Marcial Rodríguez Saldaña

Iguala-Ayotzinapa en organismos internacionales

La dependencia del titular de la Procuradoría General de la República (PGR) respecto del presidente de la República ha sido un mal endémico del sistema de procuración de justicia en nuestro país; es una reminiscencia del sistema presidencialista de concentración monopólica del poder que ha llevado al descrédito, sembrado la desconfianza de la población en esta instancia que ha propiciado la politización de la justicia, con altas dosis de corrupción y parcialidad en sus funciones.
1. El informe reciente de los científicos del laboratorio de la Universidad de Innsbruck Austria, en el sentido de que no es posible constatar que las cenizas entregadas por la PGR a esa institución pertenecen a los alumnos normalistas de Ayotzinapa que fueron sujetos de desaparición forzada el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, desmiente las suposiciones y versiones que ha divulgado Jesús Murillo Karam, quien ha afirmado, sin tener la pruebas respectivas, que fueron incinerados los estudiantes y sus restos arrojados al río San Juan de Cocula.
2. Es a causa de esa desconfianza que ha generado la PGR respecto de la investigación sobre el caso Iguala-Ayotzinapa, que han tenido que intervenir organismos internacionales, en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar mayor certeza y seguridad a los padres de los normalistas desaparecidos, de que principalmente se realicen por parte del gobierno mexicano todas las acciones para buscar y encontrar a los estudiantes y de que habrá imparcialidad y las sanciones respectivas a todos los funcionarios responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos.
3. Los padres de familia y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juaréz solicitaron desde el 30 de septiembre de 2014 la intervención de la CIDH, que el 3 de octubre emitió al Estado mexicano, representado por el presidente Enrique Peña Nieto, un conjunto de medidas cautelares relativas al caso, tales como: adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes, con el propósito de proteger su derecho a la vida y a su integridad personal; adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la libertad personal de los estudiantes heridos que fueron hospitalizados; concertar las medidas a adoptar con los familiares de los alumnos y sus representantes; e informar sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que propiciaron las medidas cautelares.
4. La falta de credibilidad en la tarea de investigación de la PGR en el caso Iguala-Ayotzinapa, ha llevado al gobierno de Peña Nieto a aceptar la firma de un acuerdo de asistencia técnica internacional con la CIDH, que se firmó el 12 de noviembre de 2014, en donde dicho organismo internacional tendrá como atribuciones elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, analizar las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y analizar el Plan de Atención Integral a las víctimas.
5. Los operadores del gobierno federal, como Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, saben que no pueden ir a fondo en la investigación del caso Iguala-Ayotzinapa por complicidades e intereses políticos, saben que por acción u omisión en los crímenes y la desaparición forzada de los estudiantes existe responsabilidad de funcionarios municipales, estatales y federales, que implica al Estado mexicano en su conjunto y, por ende a Peña Nieto, a quien más temprano que tarde los organismos internacionales condenarán como responsable, por ello han admitido la participación de la CIDH para atemperar una condena. El informe del laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, reafirma la tarea de seguir en la búsqueda de los normalistas desaparecidos y en la lucha por su presentación con vida.
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