Entrega Rogelio Ortega la sede de la casa matriz de la CRAC al grupo del coordinador Abad García

*Es el representante enfrentado con Eliseo Villar quien siempre tuvo el apoyo de Ángel Aguirre. Le presentan un pliego que incluye la presentación de los normalistas de Ayotzinapa. Firman un convenio de colaboración institucional. Tienen todo su respeto y solidaridad, les dice el gobernador

Carlos Moreno A.

San Luis Acatlán

El gobernador Rogelio Ortega Martínez entregó ayer las instalaciones de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) al coordinador Abad García García.
Ahí le entregaron un pliego petitorio donde exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado y la libertad de los presos políticos.
El 12 de noviembre, pueblos integrados a la CRAC-PC afines a la casa matriz se apoderaron de las instalaciones que utilizó el líder de la misma organización, Eliseo Villar Castillo, desde mediados de abril y éste la abandonó.
Un día después, en asamblea de la CRAC se resolvió que si el coordinador desconocido, Eliseo Villar y sus seguidores o promotores regresaban al municipio serían detenidos por los policías comunitarios de la Casa de Justicia matriz y reeducados por los actos delictivos cometidos contra los pobladores.
Lo anterior, debido a que ambos grupos de policías comunitarios de Abad García y Eliseo Villar se enfrentaron a balazos a las afueras de San Luis Acatlán porque el grupo de Villar Castillo instaló un retén y el saldo fue de dos heridos.
El 15 de noviembre los policías comunitarios de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán de la CRAC desarmaron y detuvieron a ocho “pseudo policías” a quienes acusaron de haber participado en el enfrentamiento, extorsiones y otros delitos por instrucción de Villar Castillo, quien siempre tuvo el apoyo del ahora gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, en cuya gestión comenzó la construcción para ese grupo de las instalaciones que ayer entregó Rogelio Ortega..
A las 10 y media de la mañana, el gobernador sustituto llegó a la casa de justicia y saludó a cada uno de los policías que resguardaban la casa matriz, entre ellos el coordinador Abad García, a quien al ser entregado el inmueble, los policías comunitarios levantaron los brazos con sus armas en señal de aprobación.
Durante la entrega, Ortega Martínez les indicó a los policías comunitarios que tienen todo su respeto, apoyo y solidaridad. Y según información proporcionada por el coordinador Abad García, la construcción de la casa de justicia tuvo una inversión de 5 millones de pesos del gobierno del estado.
Después se dirigieron al presídium, donde el gobernador Rogelio Ortega y los coordinadores de la CRAC, entre ellos Abad García, firmaron un convenio de colaboración institucional entre la organización y el gobierno del estado, en el que se reconoce la autonomía de la organización en la región de la Costa Chica y Montaña.
El coordinador, Sabás Aburto Espinobarros, hizo una reseña de la historia de la CRAC y las acciones que han llevado a cabo durante los más de 18 años, donde indicó que hay más de seis mil policías comunitarios en diferentes municipios donde tiene presencia la CRAC, “es un orgullo afirmar que la zona donde opera la CRAC-PC, son de las más seguras en todo el estado, porque en nuestras comunidades no existen la actuación de cárteles del crimen organizado”.
“La verdadera Policía Comunitaria no somos autodefensas, pues tenemos una larga historia reconocida, tanto en lo político, social y en las leyes, hay otros grupos que dicen ser de la CRAC-PC, los cuales no reconocemos”, dijo.
Sabás Aburto ejemplificó con el grupo de Santa Cruz, “que siguen a Cirino Plácido, que siguen líderes de la UPOEG, como Bruno Plácido y Ernesto Gallardo que se separaron en el 2013”.
Dio a conocer un pliego petitorio a nombre de la Policía Comunitaria que son “la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado mexicano en coalición con grupos del crimen organizado, libertad a los presos políticos de la CRAC-PC como Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino García, Marco Antonio Suástegui del Cecop, Ángel Eleuterio y Florencio García, Abad Francisco Benito Morales, Javier Ramírez”, que fueron encarcelados “por servir a sus comunidades, no son delincuentes”.
Así como también “no a la imposición de proyectos mineros en territorio comunitario, respeto a la autonomía de nuestro sistema comunitario por los tres niveles de gobierno y estamos de acuerdo en firmar convenios de colaboración entre la CRAC-PC y el gobierno del estado, la cancelación de las 60 órdenes de aprehensión en contra de representantes comunitarios y la revisión y la integración de las múltiples averiguaciones previas en contra de Eliseo Villar para que sea castigado por todos los delitos”.
El representante del Comité Municipal en San Luis Acatlán del movimiento magisterial, Jesús Manuel Herrera Abarca, pidió una intervención al gobernador y exigió justicia ante la masacre contra los normalistas de Ayotzinapa.
“Al gobernador le decimos que como magisterio de San Luis Acatlán no estamos todavía convencidos de que las declaraciones que han dado en la PGR, no nos convencen de que los jóvenes están muertos. Para nosotros están vivos y exigimos que el gobernador ponga un orden e intervenga, y le exigimos que se dé un cese al hostigamiento físico, psicológico que pudiera darse a los compañeros que integran el movimiento magisterial, porque no es del magisterio, es un movimiento popular”, señaló el profesor.
También Herrera Abarca le entregó un pliego petitorio donde exigió la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado, juicio político para el gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.
En su intervención, el presidente municipal de San Luis Acatlán, Alejandro Velasco Contreras, confió en que habrá resultados favorables con la firma del convenio entre el gobierno del estado y la CRAC-PC.
Reconoció que hay complicaciones que se han presentado en la Costa Chica en materia de seguridad, pero “estoy seguro es que nuestro municipio se encuentra libre de ese mal, no en su totalidad, pero se han combatido con el apoyo de la Policía Comunitaria y extiendo mi reconocimiento y refrendo mi apoyo para seguir contando con su labor”.
Sin embargo, dijo, “creo que es hora de que nuestro derecho reconozca la figura de la Policía Comunitaria, respetando sus usos y costumbres”.

