Queman instalaciones electorales en Tixtla y una patrulla frente a juzgados federales en la capital

Queman estudiantes de Ayotzinapa una patrulla estatal frente a los juzgados federales en la capital

*Se niegan los jueces a dialogar con los padres de los 43 desaparecidos, en respuesta los manifestantes pinchan las llantas de una camioneta de custodios, y rompen a pedradas los cristales del edificio. Los familiares pedían una explicación al Poder Judicial sobre la negativa a emitir una orden de aprehensión por desaparición forzada, contra el ex alcalde de Iguala y su esposa

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y activistas que acompañaron a padres de los 43 alumnos detenidos-desaparecidos en Iguala a los juzgados de Distrito en el primer cuadro de la ciudad, incendiaron una patrulla de la Policía Estatal frente al edificio del poder Judicial federal, debido a que los jueces se negaron a hablar con los representantes del movimiento.
Ayer los padres exigieron una explicación al Poder Judicial sobre la negativa de un juzgado de distrito en Matamoros, Tamaulipas, a emitir una orden de aprehensión por desaparición forzada contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa -señalados de ordenar los ataques a los normalistas de Ayotzinapa-, pero se ensañan con los luchadores sociales en Guerrero.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra señaló el caso de un policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel García Gálvez, preso en Chilpancingo por cuidar a su pueblo. Fue acusado de uso de un arma exclusiva del Ejército (una vieja carabina 30-30), que llevaba en el ejercicio de sus funciones como policía comunitario. Su caso se dirime en uno de los juzgados del tribunal en la calle 5 de Mayo, donde fue la protesta.
Sobre los esposos de Iguala, Rosales Sierra detalló que en diciembre un juez de distrito en Tamaulipas consideró que el delito de desaparición forzada no se configura en el caso de Aytozinapa, porque de según la única tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) los estudiantes fueron asesinados y quemados hasta la cenizas por un grupo delictivo, a pesar de que no hay pruebas que lo confirmen.
Denunció que aquel juez exoneró de este delito a quienes, según la PGR, ordenaron la masacre del 26 y 27 de septiembre, donde policías municipales y sicarios asesinaron a seis personas y detuvieron a los 43 desaparecidos.
De la identificación de uno de los normalistas desaparecidos a través de un fragmento de hueso que la PGR envió a un laboratorio de Australia -cuyos análisis avaló el equipo los forenses argentinos-, el vocero de los padres Felipe de la Cruz subrayó que para ellos siguen siendo 43, porque el Estado pudo tomar una parte del Alexander Mora  y meterlo en las bolsas de cenizas para decir que todos están muertos.
Durante la manifestación de repudio hubo un amago de desalojo de policías estatales antimotines que persiguieron dos cuadras a los manifestantes, pero regresaron poco después a resguardar el edificio y la  salida de al menos ochos reos que se encontraban en los juzgados.
Los custodios del penal de Chilpancingo, regresaron con sus detenidos en una camioneta particular porque la llantas de la patrulla cerrada en que viajaban fueron ponchadas por los manifestantes.
Después de la protesta llegó un carro de bomberos para apagar el fuego de la patrulla, que ya había sido atenuado por uno de los vecinos que lanzó agua desde una ventana tras la explosión del tanque de gasolina de la camioneta, y paramédicos atendieron a uno de los prisioneros por una crisis nerviosa.
La protesta en los juzgados inició a las 2 de la tarde, pero desde la 1 comenzaron a llegar reporteros a la sede del poder Judicial. Ante la llegada de los manifestantes los guardias cerraron la única puerta de acceso al edificio.
La acción molestó a los padres que inconformes gritaron, “cobardes, asesinos”, “cómplices del Estado”, “recuerden que también son padres de familia” y “exigimos que abran la puerta”.
Desde la calle el vocero de los padres pidió a los policías de la entrada que llamaran a los responsables para dialogar, mientras en la céntrica y angosta calle continuaron las manifestaciones de repudio, “estos putos siempre deben tener las puertas abiertas, por qué las cierran a padres lastimados por el mismo gobierno”.
A las 2:40, amenazaron con llevar barretas para abrir la reja de la entrada e insistieron “estamos desesperados, dispuestos a todo, han pasado cuatro meses y no sabemos dónde están nuestros hijos”. Como plazo dieron 10 minutos para recibir una respuesta.  Una madre recordó que si tumbaron la reja y las barricadas en la entrada del 27 de batallón en Iguala, una semana antes, lo de menos era quitar la puerta de herrería de ese edificio.
Un grupo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que está en plantón en la plaza Primer Congreso de Anáhuac a dos calles del Juzgado, llegó casi una hora después de comenzada la protesta. Un profesor gritó “lumbre”, luego sonrió en tono broma y comenzó la cuenta del 1 al 43, seguido de la exigencia de justicia.
Con los estudiantes, los maestros de la CETEG replegaron hasta la esquina contraria a una decena de custodios de la prisión que esperaban la salida de al menos nueve reos que llevaron a una audiencia judicial, “esta es una manifestación pacífica, no es posible que nos golpeen y (ahora) estén junto a nosotros”, recriminaron.
Antes de separarse de la protesta un uniformado solicitó a los padres que no abrieran la puerta que se usa para las audiencias de los reos, que sólo da acceso a un cuarto con ventanilla, en cuanto a la puerta principal les dijo que podían hacer lo que quisieran.
A las 3 un enviado del tribunal presentó las condiciones para que un encargado hablara con los padres: que nombraran una comisión de cinco personas que se acercarían a la puerta, el resto se movería hacia atrás y que se “guardara silencio”, una de las madres exigió con gritos que dieran la cara.
“Las palabras no les van a hacer daño, no los van atravesar”, expuso un padre en alusión a la agresión del 26 de septiembre, no obstante, Felipe de la Cruz ofreció garantías a los funcionarios de que no les pasaría nada, “nos tratan peor que delincuentes”, insistieron atrás.
En este lapso un maestro de la CETEG y dos normalistas de Ayotzinapa tomaron el micrófono para denunciar que las condiciones de pobreza y marginación crecen en Guerrero, así como la inseguridad y la impunidad bajo la sombra del sistema judicial.
Insistieron en que no quieren elecciones pues los políticos en campaña no se interesan en los crímenes de Estado, distinto al extranjero, de donde han recibido solidaridad.
A las 3:30 de la tarde, una persona que se presentó como responsable de la oficina dijo que ya estaba ahí, del otro lado de la puerta, pero se negó a salir.
Trascendió que policías estatales antomotines se dirigían al juzgado y un funcionario de la PGR quiso convencer a los jueces de hablar en la calle, pero minutos después comenzó la gresca y se retiró.

