Bloqueo de ex trabajadores del Iecan en Ruiz Cortines; exigen reinstalación o finiquito

Jacob Morales Antonio

Ex trabajadores del Instituto Estatal de Cancerología protestaron y bloquearon de manera intermitente la avenida Ruiz Cortines, para exigir su reinstalación o el pago de su finiquito –luego del término de su contrato–, así como el pago de la primera quincena de enero.
Por la tarde, una comisión de inconformes se reunió con funcionarios del estado en la oficinas de la Promotora Turística (Protur), pero se informó que no hubo acuerdos. Hoy continuarán con las mesas de diálogo.
A las 5 de la mañana, unas 80 personas se apostaron en la entrada del Iecan para impedir el ingreso del director general José Guadalupe Muñoz Camacho y de los nuevos funcionarios nombrados tras la salida del anterior titular, Víctor Hugo Garzón Barrientos, el 2 de enero pasado.
A las 12 del día los inconformes retiraron la protesta tras la promesa de una reunión con funcionarios del gobierno estatal.
En la entrada del instituto fueron colocadas pancartas en las que se leía: “Señor gobernador no puede usted pisotear nuestros derechos, reinstalación inmediata”. Los usuarios, pacientes y doctores sí podían ingresar al inmueble para dar y recibir atención.
Los inconformes denunciaron que a la llegada de Muñoz Camacho fueron despedidos de manera injustificada los directores y jefes de área, y que los nuevos funcionarios les informaron que por órdenes del gobernador y por no haber un presupuesto para solventar sus salarios fueron dados de baja.
Una de las despedidas, Rosa Tenorio Rivera, consideró que la acción fue una injusticia porque afecta los derechos de los trabajadores, y dijo que el cambio de funcionarios no necesariamente tiene que afectar a las enfermeras auxiliares, administrativos y personal de limpieza, quienes son contratados de manera mensual, trimestral o de forma anual.
A nombre de los inconformes demandó la salida del director general y los directivos Pablo Ortiz, Javier Serrano García, Marbella Ruiz Préstegui y Gerardo Martínez, quienes, señaló, se han conducido de manera déspota y con autoritarismo.
Exigió el pago de los trabajadores suspendidos de manera arbitraria e ilegal, y pidió su reinstalación y el pago de la primera quincena de enero.
Algunos de los afectados tienen de uno a dos años de laborar en el instituto.