Elude el gobierno de Peña Nieto el caso Ayotzinapa ante la ONU

Presenta su informe de seguimiento al Comité contra la Desaparición Forzada del organismo internacional con dos semanas de retraso, sin actualizar y sin mencionar lo ocurrido en Iguala

Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobierno mexicano presentó su informe de seguimiento al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas con dos semanas de retraso, sin actualizar las cifras sobre personas no localizadas y sin mencionar el caso Iguala.
Pese a que el Comité solicitó esta información en octubre, luego de que ocurriera la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el informe sólo da cuenta de las personas no localizadas hasta el 31 de julio de 2014, que sumaban 22 mil 322, e indica que la base de datos se mantiene en constante actualización y puede consultarse en línea en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con los últimos datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualizados en noviembre y que no fueron reportados ante el Comité, en México hay 22 mil 390 personas no localizadas, de las cuales 9 mil 384 corresponden al sexenio actual.
Aunque no presenta cifras actualizadas, el gobierno mexicano sí reporta información sobre averiguaciones previas a nivel federal abiertas por el caso de desaparición forzada de personas entre 2006 y diciembre de 2014, que ascienden a 239, y de los expedientes abiertos en Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que suman 435 y corresponden a 621 personas, de las cuales se han localizado 102, de ellas 72 con vida.
Sin mencionar el caso Ayotzinapa, el Gobierno sí reporta acciones derivadas, por ejemplo la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto del 2 de diciembre para facultar al Congreso para expedir una ley general contra la desaparición forzada, y el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 19 de diciembre de 2014.
El Consejo acordó trabajar en la elaboración de los protocolos de investigación en materia de desaparición forzada y tortura, en el marco de la crisis por la desaparición de los normalistas.
El Comité solicitó al Estado mexicano proporcionar información acerca de las medidas para garantizar la búsqueda inmediata de una persona desaparecida, a lo cual respondió que la PGR y las procuradurías estatales tienen la obligación de iniciar de inmediato, todas las acciones para la búsqueda de estas personas.
“La PGR ha estado trabajando en la construcción de un protocolo de búsqueda homogéneo para las procuradurías y fiscalías de todo el país, en el que se establezcan acciones ministeriales, periciales y policiales de búsqueda que permitan aprovechar las primeras 72 horas subsecuentes a la desaparición para fortalecer las posibilidades de localización”, indica.
El Comité evaluará a México los próximos 2 y 3 de febrero en Ginebra.
El informe de seguimiento dado a conocer ayer tendría que haber sido presentado desde el 9 de enero.

Piden organizaciones de defensa de los derechos humanos presionar al Estado mexicano

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU debe exigir al Gobierno mexicano que reconozca la gravedad de problema de las desapariciones forzada en México y cumplir con las obligaciones que marcan los tratados internacionales sobre el tema.
Así lo solicitaron el Centro Tlachinollan y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos que representan a los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
En un informe enviado al Comité, las ONG afirman que el Estado Mexicano no es capaz de erradicar la desaparición forzada.
La desaparición de los 43 estudiantes evidencia, dijeron, la insuficiencia del marco jurídico;  la inexistencia de mecanismos de búsqueda inmediata en vida; las limitaciones de la Unidad de Búsqueda de PGR.
También criticaron la ausencia de una involucramiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de desaparición forzada; la insuficiencia de los datos estadísticos sobre denuncias y sentencias, entre otras fallas.
“En este sentido, resulta imprescindible que el Comité realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”, afirmaron en el documento.
“Sobre todo, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas”, agregaron.