Apedrean el edificio y los persiguen antimotines

Los manifestantes pincharon las llantas de la camioneta Van de los custodios y le rompieron los espejos retrovisores, con el rostro cubierto golpearon con palos una patrulla estacionada, lanzaron piedras a los cristales del primer piso -el único con ventanas- y tras varios intentos el vidrio cedió ante los golpes.
Finalmente encendieron fuego a la patrulla. Los negocios cercanos ya bajaban sus cortinas de metal.
A 100 metros, unos 300 policías antimotines observaron las acciones, en el momento de la retirada de los manifestantes fueron tras ellos.
Un grupo reducido de jóvenes, hombres y mujeres, algunos con el rostro cubierto les hicieron frente en la calle Abasolo, paralela al Zócalo. Tras 20 minutos de tensa calma, donde una mujer rompió un pedazo de concreto para surtir de piedras a quienes llevaban resorteras, los uniformados regresaron al juzgado en la calle 5 de Mayo.
En tanto, unos cinco comerciantes intentaron repeler a los estudiantes con frases despectivas, “si nos organizáramos ya los hubiéramos corrido”, “los comerciantes ya no queremos a los Ayotzinapos”, “fuera”, añadió otra esperando una respuesta colectiva que no obtuvo.
Una mujer delgada, vestida de negro hasta la cabeza le recordó que la agresión a los normalistas fue un crimen de Estado.