cuyo contenido fue arrojado al río de Cocula.
También se le señala de dar la orden de quemar la ropa que los ejecutores de los normalistas traían puesta, “para que no quedara rastro de nada”.
En un escueto comunicado emitido este viernes la PGR destacó que Rodríguez Salgado presunto “autor material” del homicidio de los estudiantes “se encuentra declarando” en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Según sus declaraciones el contenido de las bolsas fue vaciado en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dijo que arrojó completas al agua.
Las autoridades también identifican a El Cepillo como operador de Gildardo López Astudillo, El Gil, quien es un presunto lugarteniente del máximo líder de la organización criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, este último preso desde septiembre pasado.
Según la PGR El Gil fue quien coordinó la desaparición de los 43 jóvenes normalistas tras contar con la aprobación de Sidronio Casarrubias.
Rodríguez Salgado fue detenido la madrugada de este viernes en el municipio morelense de Jiutepec. Luego fue puesto a disposición de la PGR para que rindiera su declaración del caso.
En rueda de prensa del 7 de noviembre de 2014 Murillo Karam señaló que se había ubicado y detenido a Patricio Reyes Landa, El Pato, y a Jonathan Osorio Gómez, El Jona, quienes fueron capturados en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala del Progreso.
Estas dos aprehensiones derivaron en la localización y detención en Cocula de un tercer implicado, Agustín García Reyes, El Chereje.
Según Murillo Karam los tres capturados son miembros de Guerreros Unidos y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron policías municipales de Iguala y Cocula.
“Los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos recibieron la orden de un hombre, a quien apodan El Terco, de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura negras.
“Según sus declaraciones estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas”, señaló el procurador.
Días después Murillo Karam se refirió a una persona que sólo identificó como El Cepillo: “Al acudir al basurero de Cocula, al principio me confundí porque vi algunas ropas, pedí que lo revisaran todo pero luego ya me enteré que habían quemado todo”.
“Dice uno de ellos -de los detenidos- que el líder, un tipo que le dicen El Cepillo -que todavía no está detenido- los obligó a quemar la ropa que ellos traían puesta, para que no quedara huella de nada”.

Recorren padres de Ayotzinapa otra colonia de Iguala y encuentran una posible fosa clandestina

Acuden a Jardín Pueblo Viejo a menos de medio kilómetro de donde la PGR exhumó los restos desmembrados y calcinados de 30 personas en seis entierros

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por policías, alumnos de diferentes normales públicas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recorrieron la colonia Jardín Pueblo Viejo de esta ciudad en el segundo día de la búsqueda ciudadana, pidieron información y repartieron volantes con datos de los jóvenes a los que buscan.
La colonia está al poniente de Iguala, donde los activistas ubicaron una posible fosa clandestina y dos casas que eran utilizadas por la delincuencia organizada, las cuales anteriormente fueron cateadas por agentes federales.
Cerca del mediodía dos autobuses salieron de las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal (CREN) donde acampan. A bordo iban unos 100 normalistas, maestros y cuatro padres de los desaparecidos.
Tomaron la carretera Iguala-Taxco al Periférico Norte y de ahí siguieron al poniente de la ciudad hasta Jardín Pueblo Viejo, ubicado en las faldas del cerro Gordo a menos de medio kilómetro de La Parotas, donde en octubre la PGR exhumó los restos desmembrados y calcinados de 30 personas de seis fosas clandestinas.
Previo al reparto de volantes, en los que se da a conocer información de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por policías en esta ciudad, un grupo de jóvenes que se identificó como la comisión de prensa y propaganda del grupo de búsqueda pidió identificaciones de los reporteros, dio indicaciones y restricciones para permitir acompañarlos.
Los jóvenes pidieron no tomar fotos de frente, no hacer entrevistas y no acceder a algunos lugares que ellos indicaban.
Se conformaron dos grupos integrados principalmente por estudiantes de Ayotzinapa y de otras escuelas, algunos iban con los rostro cubiertos y con palos, machetes y tubos.
Con el apoyo de un par de guías, los grupos de búsqueda caminaron en calles y brechas de la colonia Jardín Pueblo Viejo, en las casas en las que encontraron a sus ocupantes entregaron volantes y solicitaron información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Después de caminar más de 1 hora y media, en un lugar aislado en el que no había viviendas, a sólo 5 metros del camino de herradura se ubicó una posible fosa clandestina, a la que le tomaron fotografías y marcaron para posteriormente notificar del hallazgo a las autoridades.
Después llegaron a un lugar que tiene unas 15 viviendas, alejado a más de un kilómetro de la colonia Jardín Pueblo Viejo y ahí hallaron una vivienda de dos plantas, la cual estaba abandonada y la puerta forzada y abierta.
Un vecino del lugar informó que era una casa de presuntos miembros de la delincuencia organizada pero que hace unos dos meses policías federales la habían cateado y confiscaron algunas cosas, aunque no supo precisar qué cosas.
Dentro de la vivienda había algunas fotografías de mujeres, calzado, sillas, utensilios de cocina y en el exterior contaba con algunas medidas de seguridad. Había indicios de que documentos y prendas de vestir habían sido quemados.
Junto a esta propiedad, también fue ubicada una segunda casa, al parecer también de delincuentes, pero a esa se le impidió el acceso a reporteros.
Este fue el segundo día de búsqueda en colonias de Iguala y no hubo resultados de consideración, ya que estas colonias habían sido “peinadas” por fuerzas de seguridad pública estatal y federal desde octubre pasado.
Cerca de las 3:00 de la tarde los equipos de búsqueda se reagruparon y regresaron hacia los autobuses para retornar al CREN.
Se dijo que se haría un concentrado de la información y que en caso de verter algún comunicado o dar conferencia de prensa se informaría a los reporteros.

Revela la CIDH los nombres de los cinco expertos que se
sumarán a la investigación de la desaparición de los normalistas

El grupo se encargará de elaborar planes de búsqueda en vida de los desaparecidos y del análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como del plan de atención integral a las víctimas, a fin de asegurar que se brinde la atención y la reparación integral, informan

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer los nombres de los expertos en derechos humanos que se sumarán a las investigaciones de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa como parte de un grupo interdisciplinario.
Se trata de Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos; Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud, y  Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.
En un comunicado conjunto la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores precisaron que el grupo de expertos independientes en materia de derechos humanos se integró después de que el Estado mexicano y los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los normalistas signaron el Acuerdo de Asistencia Técnica el 12 de noviembre.
En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con ambas partes, la encargada de definir la integración del grupo de especialistas, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.
Dicho grupo se encargará de elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y realizar el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y la reparación integral necesaria.
En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes.
A través del acuerdo el Estado también reiteró su disposición a que a partir de las recomendaciones puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación de casos de desaparición forzada.
El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Según el acuerdo el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo, para lo cual depósito un millón de dólares, dinero que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.