Documenta la CNDH tortura contra una mujer en Sinaloa y emite recomendación

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la primera recomendación de este año dirigida al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, tras acreditar violaciones a los derechos humanos de una mujer que fue privada de su libertad, incomunicada y torturada por elementos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.
A través de un comunicado, la CNDH informó que emitió la recomendación 1/2015 en la que pide al gobierno de Sinaloa que cumpla en todos sus términos la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y repare el daño ocasionado a la mujer, a quien debe brindar atención médica y psicológica.
De acuerdo con el organismo, el 10 de julio de 2012 la agraviada y dos personas más fueron detenidas por elementos de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, quienes señalaron que el automóvil en que estaban tenía reporte de robo.
La mujer fue privada de su libertad en las oficinas de la Policía Ministerial, donde refirió a sus familiares que fue golpeada en todo el cuerpo y obligada a firmar una declaración vendada de los ojos.
Los hechos dieron lugar a un expediente de queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa que, al acreditar violaciones a derechos fundamentales, emitió la recomendación 2/2013, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien la rechazó.
El organismo local presentó recurso de impugnación ante la CNDH, la cual halló violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad, integridad y seguridad personal, así como al trato digno, por hechos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura en agravio de la víctima.
La recomendación 1/2015 solicita al gobierno de Sinaloa la reparación del daño ocasionado a la mujer y le pide colaborar con el organismo en el inicio y trámite de la queja y denuncia de hechos que promoverá ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa y la Procuraduría General de Justicia del Estado, respectivamente, así como en la inscripción de la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas.
A su vez, le solicitó al gobierno de Sinaloa a que instruya a la Procuraduría estatal para que reconozca la competencia de las Comisiones de Derechos Humanos para intervenir en asuntos relativos a la detención y puesta a disposición de la autoridad ministerial, y capacite al personal médico y pericial en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Protocolo de Estambul.
Se le pide, también, que ordene a los agentes de la Policía Ministerial que las personas detenidas sean puestas de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente, y no utilicen sus instalaciones como centros de detención, interrogatorio y tortura.