Julio Moguel

Crisis de régimen, cambio de régimen El Mando Único: variante transicional

I

Afirmé en un artículo anterior (“Crisis de régimen, cambio de régimen. La hora de Ayotzinapa”, El Sur, 12 de diciembre de 2014) que “La particularidad del momento político que se vive en México tiene un elemento distintivo que vale la pena resaltar: es la primera vez desde la institucionalización del régimen político mexicano (periodo que se abre en 1934, con la configuración del régimen presidencialista sexenal) en que la exigencia de que un presidente del país haga sus maletas y se vaya adquiere fuerza de voces y sentido de posibilidad. Con el agregado, conocido, de que el grito de ‘fuera Peña’ cuenta ahora con un significativo soporte de credibilidad al hacer tierra con la mayor parte de los registros de encuestas y de valoraciones de escala doméstica e internacional.”
Continúo ahora esta línea de aproximación, tratando de señalar cómo, más allá de cualquier balance o acotamiento preciso de nivel coyuntural, en la precipitación que viene desde el 26 de septiembre del año pasado (Iguala-Ayotzinapa, para más indicación) se está jugando ya, al día, un cambio de régimen cuyos rasgos o perfiles aún no es posible precisar.
Dicho cambio de régimen se juega ahora vertiginosamente en un esquema pendular que, en una de sus variantes, tiende a completar el ciclo firme y llano de un autoritarismo institucional con careta democrática instaurado sobre todo para efectos de muestra en la vitrina internacional; y en la otra a modificar de manera sustantiva el régimen político hoy predominante, incapaz ya de generar por sí mismo alguna variante positiva de gobierno verdadero y de una sostenida gobernabilidad.

II

Fue el 27 de noviembre cuando Enrique Peña Nieto pretendió presentar a la opinión pública de México y del mundo sus “medidas” para dar un vuelco a la grave circunstancia que se vive y recuperar el vuelo pretendidamente promisorio que se había perfilado unos meses antes, con la aprobación de las “grandes reformas estructurales”. Todo ello dentro del formato de un decálogo de buenas intenciones que tuvo como eje el señalamiento de que lo mayor de nuestros males nacionales se encuentra dentro del tejido formado por el tercer nivel de gobierno: los ayuntamientos o el “poder municipal”. “Iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”; “Eliminación de policías municipales, para dar paso a un sistema obligatorio de policías estatales únicas” (puntos 1 y 3 del decálogo presidencial).
El mensaje o la línea central del decálogo peñanietista tiene la doble marca de lo que ya es costumbre en el lenguaje de la actual administración federal, a saber: uno, referido al simple y llano ocultamiento –o pretensión de ocultamiento– de una verdad incontrastable y visible para cualquiera que esté dispuesto a ver, que el cáncer pernicioso inserto en el cuerpo nacional atraviesa todos los niveles y que, en consecuencia, no es sólo ni fundamentalmente en los espacios municipales donde debe aplicarse el bisturí. La segunda marca del decálogo peñanietista se refiere a lo que resulta inconfesable desde el lenguaje presidencial y de cualquier otro miembro de la administración pública federal, a saber: la intención programada del actual núcleo gobernante para desarticular el sistema democrático de los tres niveles de gobierno, en el que los ayuntamientos conforman la base de toda la pirámide estatal.
Regresemos a los puntos (1 y 3) enunciados: “Iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”; “Eliminación de policías municipales, para dar paso a un sistema obligatorio de policías estatales únicas”. Líneas dirigidas a anular lo que claramente se establece en el artículo 115 constitucional, fórmula que, como veremos, es complementaria a la estrategia que el régimen peñanietista ha escogido para enfrentar al narcotráfico, en construcción de modelos para armar del tipo de los que puso recientemente en marcha en Michoacán, donde un gobernador manipulable llegado del medio universitario da la cara como titular del Ejecutivo estatal mientras un comisionado se encarga de hacer y deshacer como verdadero Mando Único en la entidad.
La declaración de Peña Nieta el pasado 27 de noviembre tiene otros ángulos importantes que convendría referir. Pero en la economía de espacio a la que estamos obligados sólo nos referiremos a uno, el señalamiento expreso de la existencia de dos méxicos, uno boyante y en todo caso proclive a los llamados del desarrollo, y otro sumergido y atascado en sus pobrezas ancestrales. Pobrezas que, se desprende, son generadoras de taras y vicios diversos, además de males tales como los que emergieron en la tarde-noche de cuchillos largos en Iguala el 26 y 27 de septiembre. Romper el eje de las municipalidades como el tercer nivel de gobierno de nuestro edificio estatal queda entonces ligado a una extraordinaria cruzada de grandes proyectos e inversiones que, ubicados en las áreas geográficas del Centro y Sur-sureste del país, reconducirán a México hacia un futuro promisorio.
Con estas iniciativas de Peña Nieto sobre la imposición de un “Mando Único” en cada una de las 32 entidades federativas entra entonces a jugar –a querer jugar, pues nos encontramos aún en las intencionalidades y primeros grandes movimientos del juego en cuestión– otra de las piezas con las que se quiere completar el ciclo de transformaciones estructurales del Estado nacional. En un esquema que hoy ya es posible adivinar.

