No fue una “incitación” a la violencia el discurso de Rogelio Ortega, dice el gobierno

Sr. Director:

Con relación a la nota que El Sur publica con el encabezado “Incita Rogelio Ortega a los ciudadanos a “encarar” a los “embozados”, me permito hacer las siguientes puntualizaciones.
La reflexión del gobernador sobre los hechos ocurridos en Costera 125 no significan, desde ningún punto de vista, una “incitación” a la violencia o a la confrontación, como pudiera sugerirlo la cabeza de la nota publicada por el diario que dirige.
A lo largo de su discurso, el mandatario estatal reflexionó sobre la necesidad de que en el estado los ciudadanos asuman plenamente, defiendan y puedan ejercer su derecho a votar.
Y llamó a esos grupos de “embozados” a debatir públicamente, con el rostro cubierto o descubierto, las razones de su negativa a que haya comicios en el estado. Debatir públicamente para que la ciudadanía y los habitantes del estado decidan a quién asiste o no la razón.
Pero no se quedó sólo en la condena a quienes “embozados” realizan actos vandálicos, bajo la bandera de la exigencia de justicia en el caso Ayotzinapa, afectando derechos de terceros.
No, el gobernador cuestionó igualmente y pidió castigo para los políticos corruptos, vinculados con la delincuencia organizada, para que nunca más tengamos unos Abarca.
En todos sentidos, las palabras del gobernador estuvieron apegadas a la misma convicción que ha guiado su gobierno y sus acciones como mandatario desde el inicio de su gestión: solidaridad con la demanda de justicia en el caso Ayotzinapa, pero también defensa de la legalidad y los derechos de todas y de todos los guerrerenses.
El gobernador ha dejado en claro que su obligación es salvaguardar los derechos de todas y todos, no sólo de una causa. Y que en todo momento su gobierno ha estado marcado por los reiterados llamados al diálogo y no a la confrontación violenta.
Parece, sin embargo, que aún hay a quienes sólo conviene leer, destacar o interpretar una parte de las palabras del mandatario, o bien sacarlas de su contexto real, con la intención de acusar al gobierno de “criminalizar” la protesta social.
No, la protesta social es legítima, siempre y cuando no vulnere derechos de terceros. La protesta social se “criminaliza” a sí misma cuando incurre en actos vandálicos que afectan los derechos de terceros.
Sirva esta aclaración, entonces, para dejar en claro, de nueva cuenta, que el actual gobierno de Guerrero es diferente, que es un gobierno de diálogo y de tolerancia, que es un gobierno solidario con la demanda de justicia en el caso Ayotzinapa, y que también es un gobierno obligado a defender los derechos de todos los ciudadanos.

Atentamente

Misael Habana de los Santos
Director de Comunicación Social
Gobierno de Guerrero