Urge la ONU al Estado mexicano a garantizar seguridad sin militares

*Militarizar la seguridad pública es incivilizado, propio de regímenes autoritarios”, señala Santiago Corcuera Cabezut, representante del Comité de Desapariciones Forzadas del organismo mundial

Agencia Reforma

Ciudad de México

Representantes de la ONU aseguraron que el Estado mexicano está obligado a sacar al Ejército de las calles, ya que no se ha logrado contener la expansión del crimen, pero sí aumentado las violaciones los derechos humanos.
Santiago Corcuera Cabezut, representante del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, consideró que México debe poner fin a la seguridad militarizada que es propia de regímenes autoritarios.
Sostuvo que, más allá de la intervención de la federación en los narco-ayuntamientos, el Congreso debe expedir una ley que obligue al Ejecutivo a regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles.
“Militarizar la seguridad pública es incivilizado, propio de regímenes autoritarios, aunque hayan sido producto de un régimen democrático de voto mayoritario. ¿Puede un Presidente que llega al poder a través del voto mayoritario, convertirse en un autoritario?, Sí. ¿Puede militarizar la seguridad pública?, Sí.
“Entonces, esa es la causa eficiente de la desaparición forzada, de los incrementos de los índices de la tortura en el sexenio de Calderón, que este sexenio no ha podido contener”, señaló.
Javier Hernández Valencia, de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que México está en falta, ya que no ha sido capaz de legislar en materia de desaparición forzada.
Recordó a funcionarios y legisladores que desde hace más de tres años existen mil 900 recomendaciones que debieran implementarse.

Incumple México en el tema de desapariciones forzadas

A doce días de que el Estado mexicano sea evaluado ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en Ginebra, la Secretaría de Relaciones Exteriores sigue sin responder a los cuestionamientos efectuados por esta instancia el pasado mes de octubre.
Según activistas consultados, la falta de respuesta del Gobierno mexicano, que debía haber emitido el 9 de enero, limita la capacidad de análisis del Comité, pero también de organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos que participan en el proceso de evaluación.
Jaqueline Sáenz, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lamentó el retraso en la entrega del documento, sobretodo ante el momento crítico que vive el País y exigió que se presente.
En su lista de cuestiones, el Comité solicita a México proporcionar información en 25 rubros, entre ellos, las cifras sobre personas desaparecidas en México, las denuncias de desaparición forzada ante la CNDH, los avances en la investigación, así como información relativa a la desaparición de migrantes.
María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que el informe que presentó el Gobierno en marzo es demasiado general y no da cifras.
Michael Chamberlain, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que el retraso del Gobierno es una mezcla entre falta de voluntad y falta de capacidad, pues no existe coordinación entre el las autoridades federales y las estatales en la materia.
El Estado mexicano será evaluado los próximos 2 y 3 de febrero.