Julio Moguel

Crisis de régimen, cambio de régimen. El desplome económico en la hora de Ayotzinapa

 

I

Afirmé en un artículo anterior (Crisis de régimen, cambio de régimen. La hora de Ayotzinapa, en El Sur, 12 de diciembre de 2014) que “la ‘caída’ de Peña Nieto como exigencia o demanda social no podía reducirse, en la valoración que implicara su posibilidad, al número de gargantas que lanzaran dicho grito en las manifestaciones populares de México y de ultramar”. Agregando en el mismo texto que ello ya era significativo, pero que faltaba que la referida exigencia se inscribiera en una crisis económica, social y política de modalidades y magnitudes particulares, circunstancia crítica que fuera capaz de derivar, o tendiera a derivar “en una fractura o debilitamiento extremos del bloque político (núcleo líder más aliados de comando dentro del bloque político dominante en el país) que tiene en sus manos las riendas efectivas del poder estatal”.
Hablábamos ya en dicho artículo (y en otro que también apareció en El Sur el 18 de enero) sobre algunas de las determinaciones políticas de la referida “crisis de régimen”. Ahora conviene referirnos a las condiciones económicas dentro de las que se mueve la crisis.

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No había Ángel Gurría (actual cabeza de la OCDE) terminado de relamerse los bigotes por los ecos que quedaban de su “buenas nuevas” sobre la circunstancia económica mexicana para 2015, cuando el no siempre bien ponderado Agustín Carstens (gobernador del Banco de México) advirtió que las tasas de interés tendrían la posibilidad de crecer (desde 2009 se habían mantenido hacia la baja). Rebote similar en contra, en cuanto al eco o a los ecos del funcionario de la OCDE, proyectado desde las más recientes declaraciones del vicepresidente mexicano Luis Videgaray (el nivel vicepresidencial fue prácticamente establecido en la reciente visita de Peña Nieto y el núcleo duro de su gabinete a Estados Unidos, cuando el secretario de Hacienda se codeó frente a las cámaras mundiales con el segundo –Joe Biden– en la estructura norteamericana del poder político estatal), cuando se vio precisado a declarar que de continuar la baja en el precio del petróleo “habría un recorte al gasto público” para “buscar la estabilidad macroeconómica”.
Hoy, ya pasados algunos días de esas declaraciones, nos encontramos con las noticias de que Pemex “aplicará megarrecortes en sus gastos” (noticia aparecida en un periódico nacional el 20 de enero), en un periodo cuyo arco temporal se extiende hasta 2018 (léase: hasta el año en que se lleva el cambio de estafeta del gobierno federal). Y con la noticia, en otro medio de prensa (el 21 de enero), de que el “boquete” estimado en las finanzas públicas para 2016 será de 72 mil millones de pesos.
La realidad resulta ser entonces –como siempre, diría Perogrullo– más cruda que el realismo: México se enfila a una nueva caída económica de alcances y de consecuencias no necesariamente ponderables, con un crecimiento económico que, en contra de las predicciones que ya se han venido oficialmente presumiendo (en alcance señalado y ampliamente publicitado de un 3.7 por ciento para este 2015), redondeará, en el mejor de los casos, sólo sobre los 2 puntos del marcaje porcentual. (Señalemos, como marco referencial, que en el primer año de la administración peñista la economía creció apenas el 1.1 por ciento; y que en el segundo año no logramos romper el techo del 2 por ciento de crecimiento).
Afortunadamente, el gobierno no puede maniatar a informadores y analistas objetivos, sobre todo si éstos se mueven con la libertad que les da su prestigio internacional. Para Alfredo Coutiño, director para América Latina de la firma Moody’s Analytics, dos más dos son cuatro, por lo que no existe ahora ninguna razón para sostener, frente a la caída del precio del petróleo, que la economía mexicana tenga posibilidades de crecer: “[frente a la caída de los precios del crudo], la economía mexicana podría perder alrededor de un punto porcentual [en 2015], sobre todo considerando la limitada capacidad productiva de la industria nacional”.

