Se requieren condiciones para trabajar, insiste la presidenta del IEPC al gobierno

*El ataque a la sede distrital de Tixtla, una acción “de autoritarismo y de anarquía”, dice Marisela Reyes

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

Tras los destrozos y la quema de documentos que personas con el rostro cubierto realizaron en el distrito local 24 con sede en Tixtla, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, insistió en que el órgano necesita “condiciones para seguir trabajando en la organización del proceso electoral”.
Consultada vía telefónica, dijo que “no se puede pedir un asunto de justicia violando otros derechos o cometiendo actos ilícitos”, en referencia a las organizaciones que se han movilizado para exigir la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa y que, presuntamente, fueron quienes irrumpieron el lunes por la noche en el distrito 24.
“Un movimiento, cualquiera que éste sea, por legítimo que sea, no puede anteponer los intereses del resto de la ciudadanía o dar por hecho que sus intereses y sus expresiones y sus acciones son el sentir de todos los ciudadanos, eso me parece demasiado peligroso, porque eso se asemeja más a una situación de autoritarismo y de anarquía”, declaró.
Informó que el mismo martes en Tixtla, luego de que el fuego fue controlado, llegó a la sede del distrito 24 personal del Ministerio Público para dar fe de los hechos, levantar las actas correspondientes e iniciar la investigación sobre los destrozos y la quema de documentos.
Según el reporte con el que cuenta, dijo que las pérdidas son solamente un mueble, una computadora, una impresora y papelería.
Comentó que por el momento las labores de ese Consejo Distrital están suspendidas, “tendremos que ver cómo continuamos los trabajos”.
Dijo que hasta ayer ni el gobernador Rogelio Ortega Martínez, ni el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, se habían comunicado con ella después de lo que pasó en Tixtla.
Durante la consulta se le preguntó si el IEPC está conforme con la actuación del gobierno del estado, que anunció protección para los órganos electorales, sin embargo no quiso opinar al respecto y solamente dijo que hay comunicación entre las dos partes.
-Dice que hay acercamientos, que hay comunicación. ¿Qué han hablado sobre esta situación específicamente? -se le preguntó.
-Solamente dar cuenta de los hechos.
-¿Solamente se limitan a informarles lo que pasa y hasta ahí? -se le insistió.
-Hemos dado cuenta de los hechos y corresponderá a las instancias de procuración e impartición de justicia investigar los hechos.
-¿Pero ellos que les dicen, realmente hay compromisos?
-Eso no me corresponde a mí. Yo respondo a las tareas electorales y sobre eso voy trabajando -respondió en tono molesta ante la insistencia de este reportero por conocer los compromisos que ha adquirido el gobierno estatal con el IEPC.
Además recordó a las organizaciones sociales que se han movilizado para exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos que el asunto de la seguridad, la procuración de justicia y la aplicación de la ley no es competencia de los órganos electorales, “eso ya lo hemos dicho y tendrán que ser las autoridades competentes las que atiendan este asunto”.
En otro tema, se le preguntó sobre las acciones legales a las que recurrirán tres consejeros y el secretario técnico del distrito local 11 con sede en Zihuatanejo, quienes el 20 de diciembre fueron removidos de sus cargos por presuntas irregularidades en un procedimiento.
El lunes, en conferencia de prensa, el abogado César Antonio Aguirre Loyola, quien se presentó como representante legal de los consejeros distritales J. Santacruz Ventura Gallardo, Juan Mendoza Guatemala y Genoveva Gómez Urieta, y del secretario técnico Sigifredo Rosas González, indicó que entre las acciones a las que recurrirán están una denuncia penal y un juicio de destitución e inhabilitación en contra de los siete consejeros generales, porque presuntamente la destitución de los agraviados atendió a una represalia por no haber apoyado a “un recomendado” para que quedara en el cargo de secretario técnico.
En respuesta, Marisela Reyes puso en duda que la persona que ofreció la conferencia en lunes en Chilpancingo realmente sea el abogado de los tres consejeros, además dio a conocer que Aguirre Loyola es representante del PRI en el Consejo Distrital 11, que es en donde existe el conflicto.
“Yo no leí en la nota que sean declaraciones de los consejeros, yo lo que leí son las declaraciones de alguien que se asumió como su abogado personal de los consejeros. Pero que además el abogado es representante del PRI en el Consejo Distrital, no sé si así se identificó”, dijo.
Dijo que antes de emitir una opinión al respecto esperará a que sean los consejeros distritales quienes emitan una postura.
Además negó que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) haya ordenado la restitución en sus cargos de los consejeros distritales, e incluso dijo que un representante de partido presentó un recurso de revisión, por lo que no es un asunto que ya haya concluido.
“Lo que el tribunal ordena es concluir un procedimiento administrativo que está abierto en contra de tres consejeros, tengo entendido que el día de hoy le solicitaron la suspensión temporal de los señores consejeros, en tanto no se concluya con el procedimiento administrativo abierto al interior del instituto”, explicó.
Negó también que la destitución de los consejeros distritales sea una represalia y aclaró que ellos violentaron la ley al no haber respaldado la propuesta que les presentó el presidente del distrito, Netzahualcóyotl Castañeda Navarrete, “la ley es muy clara y dice que debe ser la propuesta del presidente y la misma ley habla de mayoría calificada”, concluyó.