Que se investigue al Ejército por la desaparición de los normalistas, pide Amnistía Internacional

*Llama al gobierno federal a ampliar las líneas de investigación, a que el presidente Peña Nieto reconozca públicamente la crisis de derechos humanos y a detener la criminalización de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. El organismo emitió opiniones “sin sustento”, responde la PGR

Redacción con información de Agencia Reforma

La Procuraduría General de la República (PGR) ha fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad del Ejército y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, manifestó Amnistía Internacional (AI) en un boletín tras reunirse con familiares de las víctimas.
El organismo llamó al gobierno federal a ampliar las líneas de investigación, a que el presidente Enrique Peña Nieto reconozca públicamente la crisis de derechos humanos y a detener la criminalización de los padres de familia de los normalistas.
Por su parte, la PGR respondió que AI emitió opiniones “sin sustento” y reprochó que no ha solicitado reunirse con funcionarios de esa dependencia.
El diario Milenio publicó su página de internet que funcionarios de la Procuraduría dijeron que Amnistía Internacional “habló sin sustento, porque no conoce los testimonios, las pruebas periciales, las confesiones y la forma en que se ha trabajado con el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria”.
En conferencia de prensa en la ciudad de México, el director ejecutivo de AI México, Perseo Quiroz acompañado de la directora para las Américas, Erika Guevara, señaló que no existe evidencia forense suficiente que respalde la versión oficial de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula.
Señalaron como uno de los huecos de la línea de investigación que el caso se sostenga con base en declaraciones de presuntos involucrados.
Advirtieron que las autoridades detenidas no son procesadas por el delito de desaparición forzada y tampoco se ha investigado la colusión de autoridades locales y estatales, quienes tuvieron conocimiento sobre los hechos.
“No se han presentado datos concluyentes en torno a otros testimonios de las comunidades, evidencia forense de análisis sobre el lugar donde supuestamente se cometieron los hechos, (análisis) de llamadas telefónicas que pudieron haber ocurrido”, enlistó Guevara.
Luego de que científicos forenses austríacos anunciaran que no se pudo obtener un perfil genético de los restos quemados encontrados en Cocula, la activista consideró que la falta de evidencia puede utilizarse para cerrar filas en torno a esa única investigación.
La organización llamó a investigar la responsabilidad del Ejército, dado que varios testimonios ubican su participación o conocimiento de los ataques a los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Por ejemplo, uno de los sobrevivientes ha narrado la omisión de soldados para ayudar a algunos de los estudiantes heridos tras la agresión.
“Hay antecedentes que conllevan a considerar que una línea de investigación tiene que ser profundizada en términos del involucramiento por acción u omisión del Ejército, particularmente del batallón (el 27) que se encuentra basado en la ciudad de Iguala”, argumentó Guevara.
A su vez, en un comunicado, Amnistía Internacional recordó que la PGR afirmó que todas las líneas de investigación en el ataque y la desaparición de los estudiantes ya se han agotado, “tenemos una lista de preocupaciones sobre la forma en que la investigación se ha ejecutado y si toda la gama de estos crímenes, incluyendo la desaparición forzada y el asesinato de seis personas cuando los estudiantes fueron atacados, se han abordado plenamente”, expuso al respecto.
“En medio de las preocupaciones sobre la posible complicidad de las autoridades locales y del Ejército, es aún más importante que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deja piedra sin remover”, recomendó.
“La desaparición forzada de los estudiantes ha resaltado el atroz historial de derechos humanos del país. Más de 100 mil personas han sido asesinadas en México desde la guerra contra las drogas que se inició en 2006. Al menos 23 mil personas están desaparecidas, según datos oficiales. Miles de comunidades han sido desplazadas por la violencia creciente y Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas” se lee en la misiva.
“La desaparición de los estudiantes es un crimen que ha conmocionado al mundo. Esta tragedia ha cambiado la percepción distorsionada de que la situación de los derechos humanos ha mejorado en México desde que el presidente Peña Nieto tomó el poder. Hay miles de casos que apenas han sido investigados en México y que ya no pueden ser ignorados”, dijo Erika Guevara.
“Aún queda mucho por hacer para investigar los numerosos casos en los que hay indicios de colusión por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad en violaciones de los derechos humanos, por ejemplo la ejecución masiva de civiles en Tlatlaya y las masacres de personas migrantes. Trágicamente la impunidad por estos terribles crímenes sigue siendo la norma. Instituciones federales y estatales no están cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos, enviando el mensaje de que estos abusos están permitidos”, advirtió.