El mensaje del gobernador

En su mensaje, el gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo que San Luis Acatlán es un lugar emblemático y que su presencia en dicho municipio es con un propósito especifico, la firma del convenio que “vincula al gobierno del estado con la CRAC, aquí nació, que es para defender a la gente en sus comunidades”.
“El convenio que hoy suscribimos tiene un propósito, aquí nació la CRAC y hay más de 18 años de experiencia y tiene varios caminos, la experiencia positiva que hay que recuperar y fortalecer que radica en el derecho que tienen los pueblos originarios para organizarse y construir sus propias policías para defenderse, para trabajar a favor del pueblo”, dijo.
Ortega Martínez señaló que la Policía Comunitaria surgió porque la “policía tradicional que llega hace atrocidades y violan a nuestras mujeres, hijas, y se coluden con la delincuencia organizada y luego se van. En cambio nosotros aquí nos quedamos”.
Reiteró que el convenio que se firmó en la casa de justicia “lo quisimos hacer aquí donde nació la CRAC como ejemplo porque se produjo la división, y la división del pueblo no sirve, no ayuda, no podemos estar divididos, vamos de la mano”.
El gobernador se dirigió a los policías comunitarios y les dijo que “no podemos nosotros aprovecharnos del poder el uniforme, el reconocimiento para castigar injustamente a otra persona”.
“Por eso tenemos que hacer un proceso de entrenamiento, para nuestros policías comunitarios, para que cuando estén en una situación complicada sepan actuar con el deber y con el criterio de la justicia”, dijo.
Sobre la masacre en Iguala, donde 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado, Ortega Martínez dijo que la normal rural es un colectivo de larga lucha que tiene solidaridad de muchos sectores y ahí es donde detonó la crisis.
“Tuvo que suceder con un colectivo como ese, y no había sucedido antes porque teníamos miedo y terror porque la delincuencia organizada coludida con las autoridades nos tenían aterrados”, dijo.
Recordó que el “2 y 3 de julio del 2013 esos mismo delincuentes de Guerrero Unidos fueron a Ayutla y sacaron de sus casas a 17 jovencitos, y al día siguiente la población aterrada y en silencio”.
“El reclamo es justo, y cómo no vamos a ser solidarios con ustedes porque todo gobierno debe ser solidario”, finalizó.
Después le fue entregado un Bastón de Mando de la CRAC al gobernador como persona distinguida de los usos y costumbres de las casas de justicia, en señal de autoridad y reconocimiento.
En el acto también estuvieron el presidente municipal de San Luis Acatlán, Alejandro Contreras Velasco; la presidenta del Patronato del DIF Guerrero, Marxitania Ortega; el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado; el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Castro Soto; la secretaria de la Mujer, Rosalinda Ramírez Rodríguez; la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda Rivera, y representantes de la CRAC, comisarios y dirigentes populares.