II

Los datos duros ya son de sobra conocidos, y tienen que ver con la caída brusca de los precios internacionales del petróleo. En abril de 2014 el crudo se vendía aún a 114 dólares por barril, para pasar a establecerse durante los últimos días (ya en enero de 2015) a menos de 40 dólares por barril (el 20 de enero cerró en 38 dólares por barril). Se suma a esa malísima nota la caída vertical del valor del peso frente al dólar, colocándose hasta la fecha en un eje de flotación que se mueve alrededor de los 15 pesos por unidad de moneda estadunidense. Lo que representó una devaluación de 12.78 por ciento frente al dólar interbancario en 2014.
Se hablaba con optimismo de que la caída internacional del precio del petróleo no afectaría nuestro marco de estabilidad macroeconómica, con el argumento de que –previsores, como son, los hombres del presidente– las coberturas contratadas en noviembre del año pasado se amortiguaría el golpe diferencial. Pero el hecho de que tales coberturas no alcancen a cubrir más que 228 millones de barriles en el año –“el 26 por ciento de la producción nacional y el 57 por ciento de las exportaciones estimadas”– da cuenta de lo que, decíamos, será de este 2015 y lo que le sigue la simple cruda realidad.
Esta particular circunstancia no llegaría a fincarse en el espacio-tiempo del pánico para los núcleos que dirigen el aparato estatal si no fuera por el hecho de que la caída del precio del petróleo tiene otra gravísima consecuencia dentro de la estrategia económica oficial, a saber: la caída –que aún es muy difícil de calcular– del monto implicado en las inversiones nacionales y extranjeras que antes del brusco descenso de los precios de los crudos se esperaba recibir en las áreas petroleras recientemente abiertas por las reformas estructurales a su explora-explotación.
Con el agravante mayor de y desde lo que no es posible soslayar: que la economía mexicana tiene rezagos y problemas enormes que no provienen precisamente de “los males del petróleo”, como puede confirmarse con y desde la nota que nos entrega en estos días un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), referida al hecho de que entre 2010 y 2014 quebraron alrededor de 9 mil negocios al día, lo que reporta un total de un millón 630 mil 415 unidades económicas que, ¡así de fácil!, dejaron simple y llanamente de existir.
La posibilidad entonces para difuminar con soplos económicos potentes y precisos la voluminosa nube negra que el caso Iguala-Ayotzinapa –y otros temas a la vista, como el de la Casa Blanca de la pareja presidencial– ha colocado sobre la cabeza del Presidente y de su ya maltrecho gabinete se extingue entonces conforme se suceden los días de este tercer año de gobierno o, incluso más, adquiere un sentido perfiladamente negativo en la suerte, ahora zigzagueante, de los insensibles y voraces mandones del país.

III

La caída del precio del petróleo es, por supuesto, una mala noticia para los núcleos o fuerzas política y económicamente dominantes, pero no promete demasiadas alegrías para los trabajadores y los sectores más necesitados. Vienen tiempos graves de carencia y desempleo que afectarán significativamente a nuevos y seguramente cada vez más amplios segmentos de la población mayoritaria del país. Pero hay por lo menos un elemento importante de compensación o contrapunto que vale la pena mencionar, la reducción o la caída del flujo de inversiones –mexicanas y extranjeras– dirigidas a las áreas petroleras generadas por dicha reducción mitigará sensiblemente los agobios y los terribles problemas que ya venían sufriendo multiplicados territorios del país. ¿Por qué?
Porque el costo calculado de explotación en las áreas petroleras (la mayoría nuevas) en las que se pretende o pretendía aplicar el tan temido y pernicioso fracking se encuentra por encima de las tasas actuales y posibles de recuperación, lo que vuelve inviable capitalistamente hablando la inversión. Efecto que, visto en una escala global, es el que pretenden los titanes petroleros de los países árabes –particularmente Arabia Saudita, aunque se extiende a otros miembros de la OPEP– para dejar fuera del mercado a un importante sector de sus competidores norteamericanos del petróleo.
El tema no es menor si se considera, entre otras cosas, que una llana justificación de los diseñadores actuales de la política económica neoliberal para abrir todas las compuertas legales a la expropiación y al despojo de tierras que hasta hace apenas unos meses aún podían catalogarse como de propiedad social (ejidos y comunidades, aunque no sólo) era justamente el relativo a los “grandes y multiplicados beneficios” sociales y económicos que tales inversiones petroleras generarían. Sin importarles el hecho conocido de que tales inversiones, además de ser profundamente dañinas para el tejido social en el que se fincan, son terriblemente nocivas para el medio natural que las recibe. Lo que a largo plazo pone en riesgo todo el sistema económico de reproductibilidad (lo que liga “la crisis” local o regional a la gran crisis –civilizatoria, nos dice Armando Bartra– mundial del capital).
No nos encontramos entonces sólo con malas noticias para el campo popular, más aún si priorizamos en la referida mención a los pueblos y comunidades indígenas de México, victimas principalísimas de las maquinaciones y coletazos salvajes del actual poder económico y estatal. El aflojamiento de las pinzas de amarre y presión que la voracidad de las firmas económicas privadas nacionales y extranjeras –apoyadas hoy por hoy al 100 por ciento por el gobierno federal– tienen fijadas sobre el cuerpo social-comunitario de los pueblos y comunidades referidos llegará para holgar en alguna medida los dolores y problemas de esta nueva vileza de expoliación. Pero, queda claro, ello no modificará los planes y las líneas práctico-estratégicas de avasallamiento que tales entidades se han fijado expresa y decididamente como su Gran Misión.
Sólo el empuje del movimiento social y la protesta pueda dar la diferencia cualitativa para el cambio. Como –volvería a decirnos Perogrullo– nos ha enseñado la historia.

A manera de postdata

Los economistas, sociólogos o analistas están obligados a ponerse al día en y desde estudios que marcan nuevos hitos en los esfuerzos por explicar las realidades de nuestros días. Recomendamos, por ello, la lectura del más reciente libro Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, editado por el año pasado por el Fondo de Cultura Económica.