Investigar al Ejército, pide Amnistía Internacional

*Llama al gobierno federal a ampliar las líneas de indagación del caso Ayotzinapa, a que el presidente Peña Nieto reconozca públicamente la crisis de derechos humanos y a detener la criminalización de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos

*El organismo emitió opiniones “sin sustento”, responde la PGR

*Irán familiares de los normalistas a la reunión del Comité de Desapariciones Forzadas en Ginebra donde será evaluado el Estado mexicano

*Militarizar la seguridad pública es incivilizado, propio de regímenes autoritarios”, señala Santiago Corcuera, representante de ese Comité

Que se investigue al Ejército por la desaparición de los normalistas, pide Amnistía Internacional

*Llama al gobierno federal a ampliar las líneas de investigación, a que el presidente Peña Nieto reconozca públicamente la crisis de derechos humanos y a detener la criminalización de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. El organismo emitió opiniones “sin sustento”, responde la PGR

Redacción con información de Agencia Reforma

La Procuraduría General de la República (PGR) ha fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad del Ejército y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, manifestó Amnistía Internacional (AI) en un boletín tras reunirse con familiares de las víctimas.
El organismo llamó al gobierno federal a ampliar las líneas de investigación, a que el presidente Enrique Peña Nieto reconozca públicamente la crisis de derechos humanos y a detener la criminalización de los padres de familia de los normalistas.
Por su parte, la PGR respondió que AI emitió opiniones “sin sustento” y reprochó que no ha solicitado reunirse con funcionarios de esa dependencia.
El diario Milenio publicó su página de internet que funcionarios  de la Procuraduría dijeron que Amnistía Internacional “habló sin sustento, porque no conoce los testimonios, las pruebas periciales, las confesiones y la forma en que se ha trabajado con el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria”.
En conferencia de prensa en la ciudad de México, el director ejecutivo de AI México, Perseo Quiroz acompañado de la directora para las Américas, Erika Guevara, señaló que no existe evidencia forense suficiente que respalde la versión oficial de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula.
Señalaron como uno de los huecos de la línea de investigación que el caso se sostenga con base en declaraciones de presuntos involucrados.
Advirtieron que las autoridades detenidas no son procesadas por el delito de desaparición forzada y tampoco se ha investigado la colusión de autoridades locales y estatales, quienes tuvieron conocimiento sobre los hechos.
“No se han presentado datos concluyentes en torno a otros testimonios de las comunidades, evidencia forense de análisis sobre el lugar donde supuestamente se cometieron los hechos, (análisis) de llamadas telefónicas que pudieron haber ocurrido”, enlistó Guevara.
Luego de que científicos forenses austríacos anunciaran que no se pudo obtener un perfil genético de los restos quemados encontrados en Cocula, la activista consideró que la falta de evidencia puede utilizarse para cerrar filas en torno a esa única investigación.
La organización llamó a investigar la responsabilidad del Ejército, dado que varios testimonios ubican su participación o conocimiento de los ataques a los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Por ejemplo, uno de los sobrevivientes ha narrado la omisión de soldados para ayudar a algunos de los estudiantes heridos tras la agresión.
“Hay antecedentes que conllevan a considerar que una línea de investigación tiene que ser profundizada en términos del involucramiento por acción u omisión del Ejército, particularmente del batallón (el 27) que se encuentra basado en la ciudad de Iguala”, argumentó Guevara.
A su vez, en un comunicado, Amnistía Internacional recordó que la PGR afirmó que todas las líneas de investigación en el ataque y la desaparición de los estudiantes ya se han agotado, “tenemos una lista de preocupaciones sobre la forma en que la investigación se ha ejecutado y si toda la gama de estos crímenes, incluyendo la desaparición forzada y el asesinato de seis personas cuando los estudiantes fueron atacados, se han abordado plenamente”, expuso al respecto.
“En medio de las preocupaciones sobre la posible complicidad de las autoridades locales y del Ejército, es aún más importante que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deja piedra sin remover”, recomendó.
“La desaparición forzada de los estudiantes ha resaltado el atroz historial de derechos humanos del país. Más de 100 mil personas han sido asesinadas en México desde la guerra contra las drogas que se inició en 2006. Al menos 23 mil personas están desaparecidas, según datos oficiales. Miles de comunidades han sido desplazadas por la violencia creciente y Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas” se lee en la misiva.
“La desaparición de los estudiantes es un crimen que ha conmocionado al mundo. Esta tragedia ha cambiado la percepción distorsionada de que la situación de los derechos humanos ha mejorado en México desde que el presidente Peña Nieto tomó el poder. Hay miles de casos que apenas han sido investigados en México y que ya no pueden ser ignorados”, dijo Erika Guevara.
“Aún queda mucho por hacer para investigar los numerosos casos en los que hay indicios de colusión por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad en violaciones de los derechos humanos, por ejemplo la ejecución masiva de civiles en Tlatlaya y las masacres de personas migrantes. Trágicamente la impunidad por estos terribles crímenes sigue siendo la norma. Instituciones federales y estatales no están cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos, enviando el mensaje de que estos abusos están permitidos”, advirtió.