III

El Estado al que aspira el neoliberalismo de la era peñanietista no tiene o no debe tener contrapesos políticos importantes en el plano estructural. “Presidencialismo imperial”, dirían algunos. Pero en todo caso, verticalismo fuerte en el mando, convirtiendo al segundo nivel o a los segundos niveles de gobierno –los gobierno estatales– en campos prácticamente “propios”, dominables o manipulables, del poder Ejecutivo federal (mando civil, por supuesto; pero también y acaso, sobre todo, mando policíaco-militar).
Los terceros niveles de gobierno –los más ligados o cercanos a la gente, como se dice–, correspondientes al nivel municipal, quedan fuera de todo sentido o funcionalidad, pensados en el ideal decimonónico (reformista o revolucionario) como indispensables en el sistema democrático justo porque fundan su estructura en una base de representación y de poder territorial, ahora chocan con las dinámicas y tendencias de la organización económica (y sus concomitantes fórmulas de organización política) que, en el tiempo-espacio del neoliberalismo, tiende a basarse en salvajes procesos de clusterización.
Sí, de clusterización. De un capitalismo sin rostro y sin sujetos basado en el dominio creciente del capital financiero (nacional-internacional, justo en formatos integradores a la manera de clústers) y de aliados menores que obtienen ganancias sin límite en áreas diversas del cuerpo económico propio del referido proceso de integración. Y se compone crecientemente, en casos como el de México, con áreas productivas o de servicios altamente rentables ligadas a encadenamientos hacia abajo que llegan o pueden llegar a procesos económicos y sociales de lumpenización. Es decir, de espacios sociales, políticos y económicos en los que no existen mecanismos automáticos de ajuste o de autorregulación (por el mercado o por la intervención estatal), en los que pueden moverse, como peces en agua, transacciones o negocios ilícitos o propios del crimen organizado, dentro de un campo fértil, casi obligado, de corrupción.
La base sobre la que una economía o sociedad regional puede ser clusterizada presupone que los activos patrimoniales del lugar sufran un proceso extremo de mercantilización, con encarrilamientos salvajes de des-territorialización que incluye, por supuesto, a los bienes o productos del subsuelo y al uso y disfrute de los recursos naturales del lugar.
Y presupone a la vez la reconversión radical de los encadenamientos sociales-productivos regionales de origen natural (llamémoslo así), pues estos encadenamientos sí tienen rostro e insisten tozudamente en sobrevivir.
En otras palabas, y volviendo a nuestro tema o referencia municipal, la clusterización del medio supone eliminar o subsumir los esquemas o modelos representativos de participación y decisión, en una escala que permita operar a México como un gran sistema económico del tipo de Sociedad Anónima de CV.

***

El centro operador fundamental de la estrategia de Mando Único policíaco no puede ser más que el Ejército. Es la única institución que tiene la estructura y las condiciones presupuestales, y necesarias y suficientes, para operar en un campo global y de manera unitaria en el complejo y diverso escenario socio-político del país.
El tema, considerado tabú para muchos analistas, olvidado en definitiva por otros en su afán por pretender que vivimos dentro de un marco formalmente civilista, representativo y democrático, es hoy por hoy tema central para la identificación de claves fundamentales de nuestra coyuntura. Pero no es necesario hacer muchas complejas indagaciones para reconocer o identificar un fenómeno que, bien vistas las cosas, se nos aparece todos los días y a flor de piel. Revisemos bajo esta óptica el caso michoacano, pero también el de otras entidades del país en las que, con la realidad o el pretexto del narcotráfico y la extrema violencia padecida, el Ejército ha tomado el mando regional.
Como puede verificarse a la vez en el despliegue mismo de algunos programas gubernamentales, como el de la Cruzada contra el Hambre que, como todo el mundo lo sabe, camina en muchas partes de la mano con las fuerzas armadas del país para instalar lo que pudieran llamarse, más que comedores populares, cocinas de concentración o de integración social para el cumplimiento de objetivos de control e incluso de contrainsurgencia.
Desde las líneas anteriores, prácticamente pueden adivinarse o derivarse algunas de las conclusiones de este escrito, la estrategia de reconversión o de reestructuración capitalista encabezada por Enrique Peña Nieto, desnudada en su máxima radicalidad por la coyuntura abierta a partir de los sucesos de Iguala del 26 y el 27 de septiembre, tiene poco que ver con variantes de la democracia o el reconocimiento de derechos humanos y de derechos civiles. Se trata de una estrategia que cabalga en procesos de una necesaria reconformación del poder estatal, con nuevas –realmente inéditas– fórmulas de operación.
¿Tendrá el modelo algunas posibilidades de anclarse en nuestra realidad? Los movimientos sociales y políticos contestatarios y de defensa que ahora se extienden por todo el territorio nacional, particularmente en Guerrero, son tercos en sus afanes por contradecir. Como en los viejos tiempos… o acaso más.