Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Verdad y justicia, sólo eso

Al contrario de los intentos reduccionistas del gobierno y sus voceros oficiosos, Amnistía Internacional (AI) puso ayer nuevamente en perspectiva la profundidad de la crisis provocada por el asesinato y la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La investigación realizada por el gobierno federal es “endeble, y lo único que puede generar es una falta de justicia”, dijo el director ejecutivo de AI en México, Perseo Quiroz. En sólo cuatro líneas, el representante de la organización resumió con extraordinaria precisión el estado del caso, “el discurso del gobierno federal afirma que se ha dado todo a los padres de familia, pero no se ha dado lo más importante: verdad, justicia y reparación. En cuanto no la tengamos y haya una investigación a prueba de balas, será difícil que los padres estén conformes”.
Entre lo que el gobierno le ha negado a los padres de los normalistas desaparecidos y a la sociedad, se encuentra la presunción de la responsabilidad del Ejército y de policías federales en los acontecimientos de Iguala, vertiente que las autoridades han rechazado investigar con la seriedad que el caso exige. Por ello, Amnistía criticó la insistencia gubernamental en dar por cerradas las indagaciones con la versión de que los 43 jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, pese a las insuficiencias, inconsistencias, vacíos y dudas que esa versión contiene o suscita, y que la PGR no ha podido despejar.
Adicionalmente, el equipo de AI reveló un dato que despierta suspicacia y, al mismo tiempo, parece confirmar el temor generalizado de que el gobierno federal pretende ocultar la verdad de los hechos y encubrir a responsables de mayor rango que los policías municipales, los sicarios del grupo Guerreros Unidos y el alcalde de Iguala. Y es que las acusaciones de la PGR contra todos los detenidos, informó AI, no son por desaparición forzada como corresponde, sino por secuestro, homicidio o lavado de dinero, lo que implica que el Estado no tendría ninguna responsabilidad en este crimen colectivo.
En sentido opuesto a la verdad y la justicia que los padres y el país exigen y necesitan, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha desarrollado una intensa campaña para desacreditar el movimiento en busca de los normalistas. Roberto Servitje, uno de los dueños de la empresa Bimbo, dijo hace ocho días que al asesinato y desaparición de los estudiantes “se le ha dado una dimensión que no tiene”. El desprecio colonialista que esa expresión refleja se acrecienta si se toma en cuenta que el empresario la dijo cuando recibió el reconocimiento Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, que le fue concedida por el papa Francisco y que se supone premia los principios éticos a favor de la persona, el bien común y la justicia social.
Pero la del empresario no fue una declaración casual, sino calculada para alimentar la estrategia gubernamental destinada a desprestigiar la lucha emprendida por los padres y las organizaciones sociales que los apoyan. Esa estrategia se parapeta en la violencia desatada en Guerrero por los maestros de la CETEG –violencia que aun cuando no pueda compartirse ni justificarse sigue siendo manifestación de coraje e impotencia por la falta de respuestas del gobierno ante la crueldad a que fueron sometidos los estudiantes– y pretende reprimir en cualquier momento no sólo a los “vándalos” y “embozados” que provocan las quemazones de vehículos y edificios públicos, sino sobre todo inhibir y desmovilizar a los padres.
La campaña federal ha encontrado aliados en los organismos empresariales, en Televisa y en medios impresos y columnistas políticos, que replican sin asomo de autocrítica los mensajes intimidatorios que surgen de las oficinas del gobierno. Esa propaganda desinformadora incluye diagnósticos atribuidos a los organismos de seguridad como el Cisen, según los cuales en el Movimiento Popular Guerrerense –es decir, en el movimiento normalista— están incrustados integrantes de grupos guerrilleros como el ERPI y el EPR que se proponen desestabilizar al país para hacer caer al presidente Enrique Peña Nieto. Lo interesante es que, en la lista de los supuestos guerrilleros aparecen los nombres de luchadores sociales y activistas de derechos humanos ampliamente reconocidos en el estado, cuyas actividades son públicas desde hace años. En el estado, el gobernador Rogelio Ortega ha sido el más entusiasta partidario de esa campaña contra los “violentos” y “embozados” que vuelve criminales a los inconformes.
Escandalizar con la acusación de que los movimientos sociales están infiltrados por guerrilleros es un recurso ya demasiado empleado por el gobierno federal para intentar quitarle legitimidad a exigencias bien fundadas y absolutamente legítimas. Es el caso ahora. Sabido eso, no deja de ser peligroso que el gobierno se embarque en una estrategia que parece calcada de la guerra sucia de los años setenta para combatir la inconformidad social originada en la matanza y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Declarar una batida del gobierno contra los padres con el pretexto de que se actúa legalmente contra los “vándalos” y los “violentos” infiltrados es una argucia demasiado obvia que no será respaldada en el mundo. No son los años 70 como para que una canallada de esa clase pase inadvertida ante la sociedad global y las democracias avanzadas, y es eso lo que probablemente ha frenado los ímpetus salvajes del sistema político. Menos cuando la imagen del Presidente en el extranjero se precipita al descrédito total por el hallazgo de sus residencias adquiridas en condiciones irregulares, por decirlo con suavidad.
Y a pesar de todo lo anterior, hacia allá se dirige el gobierno federal, a reprimir la lucha normalista. Cualquiera diría que avanzado el siglo XXI, el PRI habría entendido que no puede echar mano del autoritarismo para resolver la peor crisis social y política que ha experimentado el país desde la Revolución de 1910, pero no, no lo ha entendido. El envío de los mil 300 policías federales que llegaron el miércoles pasado a Chilpancingo, y que no son para combatir a la delincuencia, es un destello del ánimo beligerante que se ha apoderado del gobierno. Debemos creer, en consecuencia, que el gobierno federal sí se dispone a emplear la fuerza para acallar las protestas de los padres, lo que de consumarse profundizará la crisis y sumará fuego al incendio social.

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