Viajarán padres de Ayotzinapa a Ginebra para ver al Comité Contra la Desaparición Forzada

Agencia Reforma

Ciudad de México

Una comisión de padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa viajarán a Ginebra, Suiza, los días 2 y 3 de febrero durante la evaluación de México ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Los padres estarán respaldados por las organizaciones que los representan: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Los vamos a acompañar las organizaciones, es importante que más allá que nos escuchen a nosotros escuchen de viva voz a los padres”, expuso en entrevista María Luisa Aguilar, de Tlachinollan.
Aunque la desaparición de los normalistas ocurrió después de que México presentara su informe ante el Comité, en marzo de 2014, algunas organizaciones de la sociedad civil, quienes en su momento presentaron informes sombra, enviaron nueva información a esta instancia, exclusiva sobre la desaparición de estudiantes a manos de policías en Iguala.
Este reporte fue presentado el 8 de enero por Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro Prodh.

Urge la ONU al Estado mexicano a garantizar seguridad sin militares

“Militarizar la seguridad pública es incivilizado, propio de regímenes autoritarios”, señala Santiago Corcuera Cabezut, representante del Comité de Desapariciones Forzadas del organismo mundial

Agencia Reforma

Ciudad de México

Representantes de la ONU aseguraron que el Estado mexicano está obligado a sacar al Ejército de las calles, ya que no se ha logrado contener la expansión del crimen, pero sí aumentado las violaciones los derechos humanos.
Santiago Corcuera Cabezut, representante del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, consideró que México debe poner fin a la seguridad militarizada que es propia de regímenes autoritarios.
Sostuvo que, más allá de la intervención de la federación en los narco-ayuntamientos, el Congreso debe expedir una ley que obligue al Ejecutivo a regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles.
“Militarizar la seguridad pública es incivilizado, propio de regímenes autoritarios, aunque hayan sido producto de un régimen democrático de voto mayoritario. ¿Puede un Presidente que llega al poder a través del voto mayoritario, convertirse en un autoritario?, Sí. ¿Puede militarizar la seguridad pública?, Sí.
“Entonces, esa es la causa eficiente de la desaparición forzada, de los incrementos de los índices de la tortura en el sexenio de Calderón, que este sexenio no ha podido contener”, señaló.
Javier Hernández Valencia, de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que México está en falta, ya que no ha sido capaz de legislar en materia de desaparición forzada.
Recordó a funcionarios y legisladores que desde hace más de tres años existen mil 900 recomendaciones que debieran implementarse.

Incumple México en el tema de desapariciones forzadas

A doce días de que el Estado mexicano sea evaluado ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en Ginebra, la Secretaría de Relaciones Exteriores sigue sin responder a los cuestionamientos efectuados por esta instancia el pasado mes de octubre.
Según activistas consultados, la falta de respuesta del Gobierno mexicano, que debía haber emitido el 9 de enero, limita la capacidad de análisis del Comité, pero también de organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos que participan en el proceso de evaluación.
Jaqueline Sáenz, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lamentó el retraso en la entrega del documento, sobretodo ante el momento crítico que vive el País y exigió que se presente.
“No es posible que omitan un documento tan importante y tampoco lo pueden entregar sólo un día antes. Con las graves violaciones, la respuesta no puede ser la opacidad, la omisión, porque impacta en la posibilidad de presentar nuestros puntos de vista y la evidencia que refuerce o desmienta lo que ahí se diga”, señaló.
En su lista de cuestiones, el Comité solicita a México proporcionar información en 25 rubros, entre ellos, las cifras sobre personas desaparecidas en México, las denuncias de desaparición forzada ante la CNDH, los avances en la investigación, así como información relativa a la desaparición de migrantes.
María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que el informe que presentó el Gobierno en marzo es demasiado general y no da cifras.
“Claramente el Estado no cuenta con mucha de esa información, otra no la quiere presentar porque no tiene avance, no la va a querer presentar por escrito, se va a esperar hasta la sesión cerrada con el Comité”, consideró.
Michael Chamberlain, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que el retraso del Gobierno es una mezcla entre falta de voluntad y falta de capacidad, pues no existe coordinación entre el las autoridades federales y las estatales en la materia.
El Estado mexicano será evaluado los próximos 2 y 3 de febrero.